Las empresas y la corrupción, ¿cómplices o enemigos?

Los audios recientemente publicados han destapado una red de corrupción que a muchos nos ha hecho recordar un Perú de hace, casi ya, 20 años. Un Perú que en pleno resurgimiento tuvo que atravesar una crisis política que generó retrocesos y que firmemente creímos no era posible volver a vivir.

Hoy, a dos años del bicentenario, nos damos cuenta que la historia se repite, en el 2016 hemos perdido cerca de 12.500 millones de soles por la corrupción, lo que equivale a construir 72 hospitales, generar 200 mil puestos de trabajo, construir 360 colegios o contratar 72 mil médicos.

Viendo la situación actual, es necesario preguntarnos si las empresas serán cómplices de la corrupción o agentes de cambio, agentes que ayuden a la lucha contra esta lacra pegajosa que no nos permite crecer ni como organizaciones, ni como sector, ni como país.

Con miras a continuar creciendo, nuestro país manifestó interés en formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye a los países más desarrollados a nivel mundial. Sin embargo, uno de los requisitos para formar parte de esta organización es, irónicamente,  contar con prácticas anticorrupción establecidas tanto para el sector público, como para el privado.

En este sentido, en el 2017 se implementó el decreto legislativo 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas; y que exige a las empresas hacerse responsables de los casos de corrupción ejecutados por su personal, tipificando los posibles delitos relacionados a la corrupción a nivel empresarial y estableciendo sancione que pueden llegar a multas de hasta 40 millones de soles. Hace unos días se le dio  30 días al Poder Ejecutivo, para reglamentar esta ley.

Y cuando hablamos de los posibles delitos relacionados a la corrupción a nivel empresarial, no solo nos referimos a las ya conocidas “coimas”, sino que también tipifica el cohecho activo específico -soborno que da un funcionario público con capacidad de decisión que beneficie a un corruptor-, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Como empresarios, ya es necesario tomar cartas en el asunto para prevenir que estos actos de corrupción ocurran y proteger a la empresa ante la posibilidad de que alguno de sus integrantes participe de alguno de ellos. Por ello, se deben implementar en las empresas un sistema de compliance, en el cual se establecen mecanismos de control y prevención de prácticas corruptas que debería contener al menos los siguientes elementos:

• Una identificación y evaluación de riesgos de corrupción
• Un código de conducta, instrumento de gestión que establece reglas específicas para perfilar las prácticas y comportamientos específicos que deben ser alentados o prohibidos en una organización en base a su declaración de valores, principios y creencias
• Un programa de capacitaciones periódico para asegurar que todos y todas los integrantes de la empresa conozcan y comprendan este código
• Una línea anónima de denuncias y garantía de protección a denunciantes
• Un comité de ética que revise las denuncias
• Un encargado/a de prevención
• Un sistema de  monitoreo y evaluación del sistema.

La corrupción no solo afecta la competitividad en el país, sino que además afecta también al sector privado, quitando la oportunidad de generar un mercado más competitivo, e incluso, generando sobrecostos dentro de la misma organización por la selección de proveedores “a dedo”, pérdida en la reputación; lo que impacta directamente en el valor de la empresa, la cancelación de licencias y hasta la disolución de la propia empresa según las sanciones establecidas en el DL 1352.

Localmente, se han visto casos en los que, tras haberse conocido públicamente la participación de la empresa en actos de corrupción, se ha generado la cancelación de varios contratos por políticas éticas de sus clientes, la reducción de oportunidades de atracción de nuevas inversiones y sobre todo, importantes disminuciones en el valor de sus acciones.

Por lo tanto, es necesario decidir de una vez si las empresas tomaremos la gestión anticorrupción como un tema personal y comenzaremos a trabajar en un verdadero y coherente crecimiento sostenible.