Supervisión y Regulación Financiera: ¿Rentabilidad de las Entidades vs. Protección del Consumidor? (II)

En el último post habíamos explicado por qué era erróneo oponer la rentabilidad de las entidades financieras a la protección del consumidor. Era necesaria esa aclaración porque en muchos círculos es común esa confusión, que puede llevar a medidas equivocadas, que pueden terminar afectando la estabilidad financiera. No estaría de más entender un poco más al detalle cómo se construye la rentabilidad de una empresa del sector financiero y cómo esta puede ser afectada por ciertas medidas, amenazando incluso su sostenibilidad de largo plazo.

 Explicaremos estas nociones de la manera más simplificada posible, sabiendo que no es fácil, porque las cuentas resumidas de las empresas del sector financiero son presentadas de varias maneras según los países o los documentos publicados  y no son fáciles de interpretar. Me disculparán aquellos que están acostumbrados a usar unos términos  más que otros, o que quisieran mayor nivel de detalle aùn.

 Para empezar, una entidad financiera genera ingresos financieros, que son básicamente los intereses que cobra a sus deudores; pero al mismo tiempo genera gastos financieros, que son básicamente los intereses que paga a sus acreedores (otras entidades que le hacen crédito o inversionistas en sus bonos, pero sobre todo los intereses que paga a sus depositantes). A la diferencia entre los dos se le suele llamar el margen financiero bruto. Como ya se habrán dado cuenta, si a una entidad se le impone que no cobre más de cierta tasa de interés, lo que se llama “topes a la tasa de interés”, se le puede generar un problema, sobre todo si el nivel de intereses que está pagando es relativamente alto; y ya se ha visto en el pasado a gobiernos que imponían a los bancos trabajar con márgenes financieros casi nulos. Algunos dirán: sí, pero en el Perú ese margen es uno de los más altos del mundo. Es bastante cierto, pero sigamos con la explicación, sin olvidar lo que ese margen debe permitir cubrir, y que la realidad de cada país es diferente.

 Además de ese margen financiero, la empresa genera ingresos por servicios financieros, básicamente las llamadas comisiones, que a veces obligan a pagar comisiones a terceros, por lo que se habla de comisiones netas. El margen financiero bruto más las comisiones netas, es llamado según los países el producto bancario neto, o la utilidad (o rentabilidad) operativa bruta. Como también entenderán, si se le dice a una entidad que no cobre ciertas comisiones, que sin embargo corresponden a servicios que tienen un costo no sólo directo como el mencionado, sino toda una serie de costos que veremos más abajo, puede generarse un problema. Y si se dice que estas comisiones son muy altas, se está viendo sólo una parte del asunto. Veamos lo que sigue.

 Para poder generar todo este margen financiero bruto y estas comisiones (por ejemplo las relativas a tarjetas de débito y crédito), es decir esta utilidad operativa bruta, la entidad financiera no lo saca del aire: tiene toda una red de oficinas para captar depósitos y distribuir créditos, además de una sede central, que puede incluir sedes anexas como un centro de cómputo, que presta servicios al conjunto de la entidad. Y eso significa gastos de personal, así como gastos por servicios de terceros (como alquileres y todo tipo de compras y servicios necesarios para funcionar y fabricar los créditos y productos y servicios que distribuye) y contribuciones ligadas a estos gastos. Es lo que se suele llamar gastos administrativos. Pues bien, estos pueden ser relativamente muy elevados, sobre todo si se está en países donde la conectividad vial es relativamente mala, o donde la misma geografía es difícil, y peor aún cuando se hace crédito a muchas empresas que requieren un seguimiento muy individualizado. Se dice que el costo de distribución es alto. Por eso es que en países como el Perú, el crédito a las Mypes es relativamente costoso en términos de gastos administrativos, lo que obliga a las microfinancieras a tener márgenes más elevados aún, para que su utilidad operativa bruta no sea devorada por los gastos administrativos. Desgraciadamente ahora se ve cómo varias entidades microfinancieras que ven sus márgenes bajar fuertemente por una competencia cada vez más dura en ciertas plazas, ya están trabajando casi a pérdida. Cuando esos gastos administrativos son muy elevados respecto de la utilidad operativa bruta, se dice que la entidad tiene niveles de eficiencia bajos (hay otros ratios como créditos o depósitos por empleado). Imaginen si se limita los márgenes y las comisiones a entidades que tienen gastos administrativos estructuralmente altos por el tipo de créditos que hacen.

