La tendencia hacia la urbanización de la pobreza en el país se aceleró

Es propicio dimensionar la reconfiguración de la pobreza en el Perú. En el 2012, más de la mitad de la población pobre residía en áreas rurales. Sin embargo, esta distribución ha ido cambiando en los últimos años: mientras en el 2020 el 68% de la población en condición de pobreza estaba en áreas urbanas, en el 2023 llegó al máximo de 76%.

Esto es: 3 de cada 4 pobres, 7.5 millones de personas, viven en áreas urbanas. Incluso en ciudades como Lima Metropolitana, la pobreza se ha más que duplicado desde antes de la pandemia.

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Si bien en el Perú existen diversos programas de asistencia social para el alivio de la pobreza, estos fueron creados principalmente para enfrentarla en áreas rurales. Por eso, su formulación no contempla una adecuada estrategia de lucha en áreas urbanas.

Entender el contexto urbano es crucial para tomar decisiones informadas y diseñar políticas públicas eficaces. Por esta razón, hemos analizado las principales características de la pobreza urbana, evidenciamos de mejor manera los efectos de la pandemia, y proponemos un enfoque de gestión territorial para poder enfrentarla.

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Panorama

Para analizar mejor la transición de la pobreza en los hogares peruanos, utilizamos datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) Panel, que permiten hacer seguimiento a un mismo hogar durante varios años. Nuestro informe considera un periodo máximo de tres años y establece tres grupos de personas y hogares: los que siempre fueron pobres (a los que denominamos “pobres”), los que cayeron en pobreza en algún año (a los que denominamos “vulnerables”) y los que nunca fueron pobres (a los que denominamos “no pobres”).

Al evaluar distintos periodos de tres años consecutivos, se constata el aumento del número de personas pobres y vulnerables, y la disminución de las personas no pobres. Estos incrementos son más notorios cuando se compara la transición del 2017-2019 y 2020-2022, donde el punto de corte es la pandemia.

Durante este primer periodo, la tasa de personas no pobres alcanzaba el 81.1%, mientras que la tasa de personas pobres y vulnerables alcanzaba el 2.9% y el 16%, respectivamente. No obstante, durante los años 2020-2022, la proporción de personas pobres y vulnerables aumentó a 5.2% y 26.1%, respectivamente. En suma, esto revela que 31.3% de personas estuvieron en situación de pobreza al menos un año entre el 2020 y 2022, un aumento de 12.4 puntos porcentuales (pp) respecto del 2017-2019.

Si bien la tendencia hacia la urbanización de la pobreza antecedía a la pandemia, estos hallazgos permiten identificar que la última crisis aceleró este proceso y provocó que los niveles de pobreza y vulnerabilidad urbana se incrementaran de forma significativa.

Con un mercado laboral golpeado por la recesión en el 2023, la disminución de oportunidades y la consecuente menor generación de ingresos, los hogares urbanos sufrieron un doble golpe: menores ingresos y mayores gastos.

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Temas estructurales

Más allá de shocks coyunturales, el informe evidencia problemas más estructurales. Los logros sociales aún son frágiles, porque si bien el acceso a un paquete básico de agua potable, saneamiento, electricidad e internet se duplicó en la última década (a nivel urbano, pasó de 27% a 57% entre el 2013 y 2023), el acceso de estos servicios muestra diferencias en los tres grupos analizados. Para las personas no pobres alcanza al 69%, para hogares pobres al 35% y para los vulnerables al 42%. Esta desigualdad limita la capacidad de los hogares para salir de la situación de pobreza y enfrentar shocks negativos.

Al caracterizar a los hogares según sus condiciones de empleo y educación se observa que la principal característica de la población pobre es la informalidad: más de 90%. Menos del 5% de la población vulnerable o pobre tiene educación superior completa, aunque más del 50% tiene educación secundaria completa.

Otro aspecto novedoso del informe es que permite analizar las condiciones de los hogares según su ubicación geográfica (a cuánta distancia están) de los centros de empleabilidad, centros de abastos, comisarías y niveles de luminosidad en las calles, estas dos últimas asociadas a niveles de inseguridad en la urbanización. Además, se observa que la pandemia produjo un efecto negativo en cada uno de los grupos (tanto los más cercanos como los más alejados a estos elementos).

La vulnerabilidad aumenta no solo por un tema de menor productividad y acceso a un empleo adecuado, sino también por la ubicación en el territorio. Donde más aumenta la pobreza, hay menos acceso a servicios básicos, menos comisarías y menos oportunidades productivas.

Esto implica repensar la pobreza urbana y enfrentar la pobreza multidimensional. Como menciona Paola Bustamante, la implementación de las políticas públicas debe estar en sintonía con el crecimiento de la pobreza urbana y sus características, lo cual implica desarrollar estrategias que generen empleo sostenible y cierren las brechas antes mencionadas. Esto pasa por acelerar el ritmo de crecimiento económico y priorizar la ejecución de medidas eficientes y efectivas en diversos sectores.

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Pobreza urbana y Estado inepto

Por: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto

El Perú no está preparado para lidiar con el fenómeno de la pobreza urbana y sus efectos colaterales. Solo en Lima y el Callao tenemos alrededor de tres millones de pobres monetarios y cerca de un millón sin acceso a servicios de agua y saneamiento. En Trujillo, 3 de cada 4 personas identifican a la violencia como el principal problema, según Ipsos, en un entorno de precarización e incapacidad de sus autoridades por lidiar con estos flagelos. En la mayoría de ciudades, la corrupción asoma como el segundo mayor problema, detrás de la inseguridad.

Pese a contar con recursos abundantes, el Estado ha sido incapaz de rediseñar sus políticas públicas para atender esta grave situación. Los programas sociales no solo tienen que ser readecuados, sino que las barreras a la creación de empleo deben ser levantadas y la capacidad por cerrar brechas tiene que ir más allá de exigir aumentos en el presupuesto público. Eficiencia, impacto y transparencia deben ser atributos ineludibles de la gestión pública.