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En lo que va del 2023, se han adjudicado cuatro grupos de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) que implican un compromiso de inversión total de US$ 1,143 millones. Este monto es 15 veces más grande que el registrado en el 2022 y supera todo lo adjudicado en el periodo 2019-2022 (US$ 655 millones). ¿Se trata de un “pico” o hay espacio para que se inicie una tendencia positiva hacia adelante?
El primer ‘boom’ de las APP se dio entre el 2008 y el 2014, con un total de 55 proyectos adjudicados. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esto fue posible por la publicación del Decreto Legislativo N° 1012 (consideró diferentes modelos contractuales como alternativas al modelo concesional), que “marcó un hito importante para el cambio de enfoque de concesiones a las APP en el país”.
“Bajo el Decreto Legislativo N°1012 y sus posteriores modificaciones, se logró incrementar de forma progresiva el número de proyectos adjudicados mediante la modalidad de APP, así como su tamaño. De esta forma, de adjudicar nueve proyectos de APP en 2008, por una inversión estimada de US$ 1,065 millones, se adjudicaron diez en 2014, por una inversión total estimada de US$ 14,270 millones”, señala el BID.
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Sin embargo, desde el 2015, la cantidad de proyectos y el monto de las inversiones fueron disminuyendo dramáticamente. Alcanzaron sus niveles más bajos en el 2020 y 2021, periodo en el que solo se adjudicó un proyecto por año, valorizados en US$ 34 millones y US$ 42 millones, respectivamente.
Según el Informe de Competitividad 2023 - 2024 del Consejo Privado de la Competitividad (CPC), “la caída sistemática en el número de adjudicaciones se relaciona con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1224, en setiembre del 2014, y sus posteriores modificaciones. Ello estaría explicado principalmente por la duplicidad generada entre las diversas opiniones ex ante y ex post de los actores vinculados a la gestión de una APP —entidad concedente, reguladores y la Contraloría General de la República (CGR)—”.
A nivel regional, Perú, cuenta con el mayor número de opinantes en el proceso de APP (seis entidades). Chile se ubica como el país con menor cantidad de opinantes (tres entidades), detalla el CPC.
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Cambio de vientos
Uno de los factores que frustraron la adjudicación de nuevos proyectos en los últimos años -y que podría ser un riesgo hacia adelante- fue la inestabilidad política. “No es un secreto que en el Gobierno anterior la situación fue bastante compleja, hubo harta rotación en los ministerios que hacía complicada la relación con ellos. Todo ese cambio te ralentiza los procedimientos, además que el inversionista en general estaba más cauto”, declaró José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, a un medio nacional hace unos meses.
La situación empieza a cambiar en abril del 2023, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1550. “La opinión del MEF sobre capacidad presupuestal es eliminada. Esto es importante, pues esta fase de evaluación de la capacidad presupuestal genera retrasos en el avance de las obras”, señala el CPC.
De acuerdo con el MEF, debido a este nuevo marco normativo, “se reducirá el plazo de evaluación en hasta 7 meses en cada fase, que se traduce en un ahorro de 21 meses hasta la adjudicación de los proyectos”. Además, en mayo se aprobó el Decreto Legislativo N° 1559 que “comprende 22 medidas que establecen un procedimiento claro y expeditivo para la adquisición de predios o inmuebles, liberación de interferencias y obtención de disponibilidad de terrenos y áreas necesarias para la ejecución de proyectos de inversión”.
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En agosto último se adjudicaron cinco proyectos eléctricos concentrados en dos grupos. “Con esas cinco adjudicaciones, ya suman 12 los proyectos adjudicados por Proinversión desde enero a agosto, con un monto cercano a los US$ 1,300 millones”, subrayó en ese momento Proinversión.
Salardi adelantó que en octubre la entidad adjudicaría dos proyectos de 500 kV (Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Enlace 500 kV Celendín-Piura) con una inversión estimada de US$ 833 millones. “De esta manera nos encaminamos a lograr nuestra meta de US$ 3,000 millones en el 2023″, acotó.
Según Proinversión, la meta de adjudicación para el cierre de 2023 es de un total de 10 adjudicaciones, que implican 18 proyectos, por un monto de alrededor US$ 3,000 millones.