 Pero lo que la utilidad operativa bruta debe cubrir no termina ahí: cuando se hace crédito, se toma riesgo crediticio, y el riesgo cero no existe. La entidad va a tener un cierto nivel de créditos impagos, y los reguladores así como la simple prudencia, obligan a hacer provisiones por créditos, que se hacen para prever por adelantado las pérdidas que se va a tener por esos créditos impagos o “morosos”. Esas provisiones suelen ser comparadas en stock a la cartera crediticia de la entidad, o en flujo anual con la cartera crediticia promedio del año (costo del riesgo). Y también al margen financiero bruto: si este último es consumido de manera elevada por las provisiones, ¡cuidado!, pues se podría estar cobrando un margen insuficiente respecto del nivel de riesgo que se está tomando. En ciertos tipos de créditos, como en las Mypes y en el de consumo, es natural que el riesgo sea bastante elevado, sobre todo en países donde el ingreso promedio de la mayoría de los clientes es relativamente bajo y/o poco estable y donde las Mypes son poco rentables, al trabajar en la informalidad y con baja productividad.

 Entonces imaginen si se baja artificialmente a esas entidades su utilidad operativa bruta, mediante diferentes medidas restrictivas a las tasas de interés o a las comisiones. Si ya con una competencia exacerbada se está viendo las consecuencias, eso da como para pensarlo dos veces. Pero hay gente que ignora estas realidades, y quisiera imponer reglas típicas de países donde el nivel de ingreso promedio es relativamente elevado, donde la economía es muy mayoritariamente formal, donde la conectividad es buena y los desafíos geográficos son menores.

 Y el asunto no termina ahí, porque para llegar a la utilidad (o pèrdida) neta, o resultado neto, además hay que descontar las cargas calculadas sobre los activos como son la depreciación y amortización (un inmueble o equipo de oficina se deprecia, y las normas obligan a calcularlo porque tarde o temprano se tendrá que renovarlo/reemplazarlo), más una serie de pérdidas excepcionales que se puede hacer (por ejemplo por juicios o por pérdidas cambiarias), más el impuesto a la renta a pagar.

 Conclusión

 Espero que con estas explicaciones hayan podido entender que hay que tener mucho cuidado con ciertas propuestas de medidas destinadas a bajar los márgenes o las comisiones de las entidades financieras. No es por nada que países desarrollados que han buscado hacer bajar el costo de crédito a la MiPymes han recurrido a subsidios parciales de la tasa de interés, para no poner en peligro la viabilidad de sus entidades financieras; sobre todo porque en muchos de ellos hay topes a las tasas de interés, que por el tipo de economía y de profundización financiera que tienen, pueden permitirse (pues las entidades financieras tienen mayores “economías de escala”). Hay que tomar en cuenta nuestra realidad, que incluye además una “prima de riesgo” adicional generada por las debilidades institucionales,  una historia aún reciente de inestabilidad política y financiera,  y por una exposición relativamente alta a los desastres naturales, hechos que pueden provocar en todo momento una brusca elevación de las provisiones. Ello no impide para nada corregir los abusos, cuando los hay, con las normas de protección del consumidor apropiadas; tampoco impide preguntarse sobre el nivel altísimo de ciertas tasas de interés que se ven, y examinar el problema más de cerca: puede tratarse de tasas realmente usurarias, pero también de tasas que resultan difíciles de evitar si los préstamos que se hacen son de muy alto riesgo; el problema del acceso al crédito a costos razonables merece una reflexión mucho más profunda y sistémica que pensar en medidas a rajatabla que “suenan bien” para el público.