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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) presentó un libro que reúne propuestas para el desarrollo de políticas públicas que garanticen el correcto uso de los recursos que genera la minería en Perú.
Dentro de las propuestas más resaltantes del documento, titulado “Desarrollo territorial y minería”, se menciona a los mecanismos del canon minero y la consulta previa. Según explicaron los autores del libro a Gestión, ambas herramientas requieren una reforma para garantizar su efectividad. Una que hasta ahora no ha sido suficiente para cerrar brechas sociales en sus zonas de influencia.
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Asignación por partes
El canon minero, que representa el 50% del Impuesto a la Renta (IR) tributado por las empresas mineras al Estado, ascendió a S/ 5,218 millones en 2023 hasta noviembre, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) (ver tabla).
El sistema de repartición del canon minero está establecido por porcentajes diferenciados entre municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales. Una parte incluso está destinada a las universidades nacionales de la región.
Este mecanismo ha permitido que la municipalidad distrital de San Marcos, en Áncash, tengan la cantidad de recursos para proyectos de inversión más alta en todo el Estado. En 2023, tuvo asignados S/ 678 millones, pero como contó Gestión, solo pudo ejecutar el 36.2% de todo ese presupuesto.
Por ejemplos como ese, Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, considera un sinsentido seguir manteniendo el mismo sistema de entrega del canon minero. “Es absurdo tener congelada esa cantidad de dinero en un pequeño municipio de 15 mil habitantes en un país como el nuestro”, refiere a Gestión.
Por ello propone que se replante su asignación mediante “fondos intertemporales”. “Se necesita que se distribuya de mejor forma en el tiempo. Lo que se plantea es una reforma inteligente: que se entregue por partes para que sea menos volátil como fuente presupuestal y lo que se disponga cada año esté mejor relacionado con su verdadera capacidad de gestión”, explica Molina.
Darío Zegarra, primer vicepresidente del IIMP, recuerda que actualmente cada año se devuelve gran parte de los recursos asignados por canon minero al Estado porque no se terminan de ejecutar las obras presupuestadas con esos recursos.
“El canon, como un concepto que permite la diversificación productiva, no ha ocurrido. No es que entregar recursos esté mal, sino que falta una mejor planificación, con rendición de cuentas. Hay que tener claro que la mala capacidad de gestión no es solo un problema de distritos mineros. Es transversal”, precisa a este diario.
La reforma que plantean los autores del libro del IIMP también incluye la discusión sobre un segundo aspecto: si los recursos generados por el canon minero, al provenir de la explotación de recursos naturales, podrían ser destinados no solo a las zonas de influencia.
“Falta consenso sobre ello. Los recursos naturales son de todos, según la Constitución. Podría contribuir al cierre de brechas en todo el país, como hizo Colombia con una reforma”, plantea Molina.
Ambos puntos sobre el canon minero deberían incluirse en un debate sobre las mejoras del mecanismo, en aras de generar alternativas para que tenga una ejecución más ágil y efectiva, según Zegarra.
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Acoplarse a procesos similares
Otro mecanismo señalado por los expertos en su propuesta de mejora para la gestión de conflictos sociales es la consulta previa. En su caso, lo que se señala es que esta herramienta ha sido implementada de forma aislada a otros espacios de participación ciudadana.
“Hace falta verlo de manera integral. Siempre se concibe y analiza en torno a un potencial de contaminación ambiental, pero hay que recordar que lo que se busca con ese proceso es realmente informar qué ocurrirá en el territorio, que la gente sepa cuáles serán las consecuencias de la actividad minera a todo nivel”, señala Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores.
Como informó Gestión, el Gobierno se encuentra evaluando “optimizar” este proceso. La idea es adelantar la consulta previa a la etapa de exploración minera. Así, cuando se presente un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) se pueden ir identificado posibles afectaciones a la comunidad.
Sobre ello, Molina cree que no es mala idea, pero reitera que el proceso puede servir para más que solo fijar daños al ambiente.
“En la exploración no puedes ofrecer mucho porque no sabes de qué envergadura será el proyecto, pero tampoco puedes renunciar a comprender la zona. Tienes que comprometerte a conocer a sus actores y sus intereses. Eso es clave para el arranque de cualquier inversión minera”, sostiene el ex viceministro de Gobernanza Territorial.
En ese sentido, el experto refiere que hace falta también que la consulta previa esté relacionada de alguna manera a otros mecanismos similares que figuran en las leyes orgánicas de los gobiernos subnacionales, como los consejos de coordinación, donde también hay participación ciudadana.
Por su lado, Bustamante precisa que cualquier cambio a este proceso debe ser socializado y acordado, ya que el potencial de desencadenar conflictos sociales es alto.
“Ahora, tampoco hay que confundirlo con las acciones delincuenciales. Donde está la minería ilegal los ciudadanos no se van a sentar a la mesa a dialogar. Primero hay que poner orden”, agrega la directora de Videnza Consultores.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
