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Reuters Madrid. Trabajadores españoles afectaron el jueves el ritmo del transporte público e interrumpieron las operaciones en fábricas, en protesta por las dolorosas reformas impulsadas por el Gobierno un día antes de que el presidente Mario Rajoy dé a conocer una nueva ronda de recortes fiscales .
La policía puso barricadas alrededor del Parlamento y de otros edificios públicos y arrestó a 58 personas, muchas de las cuales intentaron evitar que empleados cruzaran las líneas de piquetes para acudir a sus lugares de trabajo.
Surgieron escaramuzas, algunos vuelos fueron suspendidos y grupos de sindicalistas se congregaron en Madrid portando banderas rojas.
Los españoles han sido en su mayoría tolerantes a los esfuerzos de Rajoy por reformar el mercado laboral y cumplir con las estrictas metas de déficit impuestas por Europa para garantizar que no se produzca una crisis al estilo de Grecia.
Pero la huelga general, la primera desde septiembre del 2010, muestra que la paciencia con el Gobierno conservador que apenas lleva tres meses en el poder se podría estar agotando.
"En Madrid es muy difícil cerrar los comercios, pero la huelga está siendo un éxito, con la caída la demanda eléctrica, (…) la industria, el transporte", dijo Marta Lois, representante del sindicato UGT que se manifestaba en Madrid.
Los mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras y UGT, dijeron que la huelga había "prácticamente paralizado" las fábricas durante los turnos de la noche, mientras que un 85% de los trabajadores del sector alimentario se plegaron al paro.
En la fábrica industrial Bosch en Madrid no se registraba actividad y la jornada de huelga se desarrollaba sin incidentes.
"Aquí trabajan más de 1,000 personas y nadie ha venido atrabajar", dijo José Angel Castellanos, representante de Comisiones Obreras (CCOO) en Bosch Madrid.
Trabajadores en las fábricas de Volkswagen y Renault se plegaron a la huelga durante la madrugada, señaló Comisiones Obreras. En tanto, datos del operador nacional REE mostraron que la demanda de energía estaba un 20% por debajo de lo esperado a las 0740 GMT.
Empleados del transporte ofrecieron servicios mínimos según un acuerdo sellado previamente, lo que significa que uno de cada cuatro buses y un tercio de los trenes de metro y locales deben operar. Además, sólo se estaban llevando a cabo un 10% de los vuelos locales y un 20% de los internacionales.
Sin embargo, la ministra del Interior Cristina Díaz dijo que buena parte de los usuarios del transporte acudieron a sus empleos como si fuera una jornada normal.
La presencia policial fue particularmente intensa alrededor del Parlamento, donde los legisladores tienen previsto debatir medidas para ayudar a los endeudados gobiernos locales y regionales.
Revés para el PPEspaña se acerca actualmente a su segunda recesión desde el 2009 y algunos observadores esperan que al menos otro millón de personas se sumen a las ya enormes filas de desocupados.
La tasa de desempleo alcanza un 23% y es la más alta de la Unión Europea, mientras que casi la mitad de los menores de 25 años no puede encontrar trabajo.
Los sondeos habían pronosticado que sólo un 30% de los trabajadores se uniría a la huelga del jueves, que se centra mayormente en el rechazo a la reforma laboral, pero un sorpresivo revés electoral para el gobernante Partido Popular en dos votaciones regionales podría haber ampliado la adhesión.
En el centro de Madrid y Barcelona se registraban manifestaciones espontáneas con incidentes aislados.
En el centro de la capital, grupos de manifestantes recorrían las calles cantando "Mariano, Mariano, no llegas a verano (boreal)", y la conocida Gran Vía sufrió cortes por protestas de miembros de sindicatos.
Tanto en Barcelona como en Madrid, algunos bancos fueron el blanco del enfado de los manifestantes, que ven a las entidades financieras unos de los principales responsables de la crisis económica que asola a una España.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno abarata el despido y permite una rebaja unilateral de salarios, pero la huelga también reclama por la política de ajuste pactada con Bruselas que ya tiene impacto en servicios sociales básicos.
"El asunto no sólo es la reforma laboral, estamos en contra de un sistema que está desestructurando y provocando la ruina social y económica del pueblo, esto no va a parar aquí. Las protestas sociales tienen que subir", dice Trini Cuesta, de 58 años, que trabaja en un hospital público de Barcelona.
El seguimiento de la huelga es una prueba de fuego para los sindicatos tradicionales, cuyas cúpulas directivas son vistas por gran parte de la población como poco funcionales a la hora de defender los derechos de los trabajadores.