El Gobierno dio marcha atrás y derogó –esta mañana– el Decreto Supremo 027-2018-EM que introducía una nueva reglamentación al proceso regulatorio de distribución eléctrica e impedía una posible reducción tarifaria de 6% a los usuarios finales a partir de noviembre.
Esta norma originó una discrepancia entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y organismo regulador Osinergmin, responsable de fijar la tarifas del servicio eléctrico, de acuerdo a criterios técnicos.
Esta diferencia aumentó a tal punto que ayer, la situación se agravó y desde las máximas instancias del Gobierno de Vizcarra se habría solicitado mayores explicaciones el ministerio de Energía y Minas. Lo que generó la salida del viceministro, Raúl García Carpio, hecho que se concretó hoy.
El regulador se mostró en contra de la norma del MEM dado que modificaba un procedimiento que está en curso y que debía concluir el 16 de octubre con la publicación de la tarifa de distribución eléctrica final, a aplicarse desde el 1 noviembre próximo y que regiría por los siguientes cuatros años.