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A fines del año pasado el Gobierno anunció que en marzo del 2020 se definiría el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), actualmente en S/ 930.
No obstante, la cuarentena por la llegada del coronavirus al Perú ha cambiado completamente el escenario económico, por lo que esta decisión sería postergada, estimaron analistas consultados por Gestión.pe.
Para el abogado laboralista Jorge Toyama resultaría contraproducente disponer de un alza de la RMV bajo la actual coyuntura, pues las micro y pequeñas empresas (mypes) son las que en su mayoría pagan el sueldo mínimo y vienen siendo las más afectadas por la cuarentena.
“Muchas de ellas están en el rubro servicios, uno de los más golpeados por la cuarentena. Elevar el mínimo en plena emergencia no es recomendable, sería un golpe de gracia para algunas empresas”, advirtió.
Toyama refirió que recién podría volver a evaluarse un alza de la RMV una vez que se reactiven todas las actividades económicas.
“Y esto ocurrirá seguramente recién en el segundo semestre; allí recién podría volver a empezar a hablarse de un aumento del sueldo mínimo”, anotó.
Por su parte el economista Kurt Burneo refirió que si bien el aumento de la RMV podría elevar el consumo privado, ello representaría una ayuda “marginal” para la economía, por lo que el Gobierno debería por ahora concentrarse en apoyar sobre todo a las mypes y evitar que se rompa la cadena de pagos.
“Hay otras opciones más potentes para reactivar la economía, en lugar del incremento de la RMV. Por ejemplo, con una política fiscal expansiva, mayor inversión pública, reducciones temporales de tasas de impuestos y subsidios focalizados”, señaló Burneo.
Por su parte Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), indicó que las conversaciones con el Ejecutivo sobre el incremento de la RMV han quedado paralizadas debido al periodo de emergencia nacional por el coronavirus.
Si bien el dirigente sindical evitó respaldar una posible postergación del alza de la RMV, refirió que la agenda de reactivación económica que se establezca implicaría costos a asumir por todas las partes: empresas, trabajadores y el Estado.