Módulos Temas Día

Riesgos Financieros Gregorio Belaunde Gregorio Belaunde

Continuidad Operativa de la Lucha Anti-Corrupción

En diferentes posts, incluyendo uno reciente sobre el problema de la corrupción y el riesgo país, he tenido la oportunidad de mencionar cómo al mismo tiempo la corrupción era no sólo un tema ético o económico (que puede alejar a inversionistas extranjeros y hasta frenar a la inversión local), sino también un tema de seguridad nacional, puesto que ésta favorece a las diferentes formas de crimen organizado, enemigos mortales del país. También es un tema clave para la sostenibilidad de la calidad de nuestro riesgo país.

En diferentes posts, incluyendo uno reciente sobre el problema de la corrupción y el riesgo país, he tenido la oportunidad de mencionar cómo al mismo tiempo la corrupción era no sólo un tema ético o económico (que puede alejar a inversionistas extranjeros y hasta frenar a la inversión local), sino también un tema de seguridad nacional, puesto que ésta favorece a las diferentes formas de crimen organizado, enemigos mortales del país. También es un tema clave para la sostenibilidad de la calidad de nuestro riesgo país.

Por ello, en el último post sobre los Activos Críticos Nacionales (ACN), mencioné la importancia de todas las entidades que tengan que ver con la lucha anti-corrupción (como la Contraloría, la UIF, el Ministerio Público…) y de sus bases de datos. Ello por supuesto incluye a los juzgados especializados en este tema y otros conexos.

 

Es por todo esto esencial que dichas entidades dispongan de una buena Gestión de la Continuidad Operativa, como deberían hacerlo todas las entidades públicas, tal como lo ordena el PLANAGERD 2014-2021.

 

Y al mismo tiempo, que no sufran ataques internos o externos que atenten contra su Continuidad Operativa.

 

En lo que respecta al primer punto:

 

. dichas entidades pueden inspirarse en los Lineamientos emitidos por la PCM en la R.M. 028-2015-PCM del 5 de febrero del 2015, emitidos en aplicación del PLANAGERD 2014-2021 y de manera más general de la normativa del SINAGERD (sistema nacional de gestión de riesgo de desastres); pero como ya sabemos, los desastres no son la única amenaza para la Continuidad Operativa de una institución; y los que recuerdan lo que le pasó al Banco de la Nación en el 2000, así como los años del Terrorismo, y para los más memoriosos, los eventos del 5 de febrero de 1975, lo saben muy bien

 

. debe quedar claro que estas instituciones y sus infraestructuras físicas y tecnológicas, su acervo documentario, así como el personal clave a cargo de las investigaciones más delicadas (casos de corrupción, pero también de lavado de activos, de narcotráfico y otras formas de crimen organizado, terrorismo…) también deberían ser considerados como Activos Críticos Nacionales, porque lo son, y la norma al respecto contiene el acierto de no establecer una lista limitativa.

 

En lo que respecta al segundo punto:

 

. “ataques internos” significa lo siguiente: cuando personajes que llegan a posiciones de poder dentro de dichas instituciones pero que no están realmente comprometidos con la lucha anti-corrupción, sino que buscan más bien cubrir actos corruptos de algunos en particular ( o usan a sus instituciones para perseguir a inocentes, por intereses políticos o algún otro interés subalterno), se las arreglan de diferentes maneras para que las investigaciones que se efectúen se vean interrumpidas (por oportunos cambios de puesto, o admisión de denuncias espurias contra los investigadores, por ejemplo); ese es también un factor de “discontinuidad operativa”, pero organizada desde adentro

 

. “ataques externos” significa no sólo ciertas amenazas clásicas para la continuidad operativa (ataques cibernéticos, actos de violencia contra los locales o contra miembros de dichas instituciones que pueden ir hasta el asesinato), sino también acciones de parte de otros Poderes del Estado u otras entidades autónomas tendientes a “sacar del camino” a funcionarios probos que están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, a través de acusaciones o denuncias espurias, o a través de no renovación de sus nombramientos a pesar de sus méritos (una variante, asegurarse de que no ganen los concursos para alguna merecida promoción, generando desánimo que lleva a la renuncia de personas de gran calidad); esos son también factores de discontinuidad operativa, pues lo que se busca con eso es generar un caos organizacional que interrumpa investigaciones o disminuir la proporción de personal muy preparado, lo que puede afectar a investigaciones importantes también; además se puede llegar a un “desbarajuste institucional generalizado” donde todas las instituciones son afectadas.

