Río Chillón: el lamento que no todos oyen

Rodrigo Dario Oblitas, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico

Hace un tiempo, se compartió en redes sociales un reportaje en el que se expuso la deplorable condición del curso bajo y la desembocadura del río Chillón. Este, el segundo más importante de la capital, se ha convertido, en la cotidianidad, en un botadero público. Abundancia de desechos industriales, alta presencia bacteriana y distintos residuos orgánicos son solo algunas de las evidencias más impactantes. Dicho esto, es pertinente preguntar qué incentivos dieron pie a esta triste realidad y cuáles son sus implicancias.

En primer lugar, cabe precisar que los ríos brindan, naturalmente, ciertos beneficios llamados servicios ecosistémicos, los cuales pueden ser aprovechados por la sociedad. Uno de estos, el de regulación, mediante el que los procesos ecológicos del ecosistema ayudan a paliar daños en el ambiente, se ha visto drásticamente sobreexplotado por acción humana. Dada esta capacidad del río –que evidentemente ha sido desfasada- y que el mismo es tratado como un recurso al cual se tiene libre acceso, resulta notoriamente menos costoso deshacerse de la basura que generan las familias y empresas allí que lo que implicaría, por ejemplo, un tratamiento de la misma.

Ahondando en el trasfondo de esta conducta, es relevante señalar que no se suele incluir el valor de la pérdida económica, generada por los daños al ecosistema, en el balance de utilidad percibida por consumidores y productores y, por ende, los costos necesarios de una adecuada eliminación de residuos son ignorados. Por esto último, la cantidad de bienes producidos y consumidos es mayor y excede a lo eficiente para la sociedad, generando el efecto colateral de aumento de desechos. Este perjuicio se vuelve cada vez más notorio con la proliferación de actividades económicas y crecimiento urbano en los alrededores del río.

En este escenario, se hace hincapié en la responsabilidad del gobierno en todos sus niveles, desde los ministerios hasta los municipios locales, y su falta de capacidad para dar solución efectiva a esta problemática a través de un plan sustituto rentable para el recojo y tratamiento de residuos de la comunidad. Del mismo modo, la ineficacia de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es un agravante significativo: los efluentes líquidos contaminantes se unen al Chillón sin tratamiento alguno.

Las repercusiones de la contaminación en el río, al igual que las causas, pueden ser analizadas desde un punto de vista económico. Una de estas es el agotamiento del recurso hídrico. La sobreexplotación ha llegado al punto de corroer anteriores usos del río: el curso bajo del Chillón no puede ser empleado como una fuente directa de provisión de agua, a diferencia de hace medio siglo, cuando era usada, por ejemplo, en el lavado de ropa de los hogares. Igualmente, estas aguas tampoco pueden ser empleadas para actividades económicas. Esto implica necesariamente un sobrecosto al buscar fuentes alternativas de agua más lejanas y/o más caras.

Otra consecuencia negativa es el daño a la salud. Se han presentado casos de infecciones estomacales en colegios, así como en adultos que habitan en los asentamientos aledaños a la parte baja del Chillón, debido al contacto con sus contaminantes. Más allá de los gastos en atención médica y medicinas que podrían evitarse, este perjuicio impacta en el capital humano: los adultos disminuyen su productividad en sus labores y los niños dejan de asistir de clases, afectando los ingresos en estas familias.

En suma, dentro de los incentivos económicos partícipes del detrimento del Chillón en sus secciones bajas, se destacan la facilidad de deshacerse gratuitamente de los desechos generados por la industria y por la comunidad, además de la falta de consciencia del valor económico del ecosistema y los servicios que provee. Mientras el urbanismo, el comercio, y las industrias siguen proliferando por la zona, el oportunismo en pos de reducir costos, pero también la necesidad imperiosa de deshacerse de los residuos, siguen agravando la situación, pero como repetía Friedman, “no hay lonche gratis”. Por ello, se han ido perdiendo servicios ecosistémicos del río y la cercanía a los contaminantes ha tenido impactos negativos en la salud, perjudicando la economía de las familias ya de por sí, muy pobres.

Pese a que faltan aún dos años para la ejecución del plan de desvío de aguas contaminadas hacia la PTAR de Taboada, eso no significa que solo queda esperar. Es deber gubernamental educar a la población y a la industria de la importancia de preservar el medio ambiente y sus beneficios, además de modificar sus sistemas de recojo y eliminación de desechos para que se muestren más convenientes a la participación ciudadana y empresarial. Así también, debe haber un trabajo de fiscalización más severo con el accionar social, puesto que, como indica la teoría de las ventanas rotas, mantener un ambiente en condiciones de orden y saneamiento adecuados es un primer paso para poder ampliar las perspectivas del progreso.