Chavimochic III: el riesgo que nuevos arbitrajes se activen y retrasen destrabe 5 años más

La indecisión gubernamental no es el único problema que afronta La Libertad, sino que hay otro riesgo latente que no estaría siendo contemplado por el actual concedente de la obra -el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri)- y que podría retrasar aún más su reactivación que es la posibilidad de nuevos arbitrajes.

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Alfonso Pinillos, gerente general de la concesionaria Chavimochic (ExOdebrecht, hoy OEC), comentó a Gestión la intención de la todavía concesionaria de concluir la presa Palo Redondo -al que le falta 30%- pero que el actual concedente de la obra, el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) no quiere recibirlos, ni tampoco escuchar sus propuestas.

Tampoco descarta que si el fallo del Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) -a emitirse este mes- determina el término del contrato se desarrollen nuevos procesos arbitrales que podrían retrasar aún más el desarrollo de Chavimochic.

“Mi impresión es que el actual concedente (de Chavimochic III) -que es el Midagri- no conoce de todos los beneficios (que genera su desarrollo) porque la visión que estaría teniendo el actual Gobierno es la de evaluar la posibilidad de traer a un nuevo contratista y pasar por un nuevo contrato, una vez que termine el contrato de concesión vigente, lo que es posible, pero tendría un impacto negativo porque más allá de la convocatoria -para un nuevo proceso ya sea vía Gobierno a Gobierno, por obra pública o a través de una nueva concesión- en el mejor de los casos podría tomar un año y medio. Pero lo que no se está tomando en cuenta es que el término de un contrato de concesión incluye procesos contractuales y legales que pueden tomar de 3 a 4 años. Entonces si sumas estos plazos más la convocatoria a un nuevo concurso estamos hablando que la obra entraría a una paralización adicional de cinco años más. Aquí hay una decisión política que se tiene que tomar”, explicó.

-¿Qué otros riesgos enfrenta Chavimochic III?-

Otro riesgo que estaría asumiendo el Estado es encontrar a una empresa que este interesada en terminar la presa Palo Redondo que tiene una ejecución del 70% y le falta 30%. El nuevo constructor tiene que garantizar el 100% de la obra y no únicamente lo que va a construir. Ante ello lograr que un tercero se haga cargo y tomé la decisión de poner una garantía sobre toda la presa -solo para construir una porción faltante- va ser muy difícil. Hace tres años, cuando el Gobierno Regional de La Libertad -por entonces concedente- nos solicitó vender la concesión para terminar el proyecto e iniciamos un proceso de venta de las acciones de la concesionaria, tuvimos reuniones hasta con 6 empresas, pero antes de poder discutir el precio de venta, desistieron al conocer que debían garantizar el 100% de la presa para construir solo el 30%. Lo más razonable es que la concesionaria lo termine.

-Si el gobierno toma la decisión de terminar la presa como obra pública, ¿cuánto va a demandar al Estado?-

Lo que falta por terminar (de la presa) -que es el 30%- podría ser US$ 125 millones, que es el precio (de la presa) que está dentro del contrato de concesión, pero si el contrato termina, el Estado tendría que ajustar este precio tomando en cuenta que ya han pasado cinco años y sumando otros cinco años más, podría ser superior al monto previsto en el contrato inicial. De acabarse el contrato, se debería efectuar una evaluación integral de la presa para conocer su estado actual.

-Respecto al arbitraje, ¿en qué estado se encuentra? (Hace cuatro años, la concesionaria inició un proceso arbitral contra el concedente -por entonces Gore La Libertad y hoy el Midagri- ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional solicitando una compensación económica por el retraso en la entrega de terrenos)-

Ya se terminó con los procedimientos y las audiencias -varios meses atrás en realidad- y actualmente el tribunal, que está compuesto por tres árbitros, está en proceso de emitir el laudo arbitral, que las partes están obligadas a respetar. En teoría, debería salir este mes, pero no existe una fecha exacta.

-Hace dos semanas, el gobernador Llempén (de La Libertad) nos explicó que con el laudo arbitral prácticamente se estaría resolviendo del contrato de concesión, ¿es así en la práctica?-

Dependerá de cual es al resultado del laudo arbitral ya que está debe contener la respuesta a las pretensiones de las partes, en la que están incluidas pretensiones económicas y de carácter contractual. Mientras el laudo no se haya sido emitido es difícil especular cuál podría ser su contenido. Puede ser que disponga el término de la concesión de manera inmediata o puede ser que no sea de manera inmediata y haya ciertas premisas que se tengan que cumplir.