 

Frente a estos riesgos para la continuidad operativa de la lucha anti-corrupción, algunas recomendaciones :

 

. no dejar para más tarde la implementación en serio de la gestión de la continuidad operativa en sus instituciones; cosas como la verificación de la solidez anti-sísmica de los locales (y medidas correctivas urgentes de ser necesario), la búsqueda e implementación de sedes alternas, sistemas de back-ups de contingencia de la data y aplicativos esenciales, digitalización de los expedientes, ensayos y pruebas periódicos de continuidad operativa para el personal clave, etc., deberían ser cosa de todos los días, y para eso están también las áreas administrativas de apoyo; varias entidades de cooperación y desarrollo ya prestan asistencia técnica para algunos de estos temas, aunque sea desde otro enfoque, pero ello debería intensificarse con un énfasis adicional en estos aspectos; nunca hay que olvidar a la asistencia técnica de las más prestigiosas instituciones de cooperación y desarrollo;

 

. la llegada y permanencia al más alto nivel (como en el caso del titular actual de la Fiscalía de la Nación), pero también a todos los niveles jerárquicos, del personal más idóneo y comprometido, debe ser asegurada; ya sabemos que no siempre ha sido el caso. Es ahí que requisitos y procedimientos muy exigentes para el nombramiento del titular de la Contraloría, el mantenimiento de los altos niveles meritocráticos de la SBS (de la que depende la UIF), y la composición de una institución clave como el Consejo Nacional de la Magistratura son absolutamente esenciales. En el caso de este último, hay consenso en que es necesaria una reforma, pero la idea de un rol más fuerte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo no me parece acertada, por el riesgo de mayor politización. En este caso, propondría más bien, a partir de un enfoque basado en gestión de riesgos, algo que tal vez seguramente requiera de una reforma constitucional: que sus miembros sean exclusivamente designados por un grupo de instituciones de la sociedad civil de alto prestigio internacional, puesto que el recurso a colegios profesionales no parece estar funcionando bien; y seamos positivos, acá tenemos a algunas, como a Proética (el Capítulo Peruano de Transparency International, que lucha contra la corrupción en todo el Mundo), el Instituto Libertad y Democracia (que promueve la seguridad jurídica y contractual en muchos países), el Instituto de Defensa Legal (de reconocida trayectoria en la defensa de personas vulnerables y en la investigación a la corrupción), el CIES-Consorcio de Investigación Económica y Social (que agrupa a gran parte de nuestros mejores “think-tanks” de todas las sensibilidades), la Asociación Civil Transparencia (presidida por nuestro reconocido diplomático Allan Wagner). Con estas ya tenemos a 5. Ello significaría un CNM de sólo 5 miembros, pero una buena manera de reducirle la carga de trabajo es que se suprima ese sistema de “ratificaciones” periódicas que más parece hecho para amedrentar (con poder sacar a los que lo merezcan basta); y sino que sean 10 con voz preponderante del presidente para el “desempate”. Me pregunto si la elección de magistrados constitucionales no debería pasar por ahí también (por lo menos como filtro previo para los “designables”).

 

. finalmente, frente a lo que llamaría las “amenazas institucionales externas”, repito lo que he planteado en el post sobre la corrupción y el riesgo país. Y lo hago planteándolo desde la perspectiva de la gestión del propio riesgo país. Lo que estamos viviendo actualmente, a partir de Lava Jato obviamente, pero además de los trastornos provocados por la incapacidad de nuestro país de adoptar reglas de financiamiento político que no dejen el más mínimo espacio al dinero sucio o “interesado”, es una crisis de altísimo calibre, que nos está haciendo retroceder en varios indicadores internacionales, y está afectando a la inversión nacional privada y pública y a toda la institucionalidad política. Esto está alcanzando niveles en que ya no se puede estar seguro de que nuestra reconocida solidez fiscal, algo amenazada por diferentes factores, sea suficiente para que mantengamos nuestras buenas notas de deuda soberana. Estamos frente a una verdadera crisis de la calidad de nuestro riesgo país, lo que observadores externos sí están notando, y que en el Perú se trata, estilo “avestruz con la cabeza en la arena”, o “pensamiento mágico”, de no ver. Sí existe un verdadero peligro de perder gran parte de lo avanzado, a pesar de grandes tropiezos y altibajos, durante todos estos últimos 27 años. En gran parte porque eso está alimentando además una “espiral mental negativa”, según la cual todo estaría mal y hecho un desastre, y podríamos terminar con la llegada al poder de algo peor como lo anotó acertadamente Carlos E. Paredes en una columna en Gestión hace unas semanas. Por otro lado, la tarea que tienen por delante el Ministerio Público y el Poder Judicial es absolutamente titánica, y tiene que poder hacerse de la mejor manera, sin dar lugar a cuestionamientos posteriores que debiliten a la lucha anti-corrupción o a acciones que provoquen innecesariamente quiebras y rupturas de la cadena de pagos. Es urgente asistencia internacional de altísimo nivel para hacer frente a esta crisis, tenemos que ser humildes, solos no podemos. Entonces repito la propuesta: que el Presidente de la República, el del Ministerio Público y el del Poder Judicial pidan conjuntamente a las Naciones Unidas la creación de una entidad similar al CICIG en Guatemala para apoyar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Algunos podrían alegar que eso sería una “pérdida de soberanía”: en realidad son pretextos que sonarían igual a lo que dicen los peores regímenes cleptocráticos y autoritarios cuando quieren seguir haciendo lo que les da la gana impunemente. ¿Acaso “pierden su soberanía” Estados que admiten fácilmente verdaderos observadores internacionales en sus elecciones o que tienen instancias supranacionales para ciertos temas como en Europa o que recurren sinceramente a organismos internacionales reconocidos para resolver una seria crisis interna o bilateral? Al contrario, es un signo inconfundible de cierta madurez institucional o de verdadera voluntad de llegar a ella si todavía no se la tiene. 

 

 

Leer comentarios ( )