No se pretenderá estatizar la economía, ni hacer una política de control de cambios, dijo ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, en su primer mensaje a la Nación.
Más adelante, precisó que buscarán que “se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas, o cuando las entidades financieras cobran hasta 200% por créditos de consumo”.
¿Cual es la situación actual? El 30 de diciembre de 2020, el Congreso de la República aprobó la “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financiero”, a fin de incorporar, entre otras disposiciones, la fijación de topes a las tasas de interés en el sistema financiero por parte del Banco Central de Reserva (BCR).
El BCR decidió establecer la metodología para la determinación de las tasas máximas para los nuevos créditos de consumo, de consumo de bajo monto (menor o igual a 2 unidades impositivas tributarias), y para los nuevos créditos para pequeñas y micro empresas.
Este año Ipsos publicó un estudio que reveló que el precio de los medicamentos en Perú es 53% menor respecto a los países de la región. Para dicha evaluación se consideraron 75 medicamentos comercializados en siete países (Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, México y Perú).
Respecto al gas doméstico, Osinergmin ya propuso la implementación del “GLP Eléctrico”, esto como alternativa a los usuarios que en el primer semestre del año tuvieron que pagar un incremento -minimo- de S/ 16 por un balón de gas, según Opecu, cuando dejó de formar parte del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
Gonzalo Prialé, presidente del Instituto IIG (Infraestructura Institucionalidad y Gestión), indicó que se podría hallar “un nivel de equilibrio para el precio de ciertos bienes o tarifas de servicios basicos; y subsidiar lo que resulte necesario sin quebrar el equilibrio fiscal, preservando la calidad del servicio”.
Sin embargo, advirtió que controlar precios y forzar a las empresas proveedoras a trabajar a perdida porque los servicios basicos “no deben ser negocio” conduce al desastre de la economia y a servicios miserables tras unos cuantos años.
“Ese camino ya lo recorrieron en Cuba y Venezuela. Y no debieramos caer en esa demagogia”, comentó Prialé.
Por su parte, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la regulación ya sanciona cualquier práctica de concertación de precios o de abuso de posición de dominio.
“La evidencia tampoco respalda el comentario (de Pedro Castillo) respecto del precio de las medicinas y otros en ese sentido”, indica.
Respecto de abacar con los abusos del sistema financiero, que refiere el jefe de Estado, Macera señala que seguir restringiendo las tasas de interés solo elevará la informalidad del sector al no dejar que estas reflejen el costo de fondeo y el riesgo de quien solicita el préstamo.
Coincide en este punto, Miguel Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y agrega que podría ser perjudicial para los clientes de micro y pequeña empresa.
“El BCR sacó un documento en el que indicaba que esa fijación de topes de interés lo que hizo fue excluir a clientes de pequeñas empresas del sistema financiero”, sostuvo.
Como se recuerda, en el reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva se precisa que los topes de tasas de interés generan efectos nocivos en la inclusión financiera y en la eficiencia del sistema financiero.
“Los topes a las tasas son controles de precios que promueven el crédito informal y excluyen a un gran número de personas y empresas del sistema financiero. Con ello, los deudores de menores ingresos quedan expuestos al crédito informal, que se caracteriza por plazos cortos, tasas de interés altísimas y mecanismos de cobranza que pueden ser hasta ilegales”, señala la publicación.