-¿Estarían dispuestos a terminar la presa Palo Redondo?-

Siempre hemos tenido el interés de buscar termina el proyecto Chavimochic, no solo la presa sino también el canal y eso siempre lo hemos manifestado con las diferentes acciones que hemos tenido, buscando la venta en algún momento así como terminar la presa a solicitud del Gobierno Regional de La Libertad. Siempre mantenemos esa posibilidad que si nuestra contraparte -el Estado peruano a través del Midragri- tiene el interés de que podamos terminar la presa, estamos dispuestos a conversarlo. Lamentablemente, desde julio 2020, que fue la transferencia de la titularidad del concedente de Gore La Libertad al Midagri, no hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos.

-¿Se han acercado al Midagri para abordar sobre Chavimochic o simplemente se han cerrado y no quieren conversar son ustedes?-

Sí, lamentablemente el Midagri no ha tenido la intención de reunirse con nosotros. Cerrar cualquier puerta para buscar el beneficio de un proyecto de tal magnitud, creo que no es lo más adecuado.

-Usted mencionó que el término de un contrato de concesión incluye procesos contractuales y legales que pueden tomar de 3 a 4 años, ¿qué procedimientos son? ¿a qué se refiere?-

Esos procedimientos legales y contractuales principalmente responden a lo que está establecido en el contrato de concesión. Entonces, cuando hay un contrato con obras que tienen un nivel de ejecución lo primero que se tiene que hacer es un informe y evaluar -justamente- el estado situacional de esas obras para que sean entregadas del privado al Estado peruano. Ambas partes tienen que estar de acuerdo que ese peritaje corresponde a la expectativa de ambos. Ahí existe inclusive la posibilidad -si no están de acuerdo las partes- de desarrollarse otro peritaje, que llevaría eventualmente a otro proceso arbitral. Adicional a está evaluación técnica se tienen que entregar los bienes de la concesión como obras que han sido construidas y materiales, las que también tienen que ser evaluadas. Y también las partes tiene que estar de acuerdo de esa liquidación y pueda existir la posibilidad de que no se pongan de acuerdo, lo que generaría otro proceso arbitral. Otra posibilidad -ajeno al resultado del laudo- es que una de las partes busque judicializar el resultado del arbitraje en curso, en otra instancia. Si se judicializa el resultado del laudo, estaríamos hablando de dos a tres años adicionales (de paralización).

-En caso de que el laudo no sea positivo para ustedes, ¿están analizando esta posibilidad, de judicializarlo?-

Hay un punto que es bastante claro es que el origen del arbitraje se genera por la demora por parte del concedente -por entonces Gore La Libertad- en la entrega de los terrenos para poder ejecutar las obras. Esto ha sido reconocido en algunas oportunidades por el propio supervisor especializado, también por el MEF y en noviembre último -a través de un control concurrente- la Contraloría afirmó que a la fecha todavía no se han entregado los terrenos que tuvieron que darse hace varios años atrás. Por eso es que confiamos que el laudo debería ser favorable, pero de todas manera no puedo especular sobre el resultado ni las acciones que tomará la empresa.

-En caso que el Midagri o el Estado decida reunirse con ustedes, ¿estarían dispuestos a terminar la presa, retirar el arbitraje en curso y una vez culminada la presa, salir de la concesión?-

Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para que el proyecto se pueda destrabar. Habrá que ver cuáles son los términos más adecuados para que ello se pueda dar. No descartamos ninguna de la opciones, pero lamentablemente no hemos tenido una conversación con nuestra contraparte (que es el Midragri).

-Nota-

• La primera y segunda etapa de Chavimochic generó -solo en el 2020- US$ 1,000 millones de exportación, que representa el 15% de todas las agroexportaciones peruanas.
• La tercera etapa de Chavimochic tiene dos componentes: la presa Palo Redondo y el canal Madre. Solo con la terminación de la presa, las exportaciones se duplicarían a US$ 2,000 al año.
• Además representaría 50,000 hectáreas nuevas y generarían 60,000 puestos de trabajos de manera inmediata.
• La presa Palo Redondo permite dotar de agua a los valles de los pequeños agricultores de Virú Moche y Chao, que tienen 27,000 hectáreas y se impacta -así- a 5,500 familias dedicadas al agro. “La terminación de la presa tendría un impacto directo en estos agricultores ya que el Rio Santa -en la época de sequía- no les permite regar sus cultivos adecuadamente”.
• Actualmente la presa Palo Redondo (en la que se invirtió US$ 240 millones) está expuesta al riesgo del deterioro y sobre todo al Fenómeno del Niño.

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