El sector construcción finalmente creció en enero último (13.2%), después de contraerse todos los meses del 2023. Ahora, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que el rubro habría registrado una nueva cifra positiva en febrero (5.8%) y cerraría el primer trimestre “en azul” alcanzando cifras en doble dígito. Sin embargo, de cara al resto del año, creen que hay malas señales para los inversionistas en infraestructura.
De acuerdo con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, se han acumulado factores que reflejan debilidad institucional e irrespeto a los acuerdos con privados, lo que podría afectar a sectores vinculados a la construcción, como la minería y las adjudicaciones de Asociaciones Público Privadas (APP).
El más reciente episodio en esta cadena de temores es, como contó Gestión, la decisión de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de presentar una demanda en torno al proyecto de inversión que podría convertir al Perú en hub portuario: el puerto de Chancay.
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Letra muerta
El Puerto de Chancay contempla, en su primera fase, una inversión ascendente a US$ 1,300 millones. Sin embargo, según su operador Cosco Shipping Ports, a su máxima capacidad contemplada, el puerto podría alcanzar una inversión total de US$ 3,500 millones.
Por ello, para Capeco la decisión del MTC de intentar modificar el acuerdo de exclusividad de servicios esenciales, cuando el puerto está a meses de iniciar funciones, “es un escándalo”. “No hay proyecto más fácil de promover que ese: el Estado no invierte un sol. Ir de frente con el procurador plantea un enfrentamiento. Es una pésima señal, refleja el fracaso de la gestión estatal para alentar cualquier inversión futura”, explica Valdivia a Gestión.
El vocero de Capeco advierte que este reciente movimiento del Estado solo incrementa la inseguridad jurídica, ya que se suma a otro hecho similar conocido este mismo mes: el fallo del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro del peaje en Puente Piedra, administrado por Rutas de Lima.
Como contó Gestión, si bien el premier Gustavo Adrianzén lo considera un caso puntual, expertos ya comentaron que rompe el equilibro económico del acuerdo y podría salpicar en contratos similares a futuro. Si eso no fuese lo suficientemente preocupante, Valdivia también resalta que se vienen acumulando cuestionamientos a proyectos que han sido promovidos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G).
“Está, por ejemplo, el caso del Aeropuerto de Chinchero, donde el Gobierno a destinado más de S/ 500 millones para este año, pero presenta un bajo nivel de avance y una amenaza de paralización por discrepancias entre todos los actores, lo que retrasaría su inauguración para marzo del 2026″, señala.
A este caso, el vocero de Capeco agrega que habría ruidos en torno al G2G para la Nueva Carretera Central, luego de que se conociera que la empresa francesa, encargada de su construcción, tendría algunas acusaciones, según algunos medios.
“Por eso, en opinión de Capeco, el G2G solo debería usarse en proyectos muy especiales, donde no hay experiencia ingeniera peruana, como sería una central atómica o islas artificiales. Para cualquier otra obra, no es lógico. Incluso se podría cuestionar el resultado de la transferencia tecnológica”, refiere Valdivia.
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Oportunidades
A pesar de este clima aparentemente adverso para las inversiones en infraestructura, Capeco considera que Perú tiene dos grandes espacios, uno este mismo año, para disipar dudas sobre el compromiso del país con la inversión privada en su territorio.
“El Foro APEC, donde precisamente se pretende inaugurar el megapuerto (de Chancay) es una oportunidad para revertir la tendencia. Es una vitrina para difundir todo lo que tenemos: puerto de Chancay, Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y más”, indica Valdivia.
La otra chance, que tardará tres años en concretarse, es que Perú será sede de los Juegos Panamericanos 2027, lo que, a consideración de Capeco, da espacio para que el Gobierno replique decisiones que otros anfitriones tomaron en ediciones pasadas de ese y otros megaeventos deportivos regionales.
“Puede servir para rehabilitar zonas urbanas aledañas a la infraestructura deportiva ya existente del 2019. Eso se hizo en Cali (Panamericanos 1972) y en Medellín con la Villa Suramericana del 2010. Usaron ese proceso para recuperar barrios deteriorados y construir equipamientos de transporte y vivienda de alto valor, como teleféricos. Eso también genera empleo”, asegura Valdivia.
Al ser Lima la sede de los Panamericanos, pero también lugar de las principales inversiones en infraestructura del país, el vocero de Capeco anticipa que el megaevento deportivo podría ser el “punto culminante de un proceso transformador de la capital”.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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