Más del 40% de la producción de cobre en Perú podría paralizarse si escalan conflictos mineros

Y de los 63 casos relacionados a la actividad extractiva, la Defensoría también ha advertido que ocho de ellos merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes correspondientes. Sin embargo, ”sin una postura clara por parte de Castillo Terrones respecto a la minería, continuará la incertidumbre y los bloqueos de carreteras”, indicó Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas.

Justamente, de persistir los conflictos, se estaría poniendo en riesgo el 44.4% de la producción de cobre en el Perú (siendo el país que abastece el 10% del cobre que se demanda en el mundo) si se toma en cuenta quiénes son las empresas involucradas en los conflictos y su participación en la producción del minera entre enero y setiembre de este año, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

También podría verse perjudicado el 9% de producción de plata, más del 10% de oro, y un 8% de la producción de zinc.

Los conflictos y su impacto

En detalle, el primer conflicto activo identificado es entre la comunidad de Aquía y la minera Antamina en Áncash -que produce el 20.2% de cobre del país-, por supuesta usurpación de terrenos de parte de la empresa. De acuerdo a los últimos reportes periodísticos, ambos actores sociales han establecido una mesa de diálogo a inicios de noviembre, sin embargo, aún no hay acuerdos definidos.

Un segundo caso en estado “activo” es el que mantiene el Frente de Defensa del Sur en rechazo a la minería en Ayacucho, en el que están involucrados tres compañía mineras: Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa). Aunque, según adelantó la Defensoría, el 15 de diciembre se realizará una reunión en Cora Cora, como parte del seguimiento a los compromisos de la reunión del 19 de noviembre pasado.

Se suma también el conflicto en Cusco entre 10 comunidades de Chumbivilcas y minera Las Bambas -que concentra el 13.4% de la producción de cobre-, que podría desembocar en la suspensión de sus operaciones en la zona de no hallar una solución; para evitarlo, el 10 de diciembre la empresa anunció que mejorará su oferta, entre ellos, destinar S/ 1 millón al año en proyectos que beneficien a la población local.

“De persistir la problemática social en el corredor minero sur también se pone en peligro la operación de Antapaccay Tintaya (responsable de la producción del 7.5% de cobre)”, acotó Mucho.

La Defensoría, en tanto, también identificó conflictos entre la comunidad de Espinar contra minera Hudbay -que produce el 3.3% de cobre del país), en Cusco; además de una posible nueva protesta de la comunidad San Pedro de Coris en Huancavelica contra Doe Run; y la municipalidad distrital de San Miguel de Cauri en Huánuco frente a la compañía minera Raura.

En Lima está identificado el conflicto entre la comunidad de Oyón con la minera Buenaventura respecto a los convenios laborales y de salud que datan del 2012 y 2018. En tanto, el diálogo avanza entre la comunidad San José de Baños con la Minera Volcan; también el de la comunidad de Salinas Moche con Inkabor en Moquegua.

“Yo diría que no es solo un 44% de la producción de cobre que podría estar en riesgo, sino toda la minería si no hay una política de Estado que reconozca a este sector como una actividad prioritaria para la generación de recursos y empleo. Solo este año entrará al Estado hasta el triple de lo que generaba antes la minería por los buenos precios”, señaló el exviceministro de Minas, quien sostuvo, además, que el ciclo de precios ha generado una sobre expectativa en las poblaciones y se requiere de la atención del gobierno para lograr negociaciones inteligentes.

Cabe anotar que, de acuerdo al 29° Observatorio de Conflictos Mineros, publicado este mes, la mayoría de conflictos se están produciendo en el corredor minero sur “donde el presidente Castillo obtuvo un altísimo respaldo electoral, del 90%”.