No se gastó un tercio del presupuesto público en los últimos trece años, según estudio

En la presentación del estudio sobre la gestión del gasto público en obras -preparado por el Instituto Infraestructura Institucionalidad y Gestión (IIG)- su presidente Gonzalo Prialé señaló que en el manejo del gasto público en obras, convergen dos características nacionales: la costumbre de no planificar y no prepararse con anticipación para implementar los planes en detalle, combinada con la tendencia a no resolver los problemas sino dejarlos estar, como si se fueran a arreglar solos.

Como consecuencia, la capacidad de gestión del gasto en obras es limitada, tanto en obras públicas como APP.

“No se logran resultados y los problemas de gestión se incrementan por el temor de los funcionarios a tomar decisiones, acentuado por los casos de corrupción develados”, explicó.

De acuerdo al estudio, en el periodo 2006-2019 no se gastó un tercio del presupuesto institucional modificado (PIM) anual promedio. Tampoco se gastó S/17,032 millones por año en los últimos dos años antes de la pandemia.

A julio 2018, según la Contraloría, se registraron S/1 6,870 millones en obras paralizadas, acumuladas por años.

Esto equivale a 56 % del gasto devengado promedio anual 2016-2019.

Según montos, 39% de las obras paralizadas alcanzaron menos de 20% de avance y 28% muestran avance superior a 80%.

“Los sistemas administrativos del Estado que intervienen en el proceso del gasto actúan desarticuladamente, como compartimientos estancos, y el presupuesto se maneja con criterio clientelista. Por eso, en vez de empaquetar obras en conjuntos de regiones o municipalidades, o a nivel nacional, se lanza miles de pequeños proyectos locales, uno por uno, con gran ineficacia en el gasto”, explicó.

Igualmente, la injerencia política origina improvisación y afecta los planes de inversión. Esto se refleja en la falta de preparación de los proyectos de obras públicas y APP, que se concursan apresuradamente, pese a su inmadurez.

Del mismo modo, con frecuencia se lanza normativa inmadura, sin la preparación debida, sin contar con personal capacitado, recursos, información, pautas y procedimientos, para poder implementarla.

Adicionalmente, por ejecutar el gasto al menor costo posible, se ahorra en la preparación de proyectos y después se gasta descontroladamente en la ejecución que resulta trabada, surgen oportunidades para la corrupción, y la obra se queda sin terminar o se judicializa.

Prialé agregó que es necesario solucionar los problemas de gestión para que la normativa dé resultados.

En vez de corregir fallas al ejecutar el gasto, se dicta nueva normativa basada en las mejores prácticas de otros países, que aquí no dan resultado precisamente porque los procesos al estructurar y ejecutar los proyectos son inconsistentes.

“Se evidencia la necesidad de preparar proyectos de APP y de obras públicas, suficientemente maduros, antes de llevarlos a concurso, para evitar oportunidades para la corrupción y minimizar las adendas y los adicionales de obras”, mencionó.

Finalmente Gonzalo Prialé enfatizó que los gobiernos eluden sus responsabilidades y, por ejemplo, en vez de modificar la Ley de Contrataciones, que rige las obras públicas, llena de formalidades que traban la ejecución del gasto, para que todos los proyectos fluyan, se le preserva y se exceptúa de sus alcances a proyectos escogidos, como en el reciente caso de los Juegos Panamericanos.

Otra forma de eludir los problemas de gestión de los procesos del gasto en obras, actualmente en boga, consiste en recurrir a los acuerdos de gobierno a gobierno como si fuera un manto protector, para así tratar de subsanar la falta de capacidades y aliviarle los problemas administrativos al Estado.