Reconocimiento de las prácticas como experiencia laboral: implicancias en el mercado

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Si bien, estamos ante “una norma con buenas intenciones”, en la práctica, como señala Brian Ávalos, socio del Área Laboral del Estudio Payet Rey Cauvi Pérez, “no va a tener una incidencia relevante en la inclusión de jóvenes en el mercado”.

¿Por qué? El laboralista explica que aunque “el reconocimiento de este periodo formativo como parte de la experiencia laboral, hará más atractivos a los practicantes en el mercado, no debemos olvidar que los jóvenes egresados son los que tienen, precisamente, más dificultades para acceder al mercado debido a que no cuentan con experiencia”.

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Medidas de apoyo

En ese sentido, recomienda que más allá del reconocimiento del período formativo, “sería importante que se den más estímulos a las empresas para contratar a jóvenes egresados, como estímulos tributarios o subsidios a la planilla, tal como se hizo en años anteriores, a efectos de recuperar el empleo formal”.

De la misma opinión es Eduardo Mercado, abogado de la firma Vinatea & Toyama. Para el especialista en temas laborales, también “resultaría más conveniente que el Estado genere incentivos para la contratación de practicantes como trabajadores en planilla”. Con ello, además de consolidarse y aportar de manera productiva en lo que fueron preparados, se generarían incentivos para que exista una apuesta por las propias “canteras” de profesionales o técnicos.

“Dichos incentivos deberían ser analizados en función de los costos laborales que genera un trabajador al ingresar a planilla, pero sin disminuir los derechos del trabajador. Se podría generar, por ejemplo, un subsidio por parte del Estado para que no exista aportes por Essalud o que este sea menor por un periodo de tiempo”, aconseja.

Para Mercado, aunque se trata de una medida positiva que busca limitar el posible abuso que se pudiera generar en la contratación mediante la figura de prácticas o alguna de las modalidades formativas para abaratar costos laborales, es solo una parte del problema ya que el acceso solo será real en tanto exista una necesidad real de un determinado puesto de trabajo en el mercado laboral.

“Ahora el reto es generar oferta laboral que suponga la posibilidad de postular a un puesto de trabajo, y para ello deben priorizarse aquellas carreras profesionales o técnicas que generen demanda, e incentivar la contratación de practicantes con talento no como una posible mano de obra a bajo costo, sino como la de un futuro compañero de trabajo”, señala.

Ojo con el sector público

Para el caso específico del sector público, en cuyas entidades podrán realizarse prácticas profesionales hasta dentro de los 24 meses siguientes a la obtención de la condición de egresado, Ávalos advierte que a pesar de dicho reconocimiento, pueden exigirse “otros requisitos o valoraciones que podrían seguir limitando su contratación”.

Lo mismo opina Mercado. “Siempre existe la posibilidad de que un empleador determine el perfil del trabajador que busca y eso estaría bien. Pero, lo que no debe ocurrir es que desde el Estado exista una utilización indiscriminada de este tipo de contratación, sin una política clara de promoción, que vaya de la mano con la formación que deben darse en los puestos de practicantes”, anota.

Por esa razón, recomienda buscar los mecanismos idóneos que permitan que cierto número de practicantes sean promovidos a planilla. “Con ello se generaría una suerte de círculo virtuoso y primaría la meritocracia, dejando en evidencia, una vez más, la necesaria implementación de la Ley de Servicio Civil, liderada por Servir, y que tiene como eje fundamental, la meritocrática”, remarca.