Baja calidad y altos costos, advierten impacto de sumar canales de señal abierta a la TV paga

El excongresista José Luis Luna Morales, hijo del congresista José Luna Gálvez, presentó el año pasado el Proyecto de Ley N° 6392/2020.

Este ha sido actualizado a pedido de Luna Gálvez, (Nº 966/2021-CR) y -segun dice- busca que todos los ciudadanos pueden acceder a los canales de televisión de “señal abierta”, aun cuando hayan contratado servicios de radiodifusión por cable, “garantizando el acceso a los contenidos e información local que se transmite en dichos medios”.

“La inclusión de los canales de señal abierta, dentro de la parrilla de canales transmitidos por cable, es fundamental porque, caso contrario el ciudadano, en este caso el usuario de los servicios de las radiodifusoras de cable, ve limitado su derecho de acceder a la programación ycontenido de estos canales de señal abierta, que es libre e incluso gratuita”, indica el documento.

Asimismo, precisa que “se afecta también el derecho de los anunciantes o los auspiciadores de estos medios de señal abierta, al no llegar con la potencia que corresponde, afectando también -en ese supuesto- al ciudadano, que no se le permite conocer la oferta publicitaria - e informativa- que se transmite en ella”.

Maryleana Mendez, secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), señala que los usuarios perderían calidad en los contenidos si es que se aprueba este proyecto, dado que “no hay una valoración sobre la calidad del contenido, pero el usuario podría perder la oferta por la cual adquirió el servicio, lo que afectaría directamente tanto al operador como al usuario de los servicios de TV paga y esto es algo que debe valorarse con mucho cuidado”.

Mientras que, a nivel técnico, podrían haber inconvenientes que harían inviable concretar la propuesta de Must Carry, ya que un servicio de televisión paga posee espacio para un número limitado de canales que varían en función del tipo de operador, ya sea el espectro de la señal de cable o la carga en el satélite.

En el Perú actualmente, “son 2103 estaciones de televisión autorizadas, eso significaría que podría estarse requiriendo que esa cantidad de programación se suban a los canales de televisión por paga, lo que hace prácticamente inviable desde la parte técnica, implementar este tipo de propuestas”, señala la secretaria general de Asiet.

Costos

¿Qué impacto tendría esta ley con las pequeñas operadoras? “Podrían hacerlas inviables desde el punto de vista de costos”, agrega.

“[¿Podrían dejar de existir?] Si, ya que su sostenibilidad podría verse comprometida, porque estas empresas pequeñas y en general todas las empresas de TV por suscripción, tienen muy acotados sus márgenes por la competencia que existe en otros mercados”, mencionó Mendez.

A dicha competencia se suman, los contenidos en línea y los contenidos obtenidos en piratería; “todos estos elementos hacen que los márgenes de los servicios de televisión por suscripción se vean muy ajustados, si a todo eso le sumas el costo asociado a llevar estos canales, en ciertas empresas podrían inviabilizarles el negocio”.

Para Erick Iriarte Ahon, socio principal de Iriarte & Asociados, si el proyecto de Luna Morales consigue luz verde, sí habría un impacto a la economía del consumidor de TV paga.

“Tendrá una doble afectación, una que posiblemente al tener restringido esos espacios van a dejar algún canal que pueda generar una diferencia competitiva, esto afecta directamente a la operación y si el operador va a requerir hacerlo si o si va a tener un impacto en los usuarios”, indicó.

“Pero también, al otro lado, los usuarios al no tener los contenidos que quería porque han tenido que colocar otros canales, van a dejar de usar directamente al operador y el operador va tener decrecimiento económico”, afirmó.

este proyecto afectaría la posibilidad de que el usuario escoja el contenido que le parezca relevante o al operador que más le guste, al contrario de ello, podría mandar al operador a que ponga o deje de emitir un contenido en base a su elección y eso puede verse como un tipo de censura.

“Si es que yo determino que ese contenido o ese canal no vaya en ese operador, puedo favorecer a otros que sí estén en la línea de lo que pienso, al final una herramienta de este tipo termina beneficiando a un gobierno autoritario que lo que busca es controlar a su población en base al contenido que quiere que acceda”, señala.

En su opinión, configura en tres los conflictos que generaría esta iniciativa: “un primer problema, es considerar que actualmente entre 40% y 50% de la conectividad de cable son informales, lo que significa que de por sí tenemos un mercado informal con alta piratería, que usurpa contenidos generado o pagado por otros con ciertas licencias”.

Un segundo problema -indica- se generará en los anunciantes, ya que en su afán por llegar a una población lo más larga posible, ya no encontrarán ese alcance nacional en los operadores de TV paga, por lo que ya no van a tener interés por utilizar ese operador de cable.

“Se suma un tercer problema ligado a los generadores de contenidos que pudieran estar interesados en ofrecer sus productos a través de operadores de cable, pero ya no podrán ingresar a la parrilla de contenidos por falta de espacio. En resumen, afectas a los usuarios, a los operadores y al ecosistema de generación de contenidos”.

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