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La aplicación del impuesto mínimo de 15% para las grandes corporaciones no se aplicará antes del 2024, según el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, que admite que esto supondrá un retraso frente a la idea inicial de hacerlo en el 2023.
Cormann calificaba este tipo mínimo de 15% aprobado por la OCDE el año pasado como “histórico” y con un calendario “ambicioso” de forma deliberada con el fin de mantener el “pulso”, aunque eran conscientes de que se requería mucho trabajo técnico para su aplicación.
El secretario de la OCDE, que participa en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que este martes celebra su segunda jornada, ha reconocido que esperaba sellar un acuerdo multilateral a mediados de este año, aunque no ve probable que éste se produzca hasta finales de año.
Aspectos técnicos
Sí contempla “llegar a tiempo” para tener un acuerdo sobre todos los aspectos técnicos de este impuesto en aras a llevarlo a la reunión de ministros de finanzas del G-20, que se celebrará este año en Bali en noviembre.
Con todo ello, calcula que la implementación práctica de este impuesto será a partir del 2024.
El acuerdo requiere que los estados adapten su legislación nacional, lo que no es fácil porque hay países que incluso tienen que cambiar la constitución, como es el caso de Suiza, país que acoge este foro económico mundial, en el que participan unos 2.500 líderes, y que concluye este jueves.
Difícil oponerse
Pese a este retraso y las dificultades técnicas que entraña el impuesto, el secretario de la OCDE es optimista, dado que “una vez que existe una masa crítica de países que imponen un nivel mínimo de impuestos corporativos sobre las ganancias generadas en sus jurisdicciones, es muy difícil no formar parte” de este pacto.
Se trata de una reforma histórica del sistema fiscal internacional, que asegurará un tipo impositivo mínimo de 15% en el impuesto de sociedades a las multinacionales que ganen más de 750 millones de euros por la actividad que realicen en cualquier país.
Esta normativa tiene como objetivo abordar los desafíos derivados de la digitalización y la globalización de la economía y evitar la evasión fiscal.
En el 2021, unos 140 países y jurisdicciones de la OCDE aprobaron esta iniciativa, que se trasladó al G-20, que también la respaldó.
No afectarán su implantación
Para el secretario de la OCDE, los cambios que se han producido en el mundo desde octubre del 2021 no afectarán a que se aplique este impuesto, con el que está de acuerdo el 94% de la economía global.
La semana pasada, el pleno del Parlamento Europeo urgió a los gobiernos de la Unión Europea (UE) a aprobar este impuesto.
Polonia no es partidario de este impuesto, lo cual dificultaría su aprobación, teniendo en cuenta que al afectar a un tema sobre fiscalidad ha de ser aprobado por unanimidad de los estados.
Los eurodiputados respaldaron con 503 votos a favor, 46 votos en contra y 48 abstenciones este proyecto legislativo, aunque la resolución no es vinculante.
La Eurocámara quiere que este impuesto entre en vigor el 31 de diciembre de este año y no retrasarse un año como están valorando las capitales europeas, según se ha puesto de manifiesto la semana pasada.
Además, el parlamento comunitario sugiere introducir una cláusula para revisar si fuera necesario el umbral de ingresos anuales por encima del cual una compañía estaría sujeta a este gravamen, así como un análisis del impacto del mismo en países en vías de desarrollo.
