La justicia la produce el Estado, no el mercado

En mis últimos dos artículos, compartí con Ustedes parte de mi experiencia sobre dos temas que considero claves para la creación de prosperidad y bienestar para todos los peruanos: la diversificación productiva y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el país.

Hoy quiero compartir con Ustedes probablemente la lección más importante que extraje de mi paso por el sector público: la justicia la debe producir el Estado, no el mercado.

En gran medida, la trampa económica y social en la que se encuentra el país se explica porque le hemos estado pidiendo al mercado más de lo que puede dar. La economía de mercado es el mejor modelo para producir innovación y riqueza, no justicia. Para Donald Kaul, el mercado es igual de efectivo para producir justicia que una chaveta en un conflicto. A las empresas y a la economía de mercado, entonces, debemos dejarles y alentarles a generar riqueza y ser las locomotoras del crecimiento económico en el país. Pero no les pidamos que produzcan justicia pues acabaremos desilusionados.

El Estado, por su parte, en lugar de pensar que es capaz de reactivar a la economía o acelerar el crecimiento, debe enfocarse en una de las pocas funciones que ninguna otra entidad puede cumplir en la sociedad: asegurar que la energía y el crecimiento producido por la economía de mercado beneficie a todos los ciudadanos.

Curiosamente, en el debate electoral actual, la mayoría de candidatos está dedicando la mayor parte de su tiempo a plantear propuestas para reactivar la economía.  Algunos candidatos ofrecen bajar impuestos, destrabar proyectos de inversión, un shock de inversiones millonarias en infraestructura, e incrementar entre cien y doscientos cincuenta soles la remuneración mínima para activar el consumo.

Lo que ningún candidato está planteando es cómo lograr que ese crecimiento sea con justicia e igualdad. Y esto es especialmente importante pues el verdadero rol del Estado es guiar al país hacia un equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia.

Si eres de los que piensas que hablar de justicia es una pérdida de tiempo, escuchar a Margrethe Vestager, la jefa de la agencia de competencia europea, podría abrirte los ojos. Con gran elocuencia, Vestager suele preguntarle a los cientos de asistentes a sus presentaciones, si les gustaría vivir en un mundo donde las empresas puedan ponerse de acuerdo para cobrarle a los consumidores precios artificialmente altos. Seguramente se te vienen a la cabeza varios ejemplos aplicables para el caso peruano: algunos que ya tienen décadas sin resolverse como el caso del pollo y otros más recientes como el del papel higiénico y los balones de gas. Eso explica que Martha Martínez del Banco Mundial, señale que los casos de cárteles que se investigan en América Latina representen al menos el 20% de los gastos promedios de un hogar en estos países.

No hay una solución mágica para que el Estado sea capaz de producir más justicia en el país. Sin embargo, existe al menos una que podría jugar un rol clave en las próximas décadas y sobre la que me habría encantado ver pronunciarse a los candidatos presidenciales: el fortalecimiento de los entes que ejercen algún tipo de regulación y las salas del Poder Judicial especializadas en temas económicos.

La complejidad de las transacciones que se realizan en una economía debe reflejarse en la fortaleza que tienen sus reguladores y en la forma de organización que estos tienen. Hoy se sigue monitoreando mercados y supervisando las concentraciones, las posiciones de dominio, las fusiones, las vinculaciones empresariales y las integraciones verticales con el mismo modelo operativo con el que se hacía en los noventa.

Cuatro son las cosas que se pueden hacer para fortalecer la capacidad del Estado para promover crecimiento con justicia:

Especializar a los cuerpos técnicos de  los reguladores y del Poder Judicial. En los noventa necesitábamos un Banco Central de Reserva Moderno, ahora es más urgente tener equipos del más alto nivel en los reguladores y en las instancias del Poder Judicial que tienen a su cargo los temas económicos.

Pagar mejor a los funcionarios del Poder Judicial. Las decisiones que toman los reguladores llegan a un Poder Judicial débil, sin capacidades técnicas y con jueces que ganan entre diez y quince mil soles al mes pero resuelven sobre controversias que involucran millones de dólares, sin recursos para tener un equipo de asesores. Por eso, es muy sencillo para algunos sectores económicos tratar de influir sobre sus decisiones, buscando plazas alejadas donde los jueces son sorprendidos con medidas cautelares y otras estrategias legales.

Controlar y sancionar con mayor rigor la puerta giratoria en el poder (revolving door en inglés). Se entiende como tal, al paso de una persona que ha tenido un alto cargo público a una empresa privada, con lo cual se produce un conflicto de interés que afecta el interés público. De lo contrario, no  se garantiza la independencia e imparcialidad de los funcionarios.

Dejar abierta la puerta a la contratación de especialistas extranjeros. Su aporte podría ayudar a acelerar el proceso de entrenamiento de los equipos técnicos, a conocer metodologías modernas de análisis, a incorporar mayor tecnología en el seguimiento de los casos, entre otros.

Las empresas deben ver en el Estado a un aliado cuando se trata de hacer negocios, innovar y generar riqueza en el marco de la ley. Sin embargo, deberían ver en el Estado a un actor implacable cuando se trate de defender los derechos de los ciudadanos como consumidores y dueños de los recursos naturales del país.

Con organismos reguladores fortalecidos y con funcionarios libres del temor a la presión de las empresas, quizás hoy los peruanos se estarían beneficiando más de la explotación de los recursos naturales, no tendríamos la alta concentración que existe en la mayoría de mercados en el país, los grupos económicos tendrían restricciones para acaparar participaciones en sectores económicos donde se generan claros conflictos de intereses y quizás los peruanos no estaríamos pagando precios inexplicablemente altos por la calidad de bienes o servicios recibidos en diversos sectores.

Sin una economía capaz de producir un crecimiento alto pero con justicia, Perú no conseguirá salir de la trampa del ingreso medio e ingresar al club de las economías de ingresos altos.  Lamentablemente, todavía ni un solo candidato, de los que hasta hoy siguen en carrera ha sido capaz de articular un discurso que defienda la necesidad de que el Estado asuma su rol en la defensa de la justicia en el país, o se ha pronunciado en contra de la captura del Parlamento a manos de empresas que buscan comprar un privilegio futuro. Ojalá que en la recta final de la campaña electoral esta seria deficiencia se corrija.