El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, se presentó la tarde del miércoles último ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República.
Aquí, expuso la política general de su sector para los próximos cinco años, poniendo énfasis para el corto plazo en la continuidad de proyectos que se vienen ejecutando en sus sector.
Sin embargo, durante las preguntas de los parlamentarios, uno de los temas cuestionados fue, lo que consideran, un “cobro abusivo” de los peajes en las vías concesionadas del país.
La respuesta de la viceministra de Transportes, Verónica Cáceres, para este caso fue clara: se revisarán todos los contratos de las concesiones viales en el país.
“Se va a desarrollar una política de exigir la culminación de las obras obligatorias, asimismo se revisarán los contratos en coordinación con el Ministerio de Economía, y de ser el caso se planteará una renegociación a los concesionarios, de acuerdo a cada tipo de concesión”, afirmó la funcionaria del MTC.
De acuerdo con la exposición realizada por el ministro Silva, actualmente hay 16 concesiones viales (ver gráfico) a través de asociaciones público-privadas (APP), que están a cargo de la administración del 24% de la red vial nacional y han representado inversiones por más de US$ 4,982 millones. Las concesiones privadas administran 32 peajes.
El 76% restante de la red vial está en manos del Estado y administra 24 unidades de peaje en todo el país.
Además, existen concesiones viales realizadas por los gobiernos regionales y locales, como es el caso de la Línea Amarilla y Rutas de Lima, cuyos contratos fueron firmados con la Municipalidad de Lima.
Conversaciones
La viceministra Cáceres afirmó que ya tienen conocimiento de las necesidades del sector transportes porque ya se reunieron de manera presencial con los gremios de diferentes ámbitos como los de carga pesada, transportistas interprovinciales, e incluso con los de movilidades pequeñas como los colectiveros.
Sin embargo, no ha pasado lo mismo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que es el gremio que agrupa a las empresas concesionarias, pues aún no se han reunido.
“Llama un poco la atención que antes de haberse reunido con todos los concesionarios y de entender cabalmente la situación de cada contrato, haya un aviso que genere expectativas de cambio en los niveles de peaje o en los niveles de inversión”,afirmó a Gestión la presidenta de AFIN, Leonie Roca.
Llamado a la calma
Respecto del anuncio de la viceministra Cáceres, la representante de los concesionarios afirmó que no se debe causar alarma donde no la hay, ya que, por ejemplo, las obras obligatorias en muchos casos no han sido terminadas por falta de entrega de terrenos por parte del MTC.
Respecto de la revisión de contratos y una posible renegociación, Roca afirmó que las modificaciones contractuales están previstas en la ley y en los propios contratos y para hacerlo se parte de la base de mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión.
Cuando se lanza una licitación y se convoca a operadores o inversionistas para desarrollar una red vial, se exige un nivel de inversión y de servicio, así como un nivel de tarifa.
“Cuando tú renegocias un contrato, porque quieres mover alguno de los factores, como el plazo, la inversión o la tarifa, hay otro que se mueve para mantener la fórmula. Si quieres más inversión tienes que subir el plazo o la tarifa. Si quieres menos tarifa, tienes que ampliar el plazo o bajar la inversión”, explicó.
Roca añadió que esta no es una dinámica usual en los contratos de concesión, pero que siempre está abierta porque los mismos contratos lo prevén.
A la ejecutiva le llamó la atención que el MTC sostenga que la revisión de los contratos se haga con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no con su contraparte contractual que son los propios concesionarios.
“El MEF da solo una opinión y es parte del proceso regular”, refirió, y sostuvo que estos temas deben anunciarse una vez se ha conversado con todos los actores y no de antemano.