Tras la eliminación de la Ley de Promoción Agraria en el 2020, pese a que permitió el crecimiento de las agroexportaciones, ahora los empresarios temen que el Congreso elimine la única herramienta legal que les queda para facilitar sus envíos al exterior: la Ley de Exportaciones no Tradicionales.
Así lo advirtió Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), que aseguró que en los últimos años se han presentado diversos proyectos de ley que buscan derogar o modificar esa ley, con el objetivo de llevar a todos los trabajadores, incluidos los que laboran en empresas exportadoras, al régimen laboral general.
Sin embargo, refirió que la preocupación ha resurgido a raíz de recientes reuniones que sostuvo la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) con trabajadores del sector textil, para abordar ese tipo de iniciativas desde el Legislativo.
¿Qué permite la Ley de Exportaciones No tradicionales?
Cabe señalar que la Ley de Exportaciones no Tradicionales, dada por DL 22342 en 1978, contempla un régimen especial laboral que permite contratar a los trabajadores por un plazo determinado y temporal, a fin de satisfacer la necesidad de producción de la empresa ante la demanda internacional.
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Algunos de los sectores comprendidos en este régimen son agropecuario, químico, textil, siderometalúrgico, pesquero, minería no metálica, metalmecánico, madera y papeles, pieles y cueros, artesanías y joyería.
Zacnich detalló que, gracias a esa normativa, el Perú pasó de exportar US$ 5,285 millones en productos no tradicionales el 2006, a US$ 16,146 millones el último año, lo que refleja un crecimiento acumulado del 206% y un crecimiento promedio anual del 7.7%, entre 2006 y 2021 (ver gráfico).
Además, recordó que ya el Tribunal Constitucional años atrás se había pronunciado sobre la constitucionalidad de las normas laborales de fomento de la exportación no tradicional, que, dijo, ha sido confirmada resaltando la importancia del cumplimiento de los requisitos para validar el contrato laboral temporal.
Sin embargo, ante los insistentes intentos desde el Congreso de modificar la citada ley, Zacnich indicó que (desde Comex) consideran que hay la posibilidad de mejorar y perfeccionar dicha norma, aunque si se plantean cambios, afirmó que deben hacerse sobre la base de rigurosa evidencia técnica.
Crece la informalidad
Para Zacnich, si bien es cierto que la informalidad presente en el país da pie a que algunas empresas violenten el uso de ese régimen, no por ello se debe derogar o hacer cambios radicales a esa ley que terminen perjudicando a las empresas que sí cumplen con sus trabajadores.
Citó como ejemplo que, a raíz de la eliminación de la Ley de Promoción Agraria en el 2020, que permitía dar flexibilidad en la contratación de trabajadores por las empresas dedicadas a la agroexportación, no sólo se ha frenado las inversiones en esa industria, sino además se ha incrementado el trabajo informal en el sector agrario.
“A pesar de que la cantidad de empleos formales del sector agrícola aumentó durante el primer trimestre del presente año, los trabajadores informales ascendieron a 4,161,462. Como consecuencia, la tasa de informalidad en el sector se incrementó al 95.9%”, señaló.
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Al respecto, Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, gremio que agrupa a empresas agroexportadoras, señaló que, cuando estuvo vigente la Ley de Promoción Agraria, la alta informalidad en el campo se había reducido en un 25%, pues en el año 2019 alcanzaba al 75% de la fuerza laboral agraria.
Pero, tras su eliminación el 2020, coincidió en que, en efecto, se está retomando los niveles de alta informalidad, sobre todo a nivel de pequeñas empresas, que conforman el 90% de la oferta agroexportadora, y que son las más afectadas por las contracciones de las inversiones en el sector precisamente a raíz de que se derogó dicha ley.
Además, consideró que, aún con la salida del hoy ex presidente Pedro Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte, en AGAP no tienen expectativas de que se vayan a recuperar las inversiones en el ramo, pues consideran que ambos forman parte del mismo gobierno, que generó incertidumbre para los inversionistas.