:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/QTB5N36PWRA7LHTYJT3GL22VOI.jpg)
En la última reunión del GORE Ejecutivo, entre los ministros de Estado y los gobernadores regionales, el presidente Pedro Castillo dijo que “los ministros de Estado están trabajando para eliminar a todos los órganos paralelos a los gobiernos regionales”.
Con ello, se inicia el proceso de “descentralización”, sostiene Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR).
Menciona que, el proceso será gradual, para lo cual indicó, ya existe un compromiso para una próxima reunión entre el equipo técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la ANGR, para planear esta transferencia.
Carlos Rúa considera que primero iniciarían con los proyectos de infraestructura que realiza el Gobierno Central en la regiones, con lo que se duplican los esfuerzos, a través de las dependencias directas del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.
“Hablamos de obras de saneamiento, colegios e infraestructura en salud (hospitales y centros de salud)”, sostiene. En estos casos a cargo del Ministerio de Vivienda (MVCS), del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, y del Programa Nacional de Inversión en Salud (Pronis) del Minsa, respectivamente.
Otro de los programas en la mira es Provías Descentralizado, que lo gestiona directamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); y Sunafil, dependencia adscrita al Ministerio de Trabajo.
“En las regiones contamos con las direcciones regionales de trabajo, lo que vemos es que se están duplicando las funciones”, expresó. Esta es una función que ya estaba en las regiones, pero que nuevamente pasó a Sunafil, indicó.
Aunque aún no definen fecha para la reunión entre los equipos técnicos de los gobiernos regionales y la PCM, el representante de la ANGR añade que hay varias oficinas del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) que deberían pasar a la regiones.
Una de ellas indica que es la Autoridad Nacional de Agua (ANA), y es que explica, “hay varios estudios de impacto ambiental que se pueden profundizar desde las regiones, contándose con una información más detallada”.
Aunque se debe precisar que la ANA desarrolla sus funciones a lo largo de todas las cuencas hidrográficas a nivel nacional, independiente de las regiones, gestionando los recursos hídricos.
Otra de las oficinas a las que apuntan en su regionalización, sostiene Rúa, es el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal (Senasa), que aunque ya tiene oficinas en las regiones, considera que su trabajo no se ha dirigido al campo.
Lo que observa es que con la regionalización necesitarán de más presupuesto para el desarrollo de sus competencias.
En el caso del Midagri, se vocea que al menos unas diez entidades estarían en la mesa para iniciar la transferencia a los gobiernos regionales.
Capacidades regionales
Mayen Ugarte, exsecretaria General de Gestión Pública de la PCM y docente de la PUCP, considera que algunas dependencias sí podrían pasar a las regiones, como las vinculadas a obras de infraestructura, pero en otras debería analizarse a detalle.
Para ello precisa que debe tenerse claro la planificación desde el Gobierno nacional, para la construcción de infraestructura, por ejemplo, el tamaño de las escuelas y la asignación de docentes que se requerirá, a nivel nacional, y que la ejecución de la misma podría recaer en los gobierno regionales.
“En el tema de salud es similar, pero el Gobierno debería tener la planificación para evitar que exista una sobredimensión que se podría tener en las regiones”, indicó.
En otros casos, por ejemplo, la ANA, Senasa o Serfor, que tienen un trabajo nacional, sostiene que difícilmente se debería considerarlos de manera regional. “No podríamos tener un Senasa en cada región”, expresó.
Uno de los temas que se debe fortalecer - comenta Mayen Ugarte - son las capacidades de los gobiernos regionales, aunque reconoce que a nivel nacional no necesariamente se ha demostrado que se sea eficiente el Estado en el gasto o la inversión.
“El proceso debería ir con un acompañamiento entre el Gobierno Nacional y Regional, y si es posible que algunas actividades de infraestructura pasen a las regiones. No es posible mandar a un ingeniero desde Lima para una obra en un distrito, cuando ello se podría realiza mejor desde las regiones”, remarcó.
Recursos
Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), explica que uno de los problemas en las regiones es la ejecución.
“La ejecución es descentralizada por lo que está totalmente a cargo de los técnicos y servidores de los Gobiernos Regionales. Debería el MEF seguir su acompañamiento y asesoría a los ejecutores, especialmente habiendo identificado los proyectos más costosos, más riesgosos, y con la Contraloría también vigilando”, indicó.