Pese a que cada año se busca asignar más recursos para proyectos a los diferentes niveles de gobierno, no parece posible que estos los ejecuten en su totalidad. En el 2023, por ejemplo, el Gobierno nacional, regiones y municipalidades contaron con S/65,777.5 millones, de los cuales quedó sin invertirse el 24.3%. Gestión hizo un “zoom” no solo a las cifras del año pasado, sino a las del último quinquenio para cinco sectores clave del Gobierno nacional: Transportes y Comunicaciones; Educación; Agrario y de Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Salud.
Entre el 2019 y el 2023, se asignó un total de S/ 68,327.8 millones a dichos sectores. De este monto, se dejó de ejecutar S/ 12,656.6 millones, de acuerdo con Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los dos sectores con un porcentaje mayor de recursos que no ejecutan, respecto a lo que se le asigna, son salud y educación. En ambos casos, de cada S/ 100 para proyectos, casi /30 simplemente no logran devengarse.
Análisis de educación
En octubre último, ComexPerú estimó que se requieren más de US$ 17,000 millones para cerrar la brecha de infraestructura en el país (este dinero supone construcción de infraestructura nueva), mientras que el Ministerio de Educación (Minedu) calcula que para cerrar la brecha de infraestructura educativa se requiere S/ 164,000 millones.
Pese a estas necesidades, son los sectores que dejaron de ejecutar casi el 30% de sus recursos asignados en el último quinquenio.
Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka Consultoría, menciona que en el sector, hay un problema tanto de capacidades, como de presupuesto. “Las universidades y escuelas suelen demorar la ejecución de inversiones, principalmente porque no saben cómo ejecutar, esto provoca una caída en la cuenta”.
Señaló que se debe ver en detalle el desempeño del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), la unidad ejecutora del Minedu. Por ejemplo, el año pasado ejecutó el 83.5% de su presupuesto para obras. Sin embargo, se debe mencionar que inició el año con S/ 939.4 millones disponibles (presupuesto institucional de apertura - PIA), pero durante el año se redujo a S/ 612.4 millones (presupuesto institucional modificado - PIM). Con esto, el porcentaje de avance sube.
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Alfaro comenta que, en principio, como casi todos los proyectos en el sector público, las inversiones se ven demoradas por conflictos con el proveedor y constructor, que terminan resolviéndose vía arbitraje. Esto se genera principalmente por falta de presupuesto. “Sucede que el monto inicial va modificándose por las adendas o cambios en el tiempo y crece. Al crecer ya no existe más habilitación presupuestada, haciendo que la obra tota se paralice”, explica.
Otra traba son las competencias de los organismos encargados de ejecutar, esto se puede ver en la demora de los perfiles y expedientes técnicos “Aquí no solo falla por la capacidad técnica, porque puede ser que conozcan mucho sobre procesos de licitación y construcción en general, pero no es lo mismo construir colegios o postas médicas, que construir carreteras”, refiere.
Para mitigar esto, Alfaro propone alternativas como las Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos con alta complejidad, que puedan estar sujetos a modificaciones presupuestarias y tengan una mejor capacitación en la gestión del gasto para escuelas superiores públicas y universidades.
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Análisis de salud
El exministro de Salud, Óscar Ugarte, explica que de los S/ 2,023.1 millones asignados para obras al Gobierno nacional para salud en el 2023, el grueso se entregó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por su unidad ejecutora -que este año ya no existe- la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. El resto, S/ 845 millones, se dio al sector salud.
En detalle, el exministro señala que las obras del Minsa son ejecutadas a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), el cual se dedica a invertir en las regiones. Ante esta distribución, Ugarte cuestionó por qué este presupuesto no se encuentra bajo el control directo de los gobiernos regionales.
El Pronis ejecutó el 97.6% de su presupuesto el año pasado. Pero, similar a lo que sucede con Pronied, pasó de tener un PIA de S/ 790 millones a un PIM de S/ 493.9 millones.
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Para solucionar los problemas que afectan a toda la administración pública, Ugarte hizo un llamado a tener una visión de largo plazo en la planificación de infraestructura en salud. “Revisar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, aprobado en 2022. Lo que se necesita es tener una proyección en infraestructura en el sector salud que ya existe en otros sectores, como la minería”, apunta.
El exministro cuestiona cómo se añaden los proyectos al presupuesto nacional en el Pronis. “Cada congresista quiere incluir, a través de la comisión de Presupuesto del Parlamento, un proyecto para su región, pero que no tiene expediente técnico ni viabilidad. Como no lo pueden mandar al gobierno regional, lo mandan al Pronis o al ANIN, aumentando proyectos que tienen presupuesto, pero no son viables”, explica.
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