Corto circuito verde
El
gobierno acaba de anunciar una nueva subasta de energías renovables. Se le
asegurará la compra de hasta 208 MW de la electricidad que generen a los
proyectos de energía renovable que pidan el menor precio por ellos. Este precio
se fija independientemente de los precios en el resto del sistema y el costo
adicional que representa es pagado por todos los generadores a quienes no se
les compra su energía más barata y por los usuarios de energía.
Si bien 208 MW son sólo una fracción de la oferta
eléctrica total, es importante que nuestro país empiece a aprovechar el
potencial que tiene en energías limpias y sostenibles. La generación de energía en el Perú es, cuando se le compara con la
mayor parte de países del mundo, bastante limpia, porque la gran mayoría se
genera en hidroeléctricas o con gas natural. Sin embargo existen fuentes
más limpias que el gas o que incluso algunas hidroeléctricas -como lo pueden
ser la energía eólica o geotérmica, así como el etanol o biodiesel de última
generación- que son muy poco o nada desarrolladas, en parte por políticas
inadecuadas.
Hay dos graves barreras a un mayor desarrollo de esta
industria. Primero, el precio de la electricidad (ver
gráfico). Los “eléctricos”,
como se les llamaba entonces a quienes diseñaron
Cómo Sea, no entendían de economía ni prestaron atención a quienes les
advirtieron lo que ocurriría. Su objetivo único y miope -ponerle un precio
absurdamente bajo al gas y a la electricidad que generaba- se cumplió, pero ocasionó
muchos problemas. Como un exceso de demanda, incluyendo a productores que usaban
tecnologías subóptimas o equipo de segunda, por este gas que resultaba tan
barato que ni era necesario usarlo eficientemente. Este bajo precio, sumado a restricciones específicas, también desalentó
la inversión en hidroeléctricas, que recién ha renacido cuando se copó la
disponibilidad del gas de Cómo Sea.
Segundo, el
Estado puede y debe intervenir para promover energías limpias o desalentar las
que no lo son. Esto es así porque si no se consideraran los costos sociales
(“externalidades negativas”) que ocasiona la generación de energía no limpia se
haría un uso excesivo de la misma, en lugar de promover el uso de energías
renovables y limpias. El camino lógico
es gravar los costos sociales (como la contaminación) que generan las energías
menos limpias, pero el Estado no lo hace como debería. Primero no lo hizo y
punto. Hace unos años publicó un Decreto Supremo con un cronograma para
transitar a la meta deseada. Ya lo incumplió. Si gravar la contaminación no
fuera suficiente o si quisiera adelantar el impacto de dicha medida, podría entonces
subsidiar a los productores limpios, preferiblemente subastando el subsidio
mínimo para promover una mayor eficiencia.
Seguir
con una política de precios energéticos que no genera los incentivos correctos y
con otra política que supuestamente busca desincentivar la contaminación pero
que no lo hace es un error. Que ante los problemas generados se busque corregir
estos errores creando mayores subsidios a las energías renovables no es el
camino correcto. Esto es cierto aun cuando pueda ser deseable subsidiar algunos
proyectos de energía renovable si estos generan beneficios no monetarios para
la sociedad (“externalidades positivas”), como, por ejemplo, innovación
valiosa.
Con la política actual, los subsidios a las energías renovables tienen
tres problemas. Primero, los pagan proporcionalmente a su tamaño
todos los generadores “no renovables” en lugar de hacerlo en proporción a los
costos sociales que generan. Segundo, decidir
arbitrariamente que a las energías renovables se le asignará 5% de la
generación de energía no es una manera razonable de determinar el subsidio
que se les debe dar. Tercero, si se
cobrara los costos sociales a quienes los generan, aumentaría el precio que
reciben los proyectos de energía renovable y requerirían menores subsidios.
Que una política parezca verde y la promuevan personas de buena voluntad
no cambia esta realidad. Hay que reparar el corto circuito verde de una buena
vez.