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El ritmo de contagios y en número de víctimas fatales producto del covid-19 ha sido acotado en Chile, destacando favorablemente en el contexto Latinoamericano. El manejo estratégico de la autoridad ha sido el adecuado, según el reciente informe de la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO).
Esto se explica, según LAECO, debido a que atenuaron el ritmo de contagios por la vía de “mapear” el número de casos en distintas zonas geográficas, aplicando un importante número de test diarios, decretar cuarentenas para las zonas más activas en materia de infectados y aplicar el toque de queda a nivel nacional.
En el mismo sentido, se ha restringido la movilización entre distintas zonas geográficas, lo mismo que la llegada de extranjeros, mientras a los connacionales que regresan del exterior se les aplica una cuarentena obligatoria de 15 días. Paralelamente, se ha reforzado la capacidad de respuesta del sistema de salud, tanto en el número de camas disponibles, como en dotación de médicos e implementos, con particular énfasis en aumentar la disponibilidad de respiradores.
Ante ello, al día 7 de abril (un mes y cuatro días después de detectado el primer contagiado), se acumula un total de 5.116 infectados y 43 fallecidos, lo que por ahora mantiene una muy contenida tasa de mortalidad en una comparación internacional, según el informe.
Medidas económicas
Las medidas económicas aprobadas tienen un componente monetario y otro fiscal además de medidas específicas tendientes a acotar el impacto sobre el mercado laboral. Es así que se aprobó un paquete especial de gasto público, que asciende a US$ 11.750 millones (4,7% del PIB) y se desagrega en varias partes.
Por un lado, se aprobaron bonos monetarios por carga familiar a los segmentos de menores recursos, postergación de obligaciones tributarias y anticipo en la devolución de impuestos. Asimismo, se redujo temporalmente a 0% al impuesto al crédito, hubo una capitalización por US$ 500 millones al Banco Estado (para incrementar su capacidad de crédito a pequeñas y medianas empresas) y un aporte extraordinario de US$ 2,000 millones al Fondo de Cesantía, para apoyar un programa de protección al empleo.
Además, se aprobó el proyecto de Ley de protección del empleo, lo que permite a las empresas suspender el pago de remuneraciones mientras dure la crisis, sin desvincular al empleado, el que en ese lapso de tiempo recibirá cerca de un 70 por ciento de su sueldo a cargo del Fondo de Cesantía.
En cuanto al ámbito monetario, junto con el recorte en la tasa de política monetaria (TPM) hasta 0,5 por ciento (nivel mínimo histórico) se ha procurado una importante inyección de liquidez al mercado por distintas vías. Ante ello, se abrieron líneas de liquidez para que los bancos puedan financiar sus incrementos de colocaciones a costo TPM, con un cupo que se va incrementando para cada Banco en la medida que vaya aumentando sus colocaciones efectivas al sector real.
Asimismo, se incrementó el tipo de documentos y el rango de plazos al vencimiento que los bancos comerciales pueden entregar como garantía al Banco Central. Por su parte, en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se postergó la entrada en vigencia de la norma Basilea III, y se relajaron exigencias de provisión de créditos que conceden los Bancos (esto permite la postergación en el pago de cuotas para diversos tipos de compromisos financieros de empresas y personas), según indica el informe de LAECO.
Es probable que, según LAECO, se realicen anuncios adicionales que tiendan a cubrir necesidades de ingreso para familias más pobres, para pequeñas y medianas empresas y, para apoyar a trabajadores del sector informal, que representan cerca de un 30% del total (los cuales no pueden acceder al beneficio aprobado en la Ley de protección del empleo antes señalada).
