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Únete al canal de GestiónLas principales empresas de molienda de granos de Argentina dijeron que eliminaron la posibilidad de que el Gobierno suba el impuesto a sus embarques tras cerrar un acuerdo para limitar los precios domésticos de los aceites comestibles.
En medio de la tensión entre el Gobierno y el sector rural -el más pujante del país-, muchos productores agrícolas aún temen, sin embargo, que el presidente peronista Alberto Fernández decida nuevas intervenciones estatales sobre el mercado de granos.
El Gobierno de Argentina -un exportador mundial líder de alimentos- ha advertido en los últimos días sobre la posibilidad de subir los impuestos o limitar las exportaciones de granos como herramienta para contener la muy elevada inflación que hace años afecta al país.
El lunes, la cámara de empresas de molienda CIARA informó que acordó con el Gobierno un mecanismo para controlar los precios del aceite de girasol y el mezclado con soja en Argentina. Según una encuesta hecha por el banco central el país reportaría una inflación de 50% en el 2021.
“De esta manera, se evitan los cierres de registros o la suba de los derechos de exportación, en virtud del compromiso del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior para adoptar las medidas o acciones que remuevan toda distorsión del mercado exportador de los productos”, dijo CIARA.
En los últimos meses los precios internacionales de las materias primas han llegado a sus niveles más altos en años. Si bien esta apreciación beneficia a los arcas fiscales y a las reservas de Argentina, el Gobierno ha señalado a esta tendencia como uno de los factores que impulsan los precios domésticos.
Hace semanas, la coalición peronista que gobierna a Argentina ha solicitado a la cadena agrícola proponer mecanismos para abastecer al mercado local a valores que no sigan la tendencia global de precios, en busca de evitar que la inflación incremente el elevado número de pobres del país.
Fernández amenazó con reforzar la intervención estatal en el mercado agropecuario. “Preferiría no hacerlo, pero si el campo no entiende voy a subir las retenciones (impuestos a exportaciones) o establecer cupos” a los embarques, dijo en una entrevista el domingo.
En Argentina las exportaciones de trigo y maíz actualmente están gravadas en un 12%, mientras que los embarques de granos de soja tributan un 33% y sus derivados un 31%.
“Culpables”
El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo que, a diferencia de las compañías aceiteras, los productores agropecuarios no tienen herramientas para influir sobre los precios finales al consumidor.
Las declaraciones de Fernández “nos indican como culpables de los precios de góndolas y la verdad es que lejos estamos de eso, porque no somos formadores de precios”, dijo Achetoni, que agregó que “todos estamos viendo mal lo que está diciendo, porque es realmente desubicado”.
El titular de FAA dijo que a las 11.00 hora local (1400 GMT) se reunía con los líderes de las tres otras principales asociaciones rurales de Argentina y añadió que si el Gobierno cumple con su advertencia, los productores seguramente responderán con una medida de protesta.
La relación entre el sector agropecuario y el peronismo, un movimiento político que reiteradamente apeló a fuertes regulaciones de los mercados, ha sido históricamente tensa.
El vínculo alcanzó un punto explosivo durante el Gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, quien aplicó cupos y elevadas tasas a las exportaciones a distintos cultivos en Argentina durante sus dos mandatos presidenciales consecutivos entre el 2007 y el 2015.
El mes pasado, el Gobierno de Alberto Fernández restringió las exportaciones de maíz con el objetivo de limitar las alzas en los precios de las carnes, pero a las semanas dio marcha atrás tras fuertes críticas y una huelga comercial de las principales asociaciones rurales del país.
En un comunicado, la asociación rural CARBAP dijo que las declaraciones de Fernández “vuelven a colocar a los productores agropecuarios como los enemigos necesarios” en un año en que, en medio de una crisis económica que se prolonga, Argentina celebrará elecciones de medio término.
