Los peruanos y la autoflagelación

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, señaló recientemente que los peruanos teníamos una gran capacidad para autoflagelarnos, pues nos quejamos a pesar de lo bien que va todo en el país.

Dos hechos recientes me hacen pensar que nos podría ir mejor, mucho mejor, si tuviéramos gobernantes del calibre de varios de los líderes que nos visitaron la semana pasada en ocasión de APEC: el incendio en Larcomar y la Resolución Ministerial N°433-2016-PRODUCE que publica el proyecto de Decreto Supremo que deroga la norma que establece que las 10 primeras millas de la Costa peruana son para los 31 millones de peruanos y las 190 restantes para la industria de harina y aceite de pescado.

Para F. Scott Fitzgerald, una persona con inteligencia de primera clase era capaz de tomar decisiones conciliando la validez de dos ideas totalmente opuestas en la cabeza.

¿En qué han fallado nuestros gobernantes?

Primero, es posible simplificar trámites para promover la inversión privada sin eliminar requisitos que están contemplados para impedir que el funcionamiento de los negocios ponga en riesgo la vida de las personas.

En el caso de las inspecciones técnicas de edificaciones, las modificaciones que se plantearon para hacer definitivos los certificados, y que fueron establecidas en el DS 058-2014-PCM del 14 de setiembre de 2014 buscaban simplificar y quitar sobre costos a toda costa y estuvieron sustentadas en supuestos bastante irreales, como que  (i) las empresas no relajarían su cumplimiento de obligaciones una vez obtenido el certificado definitivo; o que (ii) los municipios seguirían haciendo una fiscalización efectiva ex post. Los resultados ya los conocemos. La tragedia reciente de Larcomar en gran parte se explica por un exceso de ímpetu en simplificar sin prestar atención a las consecuencias. Algo similar ocurriría si decidiéramos simplificar el acceso a las licencias para portar armas o las licencias para abrir clínicas, entre otros.

Segundo, es posible promover la industria de harina y aceite de pescado y al mismo tiempo proteger la economía familiar de los pescadores artesanales y el acceso de la mesa popular a la proteína del pescado para combatir la desnutrición.

Esto era precisamente lo que estaba detrás de la iniciativa que promoví para proteger las 10 primeras millas de nuestra Costa para los 31 millones de peruanos y que dejaba los 190 restantes para la industria de harina y aceite de pescado donde pudieron pescar el 100% de las cuotas que se asignaron mientras estuvo vigente el ordenamiento.

El 3 de noviembre último, el Ministro de Producción ha decidido apoyar los esfuerzos de la Sociedad Nacional de Pesquería que desde la publicación del D.S. 05-2012-Produce y luego el D.S. 011-PRODUCE, ha invertido millonarios recursos para lograr su derogación, bloqueándolo con medidas cautelares y otras acciones judiciales, con campañas mediáticas en contra del ordenamiento, entre otros.

El sustento de la norma propuesta tiene tantas inconsistencias que sus propios Considerandos podrían ser usados para adoptar una acción contraria a la que plantea. Y lo que es peor, ignora que hay más de una realidad, además de la de los industriales que el Ministro conoce y defiende bien, que es preciso entender antes de publicar una norma como esta: la de los pescadores artesanales y la de las familias peruanas que serán afectados por la decisión que pretende tomar sobre un mar que debe ser para todos y no solo para algunos.

• Cuando se usan redes de cerco en las primeras 10 millas de la línea de Costa se le hace un daño enorme al ecosistema marino (más aun cuando la industria tiene embarcaciones de hasta 800 toneladas).
• Cuando se usan este tipo de redes en las primeras 10 millas no puede evitarse que el pescado para consumo humano directo termine quemado en harina al igual que las anchovetas.
• Como resultado de la actividad de las embarcaciones de mayor escala dentro de las 10 millas, cuando los pescadores artesanales salen a realizar sus faenas, extraen menos pescado para la mesa popular y eso significa para quienes tienen economías precarias, menor poder adquisitivo, y por lo tanto miles de familias peruanas que tienen menos recursos para subsistir.
• Como resultado de la menor extracción de pescado, este llega a mayor precio a los mercados de abasto y millones de peruanos terminan pagando cifras exorbitantes por comer pescado extraído de un mar que técnicamente es de ellos o -al no poder hacerlo- se ven obligados a consumir pescado congelado importado, mientras muchas especies de Consumo Humano Directo son quemadas para producir harina o aceite de pescado.

La inteligencia de los gobernantes es capaz de guiar las acciones de gobierno a anticipar y evitar tragedias y también a resolver problemas tan graves como la desnutrición en un país de ingresos medios como Perú.

Si ambos, el presidente Kuczynski y el primer ministro Zavala, quieren dejar un país rumbo a la modernidad y saben que hoy en día, los países más modernos protegen sus recursos, incluso estableciendo zonas de reserva porque en la mayoría de casos ya se están quedando sin especies, ¿no deberían dar marcha atrás de esta iniciativa?.

Además, podrían guiar al actual ministro de la Producción para que su gran capacidad ejecutiva la oriente a proteger los recursos de todos los peruanos y a beneficiar a las mayorías antes que privilegiar los intereses de unos pocos empresarios que afortunadamente van a poder seguir generando riqueza si se mantiene el Decreto Supremo 011.

Las amas de casa, quienes cuando se acercan a los puestos de pescado en los mercados de abasto solo pueden comprar “basa” o “tilapia congelada” importada porque los precios de los pescados de ese mar que les pertenece están por las nubes, se lo agradecerían.

Los niños de Ancash y Piura, que como dijo el Primer Ministro son el futuro del Perú y hoy deben conformarse con micronutrientes porque no pueden comer pescado a pesar de vivir en regiones pesqueras, merecen más respeto y atención de sus gobernantes.