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El Instituto Nacional de Transparencia de México (INAI) decidió presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del acuerdo que permite que los proyectos y obras de infraestructura se aprueben si el gobierno los considera “de seguridad nacional” e “interés público”.
Dicho acuerdo fue publicado hace poco más de dos semanas y suscitó fuertes críticas entre los partidos de la oposición y detractores del gobierno que lo consideraron una manera de que los principales proyectos de infraestructura de la administración de Andrés Manuel López Obrador queden fuera del escrutinio público.
Uno de ellos es el llamado “Tren Maya”, de 1,500 kilómetros de longitud, que recorrerá la península de Yucatán o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
El pleno del INAI consideró que la decisión gubernamental “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”. En un comunicado, recordó además que tales reservas solo pueden hacerse caso por caso y argumentando las razones.
El tema de la transparencia no se menciona de forma explícita en el polémico acuerdo pero su repercusión es clara porque dificulta la difusión de datos relacionados con dichos proyectos. López Obrador insistió en que no se pretende ocultar nada sino agilizar las grandes obras que están en marcha e impedir que sean paralizadas por amparos legales.
Según el acuerdo, todas las agencias federales deben aprobar de manera automática cualquier proyecto que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional” y ahí se incluyen desde obras de comunicaciones a aduanas, fronteras, energía, turismo “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Esto esquiva, entre otros, procesos de revisión ambiental, responsabilidad y viabilidad.
Los partidos de oposición intentaron que el Senado promoviera también una controversia constitucional pero Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y exsecretaria de Gobernación, paralizó esta semana la iniciativa con el argumento de que la cámara alta “carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional”.
