La primavera chilena y el nuevo Congreso peruano

Bruno Herrera, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico

¿Existe relación entre las protestas en Chile y el nuevo Congreso peruano?  El conflicto social abierto que ocurre en el vecino país del sur vuelve a ser objeto de debate luego de las recientes elecciones congresales extraordinarias. Al parecer, algunos indicadores económicos pudieron haber anticipado ambos eventos. Pese a la incertidumbre, responder esta pregunta nos ofrece ciertas luces sobre posibles propuestas de cara a la nueva dinámica política de ambos países.

Perú y Chile: un parecido incómodo

Según los cálculos del coeficiente de Gini provistos por la CEPAL, el CEDLAS y el Banco Mundial, se puede establecer que el Perú, según los criterios del indicador, es un país con menor desigualdad que Chile. Sin embargo, un análisis posterior del cálculo del CEPAL (2017) del coeficiente de Gini de ambos países entre los años 2011-2016 demuestra una diferencia promedio de apenas 0.004 con tendencia a converger. Si bien otras estimaciones arrojan una diferencial menos preocupante, todas indican que comparten dos características que los exponen a crisis sociales: ralentización de la reducción de la desigualdad y, en ciertos intervalos, un aumento del coeficiente en cuestión. En este último punto, el Perú resulta tener el mayor incremento del coeficiente para el periodo 2014-2016 de los países sudamericanos estudiados, según CEPAL.

Por otra parte, el fin del boom de las materias primas hacia el 2014 marcó también el fin de un periodo de relativo apogeo económico para las dos naciones. Ninguna de las dos pudo reinventar sus economías y ambas crecieron a un ritmo bastante menor que en años previos. Según García y Pérez (2017), analistas del Banco Central de Chile, es posible la existencia de un importante vínculo entre las caídas del producto, las crisis del ciclo económico y el aumento de la desigualdad, siendo el crecimiento una base necesaria para, por lo menos, garantizar la estabilidad del Gini. Para el economista peruano Carlos Parodi Trece (2019), dicho nexo dejaría ser materia de especulación a la luz de las cifras que evidencian una relación directamente proporcional entre ambos.

Muchos expertos en la materia indican que los sucesos de Chile no corresponden a una manifestación en contra de una desigualdad crónica, sino más bien a una reacción ante la desaceleración de la reducción de dicha desigualdad y la vulnerabilidad de gran parte de la población a perder el estatus económico adquirido. Los chilenos percibían, cada vez más, una amenaza que se cernía sobre sus familias y sus empresas; entonces, bastó un insignificante aumento del precio del transporte para cruzar el umbral de su tolerancia.

¿Se podría decir entonces que lo de Chile estaba anunciado por el Gini? La historia, muchas veces, sorprende por su inminencia, pero también por su excepcionalidad. El caso chileno responde tanto a los indicadores económicos como a muchos otros factores de distinto orden que se conjugaron un 18 de octubre y abrieron a un episodio histórico que aún no ha terminado. Utilizar un indicador económico como predictor de conflictos sociales es positivo, pero en extremo insuficiente. Por supuesto, omitir las banderas rojas que levantan ese tipo de señales constituye una negligencia mucho mayor.

El estallido social peruano: ¿cuestión de tiempo?

La vertiginosidad de los eventos ocurridos en el país del sur originó una serie de cuestionamientos sobre la posibilidad de una convulsión similar en el Perú. Si tomamos la evolución del desempeño de los indicadores de desigualdad como referencia, la pregunta no hablaría acerca de si tal estallido se daría, sino cuándo. En tal sentido, el cierre del congreso, ocurrido días antes del inicio de la Revolución de los 30 pesos, fungió como una válvula de escape providencial que evitó movilizaciones similares a nivel nacional. Pese a ello, la suspensión del parlamento debió entenderse como una medida provisional y no final. Las reacciones al cierre del Congreso por parte de los partidos políticos tradicionales y, sobre todo, un sector del empresariado peruano, perjudicaron mucho su posición ante el electorado. Los resultados de las recientes elecciones congresales extraordinarias dan cuenta de un giro radical y antisistema de una buena parte de la población. Básicamente, una antesala a lo que podría ser una asamblea constituyente en Chile, o- por qué no- las elecciones generales del 2021.

Por todo esto, la idea de un estallido social en el Perú no solo se podría identificar como cercana, sino como acontecida. Aun cuando no fuimos testigos de masivas marchas, episodios de violencia o la convocatoria a una consulta popular, sí asistimos al volcamiento de un vasto sentimiento de insatisfacción a las urnas. Así pues, el sufragio también ha de interpretarse como un instrumento de protesta y la composición del nuevo congreso, como el resultado de la desatención del Estado al problema de fondo: el económico. En esa línea, muchos de los virtuales congresistas para el periodo 2020-2021 se caracterizan por un discurso efectista (de mano dura, si se quiere) y no podría ser de otro modo pues gran parte de población exige mejoras inmediatas en sus circunstancias microeconómicas. En la ciencia de lo que se ve y no se ve, el Estado parece no haber visto nada.

Un chivo expiatorio para la desigualdad

Naturalmente, el clamor por el cierre de la brecha de desigualdad económica en el Perú es más intenso en una de sus facetas más cotidianas: la seguridad. La solución radica en el hallazgo de una alternativa al modelo de crecimiento económico que, en su momento, permitió una mejora significativa en términos de la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero que, por sus inherentes particularidades, es incapaz de repetir dichos resultados en la actualidad. No obstante, la experiencia chilena y el desarrollo político peruano en los próximos 24 meses advierten la necesidad de evitar una amenaza mayor como podría ser la reversión de los principios macroeconómicos que permiten mantener los indicadores económicos en positivo. No capitular ante las voces que promueven tal retroceso requiere de una voluntad excepcional para introducir las reformas necesarias para reactivar la economía y perseverar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, el Ejecutivo parece haber esperado el desenlace de los comicios para disponerse a la ofensiva con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Ojalá nuestra nueva representación sea esa luz al final del túnel y no un tren en sentido contrario.