La Defensoría del Pueblo instó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) liderar, impulsar e interponer con urgencia las medidas y recursos necesarios ante las instancias correspondientes, a fin de evitar que la decisión de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte S. A. tenga por efecto la imposibilidad de cumplimiento de remediación de los impactos ambientales a su cargo, así como del cumplimiento de otras medidas dispuestas por la entidad fiscalizadora.
De igual manera, solicitó al Poder Judicial resolver con celeridad las solicitudes, acciones y medidas presentadas por el Poder Ejecutivo, y otros actores afectados por la contaminación ambiental, destinadas a evitar que la decisión de liquidación de Pluspetrol Norte S. A. tenga por efecto la impunidad de las infracciones cometidas, así como la falta de remediación ambiental, además de aquellas destinadas a asegurar los recursos necesarios para garantizar el costo de remediación que debe asumir dicha empresa.
“Exhortamos a la empresa Pluspetrol Norte S. A, la cual asumió ’contractualmente la obligación general de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes’ a garantizar la descontaminación de los impactos ambientales generados durante la operación de los Lotes ex 1AB y 8, así como el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, determinadas por las entidades administrativas, y de aquellos compromisos contraídos con las poblaciones indígenas en diversas mesas de diálogo”, afirmó la Defensoría en un comunicado.
De igual manera, recomendó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) incorporar en el Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras, mecanismos para evitar que empresas petroleras con un historial de sanciones consentidas o confirmadas, que se encuentren pendientes de cumplimiento en materia ambiental y renuente a acatar las disposiciones de las entidades competentes, suscriban contratos con el Estado peruano.
Consideró que se debe impulsar el desarrollo de actividades económicas y empresariales que sean respetuosas del marco jurídico vigente y de los derechos humanos.
“Pedimos al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio del Ambiente evaluar el establecimiento de nuevas disposiciones en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos destinadas a asegurar en forma efectiva el establecimiento de un Plan de Abandono a ser cumplido por parte de las empresas operadoras, así como la remediación ambiental y la corrección de toda condición adversa en el ambiente, una vez concluida su actividad de hidrocarburos y/o al abandonar sus instalaciones, áreas o lote, de manera previa a su retiro definitivo”, apuntó.
La Defensoría recordó que la OEFA identificó una serie de incumplimientos por parte de Pluspetrol Norte S. A., que opera en el Lote 8 y operaba en el ex Lote 1AB, principalmente derivados de la operación de la referida empresa (casi el 80%), que en este último caso alcanzan un total de 245 infracciones contenidas en actos administrativos firmes y cuyas multas ascienden a U$$ 2.9 millones, sin considerar las impuestas por incumplimiento a medidas correctivas, cuyos mandatos tienen por objeto lograr la remediación ambiental y cuyos plazos de cumplimiento vencieron desde antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Agregó que la falta de cumplimiento de las medidas dispuestas por el OEFA, entre ellas, la remediación ambiental de los impactos ambientales generados, así como el anuncio de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte S. A., motivada por los actos administrativos emitidos por la entidad fiscalizadora, y presuntamente destinada a evadir el cumplimiento de estas obligaciones, no solo pone en riesgo el ambiente y los recursos naturales, sino que constituye una vulneración al derecho a un ambiente equilibrado, la vida y la salud de las personas, por lo que requiere medidas inmediatas por parte del Estado.