El contralor general, Edgar Alarcón, afirmó que en la auditoría realizada al Gasoducto Sur Peruano (GSP) se encontró presunta responsabilidad penal ante irregularidades, lo que ha generado el retraso de obras y podría fomentar mayores sobre costos.
Explicó que estarían implicados los miembros del consejo directivo de Proinversión, conformada por los entonces ministros de Economía, Luis Miguel Castilla, el de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur; asís como los titulares de Transporte y Comunicaciones, Vivienda y de Agricultura.
"Este caso ya está en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El informe de auditoría corresponde a enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014", explicó.
En esa línea el funcionario precisó que a estos ex ministros se les investiga porque "habrían tomado la decisión, como consejo, para cambiar las condiciones del contrato que permitirían cambiar al operador técnico del proyecto a los diez años, es decir, tenía un proyecto de contrato donde no tenía esa cláusula, pero por medio de un acta de estos (ex)ministros cambian esta condición y eso no puede ser".
Ante lo cual, afirmó que esta situación va generar "que el concesionario pueda cambiar al operador técnico especializado, que es el responsable de transportar el gas desde el Cusco y que llegue oportunamente. A los 10 años puede traer a cualquiera, lo que no puede hacer".
Alarcón precisó que la obra actualmente está paralizada. Respecto al nivel de avance de la obra dijo que se ubica en 36% cuando debería estar a 70%. "Está totalmente retrasada", subrayó.
"Tanto Osinergmin como el Ministerio de Energía y Minas tienen que empezar a comunicar, ya que hay incumplimiento en la etapa de construcción y en la parte económica. Van comenzar a empapelar (el concesionario) para tener el sustento y llegar la resolución del contrato", precisó.
Agregó que pese a estos problemas, la obra es atractiva para otros postores. "Creo que sí. Si consideramos las condiciones el contrato. Más bien hay que tener en cuenta el plazo, ya que ningún operador va venir a decir el plazo de ejecución, me quedarían dos años y no lo voy a terminar, entonces habría que cambiar las condiciones de entrega", remarcó en declaraciones a la prensa tras presentarse en la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción del ex mandatario Ollanta Humala, presidido por el parlamentario, Daniel Salaverry.