Propuesta de crear sistema de pensiones único controlado por el Estado en semana clave

La propuesta fue rechazada con 11 votos en contra de la iniciativa y solo ocho a favor, pero el tema aún no está archivado.

Durante el debate hubo manifestaciones en contra de la propuesta, pero también las hubo a favor, especialmente de los congresistas integrantes de bancadas de izquierda, quienes son los que votaron para que el Perú tenga este nuevo sistema de pensiones.

Una vez culminada la votación y para impedir que la iniciativa vaya al archivo, precisamente los parlamentarios de izquierda solicitaron a la presidenta de la comisión, Sigrid Bazán, también representante de esta corriente política, la reconsideración de la votación.

Bazán aceptó el pedido y con ello le dio un segundo aire a la propuesta legislativa, la cual volvería a ser votada en la sesión que se realice esta semana. La intención de la Comisión es incorporar en el texto algunas de las propuestas de los parlamentarios vertidas durante el debate del viernes.

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¿En qué consiste la propuesta de crear un sistema único de pensiones?

En líneas generales, la propuesta de la Comisión de Trabajo es muy similar a la que planteó la comisión liderada por la entonces congresista Carmen Omonte a finales del 2020, la cual recibió una serie de críticas por parte de diversos actores del mercado, evitando así su avance.

Uno de los cambios es que se tendría un sistema único, que sería denominado Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), en sustitución del actual Sistema Público de Pensiones administrado por la Oficina de Normalización Pevisional (ONP) , Sistema de Pensiones Sociales, Sistema Privado de Pensiones administrado por las AFP, Pensión 65 y Programa Contigo, estos dos últimos actualmente a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Un segundo planteamiento es que sería el Estado el principal administrador de los fondos de pensiones, pues se crearía el Gestor Autónomo Nacional de Pensiones (Ganapen) como órgano técnico especializado adscrito al Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esta entidad absorbería a la ONP.

El exministro de Economía y Finanzas y especialista en temas previsionales, David Tuesta, afirmó que el Ganapen sería una institución similar a la que tiene Bolivia, país que tiene una fuerte crisis económica en la actualidad.

Si bien las AFP no desaparecerían, su acción se limita a ofrecer alternativas adicionales a quienes ganen más de S/ 5,000. Pero no estarían solas, ya que se busca permitir que los bancos también ofrezcan productos previsionales.

Se plantea establecer tres pilares: uno no contributivo universal, a cargo totalmente del Estado, donde estarían incluidos Pensión 65 y Contigo. Un segundo pilar es el contributivo, que se financia no solo con aportes del trabajador sino también con los que haga el empleador y el Estado. El tercer pilar es el complementario, pensado en los que tienen ingresos más altos.

Es en el pilar contributivo en el que se quiere cambiar la forma de financiamiento. Si bien todos los afiliados tendrían cuentas individuales, su financiamiento ya no será solo con los aportes de trabajador como es actualmente, sino que se obligaría a que aporten las empresas y el Estado.

Así, se quiere que en el caso de los trabajadores en planilla su aporte sea el 9% de su remuneración, y no 10% como es ahora en las AFP o 13% en la ONP; la empresa empleadora aportaría el 4% de sueldo del trabajador y el Estado el 1% de dicho ingreso mensual.

A los trabajadores independientes se les obligaría a aportar el 5% de sus ingresos, mientras que la empresa o entidad que recibe sus servicios estará obligado a aportar otro 5% de lo que pagó al trabajador. En ambos casos, trabajadores dependientes e independientes, estas reglas son obligatorias para quienes ganan hasta cinco remuneraciones mínimas vitales (RMV), o S/ 5,125.

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Costos de la medida

Esta forma de financiamiento de los fondos de pensiones obligará tanto a las empresas empleadoras como al Estado a desembolsar importantes sumas de dinero todos los años. Hay dos periodos en los que se aplicarán estos aportes.

En caso se decidiera por la viabilidad de este proyecto de ley, la forma de aporte de las empresas del Estado sería gradual. En los primeros cinco años de su aplicación las empresas aportarían solo el 2% y luego de ese periodo, 4%. El Estado siempre aportaría el 1%.

En este escenario, el propio documento de la Comisión de Trabajo señala que las empresas y el Estado tendrían que desembolsar más de S/ 5,135 millones cada año, durante los primeros cinco años, solo en el caso de los trabajadores en planilla. Luego de ese periodo el monto se eleva a más de S/ 11,749 millones por año.

En el caso de los trabajadores independientes, tanto las empresas como entidades del Estado que los contraten deberán abonar el 5% de su remuneración. En ese caso, el cálculo de la Comisión es que el costo a asumir por el empleador o el Estado sumará unos S/ 663.5 millones por año.

Ya con la presentación de la propuesta de la Comisión Omonte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había advertido que crear una sistema como el planteado ahora vulnera mandatos constitucionales respecto de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.

Incluso el último fallo del Tribunal Constitucional (TC), respecto de la devolución del Fonavi, deja en claro que el Congreso no tiene iniciativa de gasto según la Constitución, aunque señala que si quisiera aprobar una norma que lo haga debería tener una coordinación previa con el MEF.

Respecto de esto último, dicha coordinación no se dio, salvo en algunas mesas de trabajo en las que participó el ministerio del jirón Junín. Por el contrario, las opiniones recogidas por la Comisión señalan que el MEF ha considerado las iniciativas legislativas que se acumularon en el dictamen discutido, no viables.

Incluso el propio MTPE, que sería el rector en el nuevo sistema previsional planteado, manifestó su posición contraria a las iniciativas legislativas acumuladas en el documento discutido.

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¿Hay riesgo de estatización de los fondos de pensiones?

En el sector privado, la Asociación de AFP considera que la propuesta que se volverá a votar esta semana tiene un algo riesgo de estatización de los fondos de los afiliados, pues se plantea que los fondos de los menores de 45 años pasen a ser administrados por el Estado de forma automática y castiga a los trabajadores con menores salarios (de hasta S/5,125) obligándolos a aportar a un fondo compartido.

“En tal sentido, se estatiza progresivamente todo el sistema, ya que queda sujeto disposición del Gobierno de turno el nivel salarial para el fondo compartido, hoy es cinco Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV), mañana se puede disponer 10 RMV y todo va a un fondo compartido”, refirió.

Por otro lado, precisa que para las personas de 45 años a más la incorporación al SIUP es voluntaria; por lo cual se quedarían en la SPP hasta que se jubilen.

“En ese sentido de ideas, la nacionalización del fondo de pensiones sería mucho más fácil dado que el sistema sería más débil con pocos afiliados y fondos, desincentivando la participación de otros ofertantes de productos previsionales, eliminando la competencia privada en el tiempo”, precisó.

Por puesta de mano

La propuesta de la Comisión de Trabajo se hace sin tomar en cuenta que no es la única que viene estudiando el tema. En el propio Congreso de la República, la Comisión de Economía también tiene a su cargo el estudio de los proyectos de ley y tendrá su propio dictamen.

Durante el debate del viernes, una de las críticas a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, por parte de algunos de los integrantes de la comisión fue que no se haya buscado hacer un dictamen conjunto con la Comisión de Economía para que se debata un texto más consensuado.

En paralelo, desde el Poder Ejecutivo también se viene trabajando en una propuesta para reformar el sistema de pensiones. El año pasado se creó una comisión multisectorial que debe remitir en mayo un diagnóstico de la situación y una propuesta de reforma. En esa línea, el MEF tiene su propio planteamiento que será debatido por el Poder Ejecutivo.