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Luego de la cereza, el caqui podría ser el próximo cultivo de la canasta agroexportadora peruana que alcance un éxito similar al de los arándanos, afirma la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).
La fruta originaria del Asia comenzó a ganarse un espacio en los planes de inversión de las empresas agrícolas en Perú hace tres años y se estima que, a la fecha, existen más de 300 hectáreas instaladas entre Lima e Ica. Incluso, empresas como Camposol podría iniciar este año sus primeros envíos comerciales.
La variedad más instalada es el Rojo Brillante (sin patente), aunque en el 2020 comenzaron a introducirse otras versiones, una de ellas proveniente de España, uno de los principales mercados y productores del caqui en el mundo.
También la pecana y el kiwi, además de la pitahaya (que este año podría ingresar a Estados Unidos y Rusia), figuran en el radar de los agroexportadores de Perú, quienes ante la caída de la rentabilidad en algunas frutas y hortalizas -como algunos cítricos, palta Hass, arándanos y espárrago- están a la espera de los resultados de sus primeras investigaciones sobre la adaptabilidad de nuevas variedades, afirma Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.
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Justamente, este 2022 podría ser un año de alta importación de nuevas variedades patentadas que ofrecen mejor productividad por hectárea, algunas de ellas -incluso- con un pago adicional por royalty, cuyos precios también han subido en el mercado internacional. Muchas de ellas provienen de Estados Unidos, Unión Europa (UE) así como de países cercanos como Chile.
“Apostar por una nueva variedad es un cambio y una decisión radical del productor porque es hacer una inversión desde cero, pero parte de la estrategia empresarial es apostar por el cambio de variedad en diversos cultivos para obtener mejores márgenes de ganancia, sobre todo aquellas que tienen alta demanda en el hemisferio norte”, dijo Amaro a Gestión.pe.
Subrayó que Perú tiene más de 600 tipos de frutas y hortalizas para comenzar a incorporar en los diferentes mercados y apenas la agroindustria tiene 25 años, por lo que hay por desarrollar mucho más.
China y Japón son los grandes mercados que AGAP, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), espera abrir próximamente tanto para la pecana como para la pitahaya y el caqui. Este último cultivo también se busca que llegue a países europeos.
Decisiones empresariales
Los riesgos locales y externos tienen hoy el mismo peso para los empresarios agroindustriales a la hora de definir una nueva inversión. Amaro comenta que pese a que el mundo abraza el consumo de productos saludables como las frutas y vegetales, el mercado no ofrece un incremento en los precios para absorber los actuales sobrecostos, sobre todo, del flete naviero cuyas tarifas se incrementaron en 175% hasta abril a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y el cierre de algunos puertos en China.
“Los precios no han crecido al ritmo de los sobrecostos globales y menos consideran los sobrecostos locales, no los conocen. Entonces, generar competitividad interna es la única manera de enfrentar estos sobrecostos internos que han quitado rentabilidad en algunas variedades de cítricos, espárragos, algunas uvas y arándanos”, mencionó.
¿Cuáles son esos sobrecostos locales? AGAP ya ha mencionado que desde la aprobación de la nueva ley agraria -en diciembre del 2020- el costo de producción se incrementó en 30% por el pago por Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), cuyo monto aumentará a partir de este 1 de mayo tras entrar en vigencia la nueva Remuneración Mínima Vital (RMV).
“En el agro, más del 60% del costo de producción se debe al costo laboral”, mencionó. Así, las empresas también aceleran la importación de maquinaria que tecnifique y reemplace algunas labores manuales.
En la cosecha de arándanos, ya se han hecho pruebas con robots y se está incorporando tecnología infrarroja en la selección de la fruta. También en la labor de fumigación se han empezado a implementar drones y pequeñas avionetas.
“Si al adverso panorama internacional le agregas la situación local, en la que no hay un manejo adecuado de la crisis económica y social, le agregas las normas que aprueba el Ministerio de Trabajo sin consulta del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), quienes corren el riesgo de perder años de trabajo son las empresas más pequeñas y, en el sector agroexportador, más del 90% son pequeños productores. Los inversionistas se van a otros países donde encuentran climas de negocios más atractivos como en Ecuador”, alertó Amaro.
