El costo de esperar a que el riesgo esté documentado

Por Luciana Chang Vásquez, estudiante de Derecho de la Universidad del Pacífico.

El riesgo no siempre espera a que el Estado encuentre la forma de medirlo. En materia de violencia, esta tensión puede ser determinante: ¿qué ocurre cuando un juzgado de familia debe otorgar una medida de protección, pero la herramienta utilizada para valorar el riesgo no contempla el caso concreto? La respuesta no es meramente procesal. Puede definir si una persona recibe protección a tiempo o si debe esperar a que el riesgo quede formalmente acreditado.

Pensemos en una trabajadora que denuncia a su jefe por amenazas o conductas violentas, o en una mujer adulta víctima de violencia ejercida por su hermano adulto. En ambos casos pueden existir circunstancias que evidencien un riesgo y, sin embargo, no existir una ficha de valoración diseñada específicamente para esas situaciones. ¿Significa eso que el riesgo no existe? No necesariamente. Puede significar, simplemente, que el instrumento utilizado para medirlo tiene límites.

La ficha de valoración de riesgo es una herramienta técnica que permite identificar el nivel de riesgo y orientar al juez en la adopción de medidas de protección. Su importancia ha sido reconocida por la jurisprudencia, pero también se ha establecido que no constituye el único elemento que debe considerarse. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad señaló, en 2019, que la ficha debe analizarse junto con los demás elementos del caso. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional estableció en 2020 que, al dictar medidas de protección, deben evaluarse el riesgo, la necesidad de protección, la urgencia y el peligro en la demora.

Precisamente ahí aparece un problema que trasciende el ámbito jurídico. Las fichas permiten ordenar y clasificar situaciones de riesgo, pero la realidad no siempre encaja en los supuestos para los que fueron diseñadas. Cuando eso ocurre, el problema ya no consiste únicamente en determinar cómo proteger jurídicamente a la víctima. También implica decidir cómo debe actuar una institución pública frente a un riesgo que existe, aunque no pueda ser registrado de manera perfecta por sus herramientas.

Toda institución necesita mecanismos que le permitan medir, clasificar y priorizar riesgos. Los recursos son limitados y las decisiones deben adoptarse con criterios objetivos. Sin embargo, el problema aparece cuando la herramienta deja de ser un medio para decidir y se convierte en una condición para actuar.

Que un riesgo no pueda ser medido mediante una determinada ficha no significa que deje de existir. Esperar a contar con toda la información o con el instrumento específico puede parecer una decisión formalmente más segura. Pero no actuar también tiene un costo.

Si una situación de riesgo se materializa sin que se hayan adoptado oportunamente medidas de protección, la respuesta posterior puede exigir mayores recursos públicos: asistencia social, atención médica, carga procesal e intervención policial. En ese sentido, no intervenir oportunamente únicamente porque no existe una ficha aplicable también genera un costo para el Estado y, sobre todo, para la víctima.

Una gestión eficiente del riesgo no consiste en eliminar procedimientos ni en prescindir de herramientas de medición. Consiste en utilizarlas correctamente, reconocer sus límites y complementarlas con los demás elementos de convicción disponibles. La eficiencia de una institución pública no debería medirse solo por el cumplimiento de sus procedimientos, sino también por su capacidad para prevenir que un riesgo previsible termine materializándose y produzca un daño mayor.

Volvamos, entonces, a la trabajadora amenazada por su jefe o a la mujer adulta víctima de violencia ejercida por su hermano. Que sus situaciones no encajen en una ficha de valoración no hace que el peligro desaparezca. La ficha debe ayudar a identificar el riesgo, no definirlo por completo.

El riesgo no desaparece cuando no hay un formulario que pueda registrarlo. Y un Estado verdaderamente eficiente no debería esperar a que el peligro quede perfectamente documentado para empezar a prevenirlo.