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Un tribunal de Estados Unidos desestimó una demanda contra American Airlines en virtud de la Ley Helms-Burton que faculta a estadounidenses a reclamar a cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o sus familias y fueron confiscadas después de 1959.
El juez John H. McBryde ordenó desestimar “todos los reclamos y causas de acción interpuestas por el demandante”, el estadounidense de origen cubano Robert M. Glen, al considerar que American Airlines no actuó “intencionalmente” en el usufructo de bienes que fueron de su familia, según los documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso.
Glen ha presentado demandas contra varias empresas por propiedades que fueron expropiadas en Cuba a su familia y que han sido usadas con propósitos turísticos.
Estas demandas han sido posibles desde mayo del 2019 cuando el Gobierno de Donald Trump activó como parte de su política de mano dura hacia Cuba el Título III de la Ley Helms-Burton que había permanecido sin efecto desde su promulgación en 1996.
Siguiendo ese fallo del juez del juez McBryde, del norte de Texas, la empresa Carnival, demandada bajo la misma ley, solicitó a una corte en Miami que su caso tenga el mismo “razonamiento”.
La demanda en Texas fue desestimada debido al “incumplimiento de alegar la legitimación del artículo III”.
La querella contra la naviera fue presentada por familiares de los antiguos dueños de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, una de las empresas expropiadas por el régimen de Fidel Castro tras la revolución.
Por lo menos 72 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes expropiados después del triunfo de la revolución en 1959, según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (CubaTrade).
Entre las propiedades objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.
El Gobierno de Cuba tiene pendiente resolver 5,913 reclamaciones “certificadas” en Estados Unidos de propiedades confiscadas en la isla, por un monto total de US$ 1,900 millones, de las cuales cinco han demandado bajo la Ley Helms-Burton.
Otros demandantes bajo el Título III son de quejas que no han sido certificadas por el Gobierno estadounidense.
