¿Y si vuelve a ocurrir?

A estas alturas de la pandemia, las pérdidas humanas y económicas ya nos han golpeado a todos y nos han dado el espacio y el tiempo para reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en lo personal y lo colectivo para estar listos para el próximo desastre o la siguiente pandemia.

Los ciudadanos también hemos hecho nuestros propios balances. En lo personal, hemos aprendido la importancia del hábito del ahorro para tiempos difíciles, el aporte que hace la tecnología a nuestras vidas, lo conveniente de tener la familia organizada alrededor de los adultos mayores y personas vulnerables, y el valor de pensar en el bien común. En lo laboral, las lecciones también están a la orden. Muchos tuvimos que hacer un curso de inmersión en trabajo remoto y ahora hay expertos en Zoom, Meet o Miro y otras plataformas que han permitido continuar interactuando. La necesidad de encontrar el balance entre la vida personal y el trabajo es clave cuando ambos se realizan en el mismo espacio.

¿Cuáles son las lecciones que debe haber aprendido el Estado?

Un país dividido no es capaz de responder a una pandemia. Vamos a celebrar pronto los 200 años de la Independencia del Perú, pero no somos un solo país, sino que en un mismo territorio coexisten dos mundos distintos. El país de los que no tienen agua ni servicios de alcantarillado, habitan viviendas inseguras con bajos niveles de bienestar, sufren anemia y desnutrición, tienen dificultades para acceder a la salud y educación, están desconectados de los mercados y sobreviven informalmente en la economía. Y de otro lado, está el país de los incluidos y de los que tienen oportunidades. El reto es trabajar para tener un solo país donde todos los peruanos tengan oportunidades para salir adelante.

Un país es tan fuerte globalmente como lo es su mercado local. Una de las tendencias mundiales que va a enfrentar el próximo gobierno es un mundo con economías que ahora apuestan por privilegiar el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales (Alemania, EEUU o Corea del Sur son algunos ejemplos). El reto es seguir participando de los mercados, pero trabajando para facilitar el fortalecimiento de cadenas de valor locales.

La salud es un derecho humano que puede ser gestado por el sector privado, pero que nunca debe caer en las manos de quienes no lo reconocen como tal. El COVID-19 ha puesto en evidencia que el Estado no estaba preparado para enfrentar una pandemia. La salud pública se presta de forma desarticulada, no ha modernizado su gestión y tiene capacidades limitadas (infraestructura, equipamiento, insumos, recursos humanos y sistemas operativos). Como mercado de servicios, en el Perú las clínicas están vinculadas a las empresas de seguro y existe una posición de dominio a nivel de la venta de medicamentos. Por ello, es importante que la agencia de competencia y la superintendencia de servicios de salud promuevan activamente una mayor competencia y transparencia en el mercado. El reto es hacer una gran reforma del sector salud pensando “fuera de la caja” y, de otro lado, evaluar si un esquema como el de la portabilidad en las empresas de telecomunicaciones puede ayudar a promover la competencia entre las empresas de seguros (que los asegurados puedan migrar de una a otra compañía, sin exclusiones) o un observatorio virtual de precios de medicamentos puede ayudar a detectar eventuales prácticas anti-competitivas en los precios de los mismos.

La educación y el trabajo virtual requiere espacios apropiados y conectividad. Todo parece indicar que el futuro de la educación en el mediano plazo será en línea o -en el mejor de los casos –semipresencial, por lo menos hasta que la vacuna contra el Coronavirus esté accesible para todos los países. El gran problema que se enfrenta en los países en desarrollo es que la mayor parte de la población no está conectada por falta de acceso a los dispositivos adecuados o de conexión a Internet que les permita estudiar a nivel remoto. El sistema educativo no estaba preparado para dar una respuesta efectiva y se ha tenido que abrir camino al andar. La tarea del Estado es priorizar y asegurar la conectividad de la población para asegurar que todos los estudiantes puedan continuar su formación donde quiera que estén.

Sin ciencia no hay progreso. La pandemia ha terminado por confirmar la importancia de que un país apueste por la I+D+i. La ciencia es la que permite desarrollar pruebas de diagnóstico, vacunas o medicamentos para el tratamiento de un virus o producir respiradores mecánicos. Durante muchos años, el Estado ha invertido muy poco en ciencia, no solo para la salud, sino también a nivel agrario. La única manera de cambiar las cosas es apostando por una mayor inversión en CTI y -como hemos propuesto antes- cambiando el arreglo institucional actual por uno que lo favorezca. El desafío en esta materia es impulsar una reforma que visibilice ese propósito.

La información mejora la calidad de las decisiones que se toman. Uno de los grandes problemas que enfrenta cualquier político que asume la gestión del país es tener que gobernarlo sin suficiente información y el Perú no es un país fácil de hacerlo. La pandemia ha puesto en evidencia que los sistemas de información con los que cuenta el Estado o no existen, tienen inconsistencias o están desactualizados. La idea es que el Estado desarrolle o integre las herramientas adecuadas para que pueda tomar decisiones con mayor y mejor información.

La inclusión financiera deber entenderse como parte de la construcción del ejercicio pleno de la ciudadanía. La pandemia ha puesto en evidencia que muchos peruanos no han podido ser ayudados en el momento oportuno porque no tenían una cuenta de ahorros donde el Estado pudiera transferirles los bonos de ayuda económica que ha dado para personas en situación de pobreza o pobreza extrema. La tarea por delante es trabajar por esa inclusión financiera sin comisiones abusivas y carentes de sentido como los cobros excesivos de transferencias entre Lima y provincias.

La magnitud de la vulnerabilidad se incrementa cuando se trata del espacio rural. Nunca más una situación como esta puede encontrar a los productores agrarios desconectados, sin poder pedir insumos, recibir los resultados de sus análisis de suelos, articular su oferta productiva con otros, conocer cómo están los precios en los mercados, recibir asistencia técnica sobre los problemas en sus cultivos o gestionar un crédito. El reto es trabajar por una mayor conectividad en el espacio rural y probablemente la mejor estrategia para hacerlo sea a través de organizaciones que permitan atender mejor sus necesidades.

El próximo gobierno tiene una gran responsabilidad entre las manos y poco tiempo para prepararse, por lo que es momento de que se pongan a pensar en lo que tiene que hacer para que, si esta situación vuelve a ocurrir, encuentre a nuestro país más preparado para enfrentarla.