Barreras burocráticas que encarecen servicios aeroportuarios serán eliminadas el 2022, dice Indecopi

Julián Palacín Gutiérrez, presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), pondrá en agenda para el 2022 una política aérea nacional que garantice la defensa de los consumidores.

¿Qué implica una política aérea nacional? Explicó que se promoverá desde el Indecopi la libre competencia en el mercado aeroportuario y la eliminación de barreras burocráticas que encarecen estos servicios y ponen al país en desventaja respecto de otros aeropuertos de América Latina.

Manifestó que la institución, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, vela por la protección y defensa de los derechos de los consumidores en todo el Perú, conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Así, el funcionario respondió a los cuestionamientos de la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Leonie Roca, quien afirmó que las competencias del Indecopi no están relacionadas con el tema aeroportuario, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, los responsables de ello.

Palacín aseguró que, como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, puede manifestar su preocupación frente al anuncio de LAP, de construir solo un terminal aéreo para 18 millones de pasajeros anuales y no para 35 millones de pasajeros como se había anunciado.

Enfatizó que se debe garantizar la entrega de la segunda pista de aeropuerto internacional Jorge Chávez, y de 67 mangas de embarque y 20 para posiciones remotas, para mejorar la calidad del servicios que se brinda a los consumidores peruanos y extranjeros que a diario hacen uso del primer aeropuerto del país.

Conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Indecopi -dijo- puede coordinar con otras entidades del Estado que velan también por la protección de los consumidores y dar su opinión sobre temas relevantes que afectan la calidad de los servicios e impactan en los consumidores y usuarios, como es, en este caso, el cumplimiento del contrato de concesión entre Lima Airport Partners y el Estado peruano.