Esta semana se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca derogar el Decreto Legislativo N° 1620. Este decreto que modificó la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento promulgada por el Gobierno a fines del 2023. De acuerdo con la iniciativa legislativa, la norma presentada por el Poder Ejecutivo permitiría la privatización del servicio de agua potable y saneamiento, pero ¿qué implicaría esta derogatoria?
Como se recuerda, la ley fue aprobada por el Poder Ejecutivo durante la delegación de facultades legislativas que le otorgó el Congreso el año pasado, principalmente con el fin de establecer una reforma estructural del sistema de agua potable y saneamiento a nivel nacional.
Entre las medidas planteadas en el decreto, se indica que las municipalidades provinciales tendrán la posibilidad de otorgar la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) suscribiendo contratos de explotación o concesión. Este punto ha generado cuestionamiento por parte de los congresistas, que recientemente interpelaron a la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, por estos planes de “privatización del agua”
Aunque la ministra del MVCS ya ha manifestado que no se busca privatizar el servicio de agua, sino que se espera impulsar participación público-privada para construir y poner en operación infraestructura que se requiere, como las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR), la propuesta que sigue generando controversia en el Congreso.
De acuerdo con el proyecto de ley que busca la derogatoria del decreto legislativo, las disposiciones del Gobierno repercuten negativamente en el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, y afirman que la concesión de las fuentes de agua afectará la sostenibilidad del abastecimiento de agua, la gestión de los recursos hídricos e inclusive colisionar con las normas de rango constitucional.
Tras conocerse el proyecto de derogación planteado por el congresista Luis Aragón, el MVCS reiteró a Gestión que no existe ninguna propuesta de privatizar las empresas de saneamiento, sino que, por el contrario, se busca fortalecerlas y darles las herramientas que permitan mejorar el servicio a la ciudadanía.
“Desde el MVCS estamos planteando reformas que nos permitan cerrar las brechas y llevar agua potable y saneamiento de calidad a todos los peruanos. El Reglamento del DL 1620 ya se encuentra pre-publicado hasta el 6 de junio para recibir todas las sugerencias, comentarios y aportes del público en general. Su elaboración contó con la participación de todas las EPS a nivel nacional, de SUNASS, de colegios profesionales, entre otros”, comentaron.
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¿Realmente se propone una privatización?
El ex titular del MVCS, Milton Von Hesse, señala que la iniciativa del Poder Legislativo solo muestra un discurso populista sin realmente conocer lo que se plantea en el sector de agua y saneamiento. Según explica, la propuesta del Ejecutivo lo que busca es darles la posibilidad a los municipios a que formen una alianza con el sector privado para mejorar la calidad del servicio, pero no los obliga a tomar esa opción.
“Este Decreto Legislativo no habla en ningún momento de privatización, privatizar significa vender activos del Estado al sector privado para que el privado para que se haga cargo de manera completa, eso no existe en ese decreto. No les obligan a nada (a las municipalidades)”, dijo a Gestión.
El ex ministro señala que al negar la posible participación del sector privado en la mejora de la prestación de servicios de agua y saneamiento, solo se logrará que continúen con los servicios de mala calidad que se observan en las EPS descentralizadas.
Con esto, se evitarían mejoras como las de Sedapal, que ha incorporado al sector privado en distintas etapas de la prestación del servicio, pues se apoya en plantas manejadas por el sector privado.
“Sedapal no trataría ni el 10% de sus aguas residuales que van al mar si es que no fuera porque tiene dos plantas de tratamiento de agua residuales que le dan ese servicio y que son administradas por el sector privado, tanto Taboada como la de La Chira. Sedapal tiene participación del sector privado en aproximadamente 60% a 70% de sus operaciones y gracias a eso es la que mejores indicadores de prestación de servicios de agua tiene respecto a las otras 49 EPS que hay en el país”, explicó.
Para el ex presidente de Sedapal, Francisco Dumler, el decreto legislativo no implica una privatización propiamente dicha, sino que es una manera de generar inversión en infraestructura que no podría generar el sector público.
Por ejemplo, indica, se abre la puerta de contratar con empresas privadas el servicio de desalinización en la costa que será necesario ante variables como el cambio climático y estrés hídrico. Esto, afirma, no se podría lograr con inversión solo pública.
“Si le dices hoy a Sedapal, toma S/ 100 millones o más y constrúyeme una desalinizadora, lo cierto es que no está en condiciones de abrir una planta de agua o de licitar una planta de agua y luego operarla porque no tiene la tecnología para procesar agua de mar. No hay forma de que metiéndole plata al sector público, a las empresas de agua, puedas lograr que esta operen eficientemente tecnologías que hoy necesitas para subsistir”, sostuvo.
Sin embargo, Dumler también advierte que aún queda pendiente que el Gobierno publique el reglamento del decreto legislativo para precisar cómo se daría la participación del sector privado en este sector.
“El reglamento es vital, sin una publicación del reglamento, sin haberlo discutido ampliamente, estamos entre una ley que no va a poder ser utilizada porque no hay cierto nivel de consenso”, agregó.
Von Hesse coincide en que estos aspectos sobre la participación de la inversión privada en la prestación de servicios de agua necesitan reglamentarse, lo cual podría tomar un tiempo más debido a que la norma implica una actualización total del decreto legislativo anterior.
Otras medidas incluidas en el nuevo decreto, y que podrían pausarse si se deroga, son la mejora en el proceso de fusión de EPS para poder tener más escala en la producción de agua y servicios, cambios en el sistema de subsidios cruzados en la tarifa, así como en el sistema tarifario a partir de mejorar la eficiencia del esquema de rebalanceo, lo cual estuvo en discusión con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
La Sunass ya se había mostrado en contra del decreto en el aspecto relacionado a los costos económicos y financiamiento de la prestación de los servicios. Aunque el MVCS indicaba que se necesitaba sincerar el esquema tarifario y el financiamiento, el regulador advertía un riesgo de injerencia política para fijar tarifas de agua.
Este medio contactó con la Sunass para conocer su posición respecto a la posible derogación del decreto legislativo y lo que implicaría para ellos, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
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