¿Es incompatible la acción climática con el desarrollo económico?

La disminución de agua en las lagunas y cabeceras de cuenca de la región Apurímac en lo que se ha denominado un veranillo con temperaturas que alcanzan hasta los 28°C, no solo ha ocasionado la demora en el inicio de la campaña de sembrío 2022-2023, sino la pérdida de los cultivos de quienes se arriesgaron a sembrar con anticipación.
El cambio climático y el fenómeno de La Niña del Pacífico Central que trae masas de aire seco parecen ser los causantes de la sequía en el sur del país.
Como consecuencia de ello, la población más pobre es la más vulnerable a las pérdidas materiales provocadas por la sequía, a otros impactos en la salud por falta de agua y a la inseguridad alimentaria.
Por ello, no es casualidad que el Informe para Perú sobre Clima y Desarrollo (Banco Mundial, 2022), estime que para el 2030, los ingresos del 40% más pobre del Perú podrían reducirse un 5.2% y un 0.6% adicional de la población podría caer en pobreza extrema a causa del cambio climático. Esto tiene que ver con lo complicada de la geografía, las desigualdades persistentes, la agricultura en los sistemas de secano y la estructura económica dependiente de recursos naturales.
De acuerdo al informe, los impactos futuros del cambio climático podrían desacelerar el desarrollo y esto se explica porque el fuerte crecimiento del país se ha producido a costa de la degradación del capital natural: altas tasas de deforestación y agotamiento de los recursos pesqueros. El informe señala que entre 2001 y 2017 se perdieron 150 mil ha por año de superficie boscosa y las pesquerías están sobre explotadas en el Pacífico sudoccidental, en parte por la mayor incidencia de la pesca ilegal.
A esta realidad se suman los desastres naturales a los que el país está expuesto, entre los cuales están los sismos de gran magnitud, los deslizamientos de tierra, las sequías y las inundaciones que generan pérdidas económicas y de bienestar sobre todo para la población que habita viviendas construidas precariamente y ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad.
La buena noticia es que el propio Banco Mundial, reconoce que el país tiene oportunidades y ventajas para efectuar la transición hacia un desarrollo resiliente y bajo en carbono que le permita alcanzar un mayor crecimiento y un desarrollo inclusivo.
En este sentido, el documento plantea la necesidad de que se realicen algunos cambios que permitan que el país transite hacia una economía baja en carbono, más resiliente y productiva al 2050.
Hay dos tipos de cambios que el documento plantea impulsar: los que tienen que ver con impulsar la resiliencia y la adaptación en toda la economía y los vinculados a reducir emisiones. A nivel de lo primero se recomienda facilitar la adaptación de personas y empresas y ayudarlos a gestionar los riesgos y los impactos del cambio climático, adaptar los planes de uso de la tierra y proteger los activos y servicios públicos fundamentales y gestionar las cuestiones financieras. En cuanto a lo segundo, las propuestas están orientadas a caminar hacia la descarbonización, eliminar la desforestación, reducir las emisiones en la agricultura, descarbonizar el transporte, facilitar la transición energética, revisar los programas de gasificación masiva residencial y gestionar el agua y los residuos.
Respecto a la eliminación de emisiones, si bien Brasil y México son los responsables de la mitad de las emisiones de América Latina, a estos dos países les sigue Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, con quienes suman el 87.2% de la contaminación de la región, según la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global, EDGAR.
Para el Banco Mundial es posible traducir los compromisos climáticos en instrumentos que promuevan inversiones privadas y públicas y –al mismo tiempo- permitan, por ejemplo, el uso sostenible de los bosques, la reducción de los costos de electricidad a partir de inversiones en energías limpias, entre otros.
Por la magnitud de los desafíos, los cambios solo se podrán lograr con una coordinación vertical entre los distintos niveles de gobierno que permita planificar los objetivos climáticos nacionales en el desarrollo y planificación territorial. Además, se tiene que involucrar al sector privado para medir la huella de carbono a nivel del país, para promover la producción limpia y para que contribuyan con el financiamiento para la transformación en materia climática.
La clave es reconocer que el cambio climático es una amenaza cierta y dejar de pensar que la acción climática es incompatible con el desarrollo económico. Todo lo contrario, puede contribuir a aumentar el PBI, aprovechando los bosques, las energías sostenibles y la producción limpia.