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Una de las propuestas en el marco de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno es aplicar IGV a las pólizas de seguros de vida, que actualmente no pagan impuestos, a fin de ampliar la recaudación tributaria en sectores de patrimonio elevado.
Sin embargo, estos productos no son de uso exclusivo de familias con altos ingresos, sostuvo el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón.
“Al contrario, que el seguro de vida no esté gravado ha permitido desarrollar su demanda y ofrecerlo a precios más económicos”, dijo a Gestión.
En esa línea, estimó que unos 17 millones de personas se afectarían por la aplicación de este impuesto que son la suma de los 1.2 millones de personas que son usuarios de pólizas de vida individual; 1.5 millones de microseguros de vida; 14 millones de seguros de desgravamen; 1.5 millones de pólizas de sepelio y otros productos.
Prima mensual
Los seguros de vida individual permiten a las familias proteger el bienestar futuro ante la posibilidad de fallecimiento de quienes son el sustento de sus hogares, pero su encarecimiento limitará la decisión de adquirirlos, afirmó.
Asimismo, los microseguros de vida, que tienen una prima mensual de alrededor de S/ 13, son demandados por microempresarios y personas de bajos ingresos, quienes también serían perjudicadas, precisó.
En tanto, las familias de altos ingresos optarán por productos internacionales para protegerse o migrarán a otros productos financieros que les den la cobertura que necesitan y que no estén gravados, por lo que el fisco no recaudará lo esperado, acotó el representante gremial.
Masivos
Otro ramo que será golpeado es el de seguros de sepelio, adquirido también por personas de muy bajos ingresos cuyas pólizas apenas alcanzan los S/ 10,000.
Gravar este producto afectaría a la gente más necesitada, manifestó Yang Chang, docente de posgrado de la Universidad de Piura.
Los asegurados que predominan no son los de vida individual, sino los de microseguros o aquellos con coberturas grupales que pertenecen a segmentos de menores recursos, enfatizó.
Hay más de 1.5 millones de familias que contratan esta protección, la mayoría son familias sin empleo formal ni afiliación a un régimen previsional que les garantice un entierro digno, refirió Morón.
“Se quiere cargar a las familias de altos ingresos y terminan afectando a segmentos masivos y de bajos recursos. Esto no solo impacta a quienes más tienen, tal como argumenta equivocadamente el MEF, sino también a las familias de los segmentos socioeconómicos B, C e incluso D”, recalcó.
Créditos
La medida incluiría al seguro de desgravamen, que cubre a deudores de tarjetas de crédito, préstamos de consumo, vehiculares o hipotecarios en caso de fallecimiento, y al encarecer el producto, que es de contratación obligatoria, afectaría la reactivación del crédito, advirtió.
Hoy, más de 14 millones de pólizas de desgravamen garantizan que las familias puedan tomar un préstamo en el sistema financiero, aunque anular la inaceptación del IGV fomentaría la informalización de estas operaciones y promovería un mercado crediticio no supervisado con prácticas abusivas de cobro, añadió.
Con ahorro
Según Chang, la demanda del seguro de vida con ahorro, que permite a las familias garantizar los recursos que necesitarán, por ejemplo, para educar a los hijos, también se mermaría con una eventual carga impositiva, pues las personas con mayor patrimonio preferirán protegerse y ahorrar en el largo plazo mediante productos del extranjero libres de impuestos.
Los seguros como Vida Ley, SCTR y previsionales (de invalidez y sobrevivencia en el sistema de AFP) quedarían fuera de la norma pues son contratados por las empresas para sus trabajadores, precisó Morón.
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Renta particular podría desaparecer por impuesto
El impacto de gravar los seguros de vida facultativos, que el usuario adquiere por propia voluntad, sería “tremendo”, advirtió Eduardo Morón, de Apeseg.
“Así, la demanda de seguros de renta particular desaparecería, pues no tiene sentido pensar que a la gente graciosamente le guste perder plata; preferirá quedarse con la plata en mano, como lo hace la mayoría al jubilarse”, manifestó.
Por ejemplo, la persona que evalúa poner S/ 50,000 como prima única para una renta temporal pagaría S/ 9,000 por IGV, con lo cual su pensión sería mucho menor a la que esperaba y optará por contratar otro producto financiero menos apropiado para su necesidad, agregó.
“No entiendo la lógica de esta propuesta, incluso es de locos hacerlo ahora; el dinero de la renta particular proviene de ingresos laborales, por lo que ya tributó. Con el impuesto (el producto) no resistiría”, aseveró Morón.