“Entre los proyectos que se adjudicarían entre octubre y diciembre de 2023 destacan Proyectos de Transmisión Eléctrica (Enlaces) Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Celendín-Piura; Longitudinal Tramo 4, Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, entre otros proyectos”, detalla.
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Más allá del 2023
La cartera de proyectos APP y Proyectos en Activos que serán adjudicados y/o declarados de interés entre 2023 y 2025 está compuesta por un total de 42 adjudicaciones por una inversión total de US$ 10.6 mil millones.
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“Entre los proyectos que se adjudicarían resaltan: Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones), Grupo de proyectos del Plan de Transmisión 2023-2032 (US$ 897 millones), Anillo Vial Periférico (US$ 2,380 millones), PTAR Tarapoto y San José de Sisa y PTAR Trujillo (US$ 106 millones) y Colegios en Riesgo - Lima Metropolitana (US$ 255 millones)”, detalla el MEF.
Gran parte de los proyectos adjudicados en el 2023 son proyectos de líneas de transmisión eléctrica, los cuales son “relativamente sencillos si se les compara con proyectos de mayor magnitud, como los de infraestructura vial”, explica Juan Carlos Salinas, socio senior de infraestructura del Estudio Muñiz.
“Las líneas de transmisión son un buen ejemplo de los beneficios de tener contratos estandarizados. Son muy similares, entonces los inversionistas saben qué esperar. Es relativamente fácil y se puede adjudicar rápidamente”, detalla Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
Según un reciente artículo de opinión de Jose Manuel Abastos y Ana Vidal, socio y asociada del estudio Hernández & Cía., “si bien los Contratos Estándares Internacionales de Construcción han sido usados desde hace muchos años en otros países, su incorporación en el Perú es reciente por lo que su uso y conocimiento aún se encuentra en desarrollo”.
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En un reciente roadshow de Proinversión en Suiza, se anunció un paquete de 18 proyectos de conservación vial por US$ 1,071 millones. De acuerdo con Cárdenas, de replicarse el ejemplo de las líneas de transmisión con los contratos estandarizados, estos proyectos se adjudicarían “relativamente rápido”.
Para Ronald Fernández, socio líder de infraestructura del estudio Philippi, Prietocarrizosa Ferrero Du & Uria (PPU), “el próximo año podría ser todavía mejor dado que hay un pipeline grande de proyectos que han estado estancados por mucho tiempo y ahora sí están recibiendo interés”.
Los expertos consultados por Gestión coinciden en la necesidad de seguir simplificando el marco normativo de las APP para mantener el ritmo alcanzado en el 2023. Además, esperan una mayor dinamización de la cartera de proyectos a partir de la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). “Muchos de los proyectos que la ANIN desarrolle pueden licitar operación y mantenimiento a Proinversión”, explica Fernandez.
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El crecimiento de la cartera de proyectos también sería clave para atraer más postores. “Los inversionistas vienen cuando hay una cartera de 3 a 5 años. Hay un costo de inversión al entrar a un país, por lo que conviene tener más opciones en el horizonte”, agrega Cárdenas.
El riesgo de algunos mensajes del Estado
Para Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones, “lo que está ocurriendo ahora es una ‘cosecha’ de los proyectos que no se adjudicaron en años anteriores, sobre todo del sector energético”.
El principal riesgo que enfrentan las adjudicaciones es la inestabilidad política: “En los próximos años puede que baje la cantidad de proyectos adjudicados, pero como son grandes, el monto puede aumentar”.
“Los mensajes del alcalde de Lima (Rafael López Aliaga) en el caso de Rutas de Lima y en el caso del mensaje del ministro (de Transportes y Comunicaciones) Raúl Pérez Reyes con respecto al Anillo Vial podría generar pocos postores”, añade.
Si bien es probable que el ritmo de adjudicaciones aumente en los próximos años, esto no se traslada automáticamente a un incremento en la inversión privada. “La etapa de estudio dura un año o dos hasta que empieza la producción, por lo que no impactará directamente al PBI del 2024 o 2025. Diría que a partir del 2026″, explica.
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Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.
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