Perú vuelve a presidir, por cuarta vez consecutiva, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), organismo que reúne a 21 estados y que se encarga de definir las normas que rigen la pesquería en el Pacífico oriental. Así, sobre Alfonso Miranda, quien también es presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), recae la presidencia de la CIAT. ¿Cuál es la visión de sostenibilidad para los siguientes años?
Miranda menciona que -entre otros-, la CIAT seguirá garantizando el límite máximo de mortandad de delfines por embarcaciones atuneras -en Perú la captura es libre de delfines-, y apuntan también a un nuevo sistema de veda así como declarar nuevas zonas libres de pesca -las cuales estarán fuera de la zona de influencia de los barcos peruanos- en aguas internacionales a fin de que la pesca del atún, un pez que puede alcanzar más de tres metros, sea sostenible.
La CIAT, desde hace varios años, ha determinado el límite de captura para los diferentes países. Para Perú la capacidad de acarreo es de 8,195 metros cúbicos -que representarían aproximadamente 700 kilos por metro cúbico-distribuidas entre 16 embarcaciones, las cuales están solicitando elevar la capacidad hasta 14,000 metros cúbicos. La decisión todavía está en evaluación.
“Por lo menos hay ocho países (incluido Perú) que tienen reclamos ante la CIAT para aumentar su capacidad. Perú ha hecho saber en la última reunión su justa aspiración como país históricamente atunero, pero la comisión de capacidad, encargada de proponer algún sistema de racionalización de la flota atunera, tendrá que hallar una solución integral ante la necesidad de mantener un equilibrio y sostenibilidad de la pesquería”, detalló Miranda.
Dicha comisión especial se reúne cada año aunque todavía sin arribar a una solución. Se espera, según Miranda, que para el 2023 se plantee una propuesta concreta.
Industria atunera en Perú
La meta de la industria atunera en Perú era llegar al 2022 con exportaciones por encima del valor de US$ 250 millones lo que en volumen representaba cerca de 100,000 toneladas. No obstante, la estimación de Miranda es que se cierre el 2022 con solo 20,000 toneladas procesadas, de las cuales la mitad se exportarán y el resto se colocará en el mercado local.
Los menores volúmenes han impactado también en las diferentes plantas que se ubican entre Paita (Piura) y Pisco (Ica), y que operan solo al 30% de su capacidad real.
El descenso comienza en el 2019, recuerda el presidente de la CIAT, cuando la Sunat cambió la interpretación del aspecto tributario de la Ley N° 28965 -Ley de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios-, respecto al régimen aduanero aplicable al atún capturado por embarcaciones extranjeras al calificar el producto como nacional, por lo que comenzaron a ser notificadas para gravar sus ventas con el Impuesto a la Renta. Esta situación cortó cualquier posibilidad de inversión en dicha industria, y lo que se dejó de procesar se estima en más de US$ 150 millones.
“La solución ahora está en manos del Congreso de la República que ya aprobó, por abrumadora mayoría, el proyecto de ley de la Comisión de Economía pero fue observado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pese a que el Ministerio de la Producción apoya la propuesta. Esperamos que el Pleno del Congreso insista en la ley y la ratifique en una próxima votación”, sostuvo.
Aclarado el tema de la norma, señala Miranda, permitirá mayor inversión de plantas procesadoras y no necesariamente de nueva flota de barcos. “Tenemos ejemplos como Tailandia, país que todo lo que procesa es importado y no tiene embarcaciones propias”, resalta.
Asimismo, estima que el precio del atún local procesado podría reducirse hasta en un 30%. Hoy las latas de conserva pasan los S/ 6.