La semana que pasó la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el predictamen del proyecto de ley 143/2016, el cual eliminaría el pago fijo por el servicio de Internet con lo cual -de darse luz verde en el Pleno- no se tendría que pagar a las compañías de telecomunicaciones por el simple hecho de contar con el servicio de internet, sino solamente por el consumo realizado.
Para Comex la propuesta ignora por completo el funcionamiento de descomponer una tarifa en una parte fija y otra variable, algo abordado ampliamente en la teoría económica bajo el nombre de “tarifa en dos partes”.
“Su propósito es tener un mecanismo de cobranza que logre el escenario más eficiente posible en un contexto de elevados costos fijos para las empresas, ya que tener un único precio implica varias ineficiencias (algo que tanto la teoría como la evidencia económica han demostrado que ocurre en sectores como telecomunicaciones, agua y energía)”, explicó en su último semanario.
“Por consiguiente, eliminar la parte fija ocasionaría una pérdida de eficiencia económica, lo que a su vez implicaría una distorsión en el mercado que afectaría negativamente tanto a las empresas como a los consumidores”, agregó.
Indicó que la tarifa en dos partes es un mecanismo que facilita la aplicación de planes de consumo (los típicos planes de minutos, datos, mensajes, etc., que vemos en el mercado de telefonía), los cuales benefician a los consumidores, ya que estos pueden acceder a la combinación de servicios que más les satisfaga o más se ajuste a sus necesidades.
Por tanto -advierte- quitar la renta básica equivale a quitar opciones de consumo a las personas.
“En segundo lugar, el PL implica una intervención en la autonomía del Estado, ya que este ejerce una regulación tarifaria sobre el sector telecomunicaciones por medio del Osiptel. No solo esta propuesta interfiere directamente con el rol del regulador, sino que además traería consigo un cambio abrupto en los mecanismos para regular, ya que estos funcionan a partir de la tarifa en dos partes. ¿Ha analizado el Congreso las consecuencias de este posible cambio metodológico? ¿Acaso cuenta con la expertise necesaria para juzgar como más beneficiosa la regulación de una tarifa única por sobre la actual?”, se pregunta Comex.
Igualmente dice que el Congreso desconoce que, de aprobarse el PL, este no sería aplicable a la empresa participante del contrato ley, pero sí al resto de empresas del sector, lo cual también va en contra de la Constitución, ya que existiría una discriminación a todas luces indefendible contra estos operadores.
“El PL no haría más que poner en peligro las inversiones del sector telecomunicaciones y, por ende, su desarrollo. En suma, tanto las empresas como los consumidores se verían perjudicados. Hacemos un llamado a las autoridades y entidades pertinentes para que, nuevamente, esta iniciativa no prospere”, aseveró.