Un país prevenido, vale por diez

Por: Juan Manuel Benites

Históricamente, el Perú republicano no ha tenido cultura de prevención. Ello ha generado que los fenómenos naturales extremos hayan ocasionado impactos significativos que han afectado directamente a las personas, las actividades económicas y la infraestructura.

Hasta hace poco, el concepto de resiliencia al cambio climático le parecía a muchos un nuevo cliché construido por la sociedad científica, que buscaba atraer la atención de la gente con mensajes apocalípticos. Sin embargo, los recientes acontecimientos catastróficos han reavivado los temores y la necesidad de tomar acciones preventivas como eje central de nuestro modelo de desarrollo a largo plazo. Porque si bien el riesgo cero no existe frente a la naturaleza, podemos mitigar los daños implementando una política de Estado de prevención.

Distintos cálculos hechos por instituciones públicas y de cooperación internacional, han estimado que por cada sol que se invierta en prevención, se puede evitar daños por casi diez veces. Además de recursos económicos, para lograrlo se requiere una institucionalidad eficiente, con liderazgo, recursos humanos y consciencia ciudadana.

Distintos cálculos hechos por instituciones públicas y de cooperación internacional, han estimado que por cada sol que se invierta en prevención, se puede evitar daños por casi diez veces

En esta línea, en el 2011 se dio un primer paso con la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que crea la institucionalidad para hacer frente a los fenómenos naturales. No obstante, aún se estaba lejos de que el Estado tuviese capacidad de respuesta frente a la ocurrencia de fenómenos naturales. Los recursos asignados a prevención eran ínfimos y las entidades del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, no contaban con equipamiento o éste era claramente insuficiente y obsoleto.

A partir del 2012, la prevención, preparación y equipamiento se incorporaron expresamente en el presupuesto de la República. Tal es el caso del programa presupuestal 068 (reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres), así como la compra de equipamiento militar y policial para atender emergencias.

Precisamente, la evolución en la disponibilidad de recursos públicos para la prevención puede reflejar cómo es que se ha ido tomando mayor consciencia de la importancia de estar preparados. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se ejecutó un presupuesto especial de prevención ante la llegada de El Niño de 1998 equivalente a 0.5% del presupuesto total de la República. En los gobiernos de los presidentes Toledo y García, la asignación presupuestal para prevención fue en promedio menor al 0.2% de los Presupuestos Iniciales de Apertura (PIA) del Sector Público. En el período 2012-16 esta participación se cuadruplicó hasta alcanzar el 0.8% del PIA. Mientras que en lo que va del presente gobierno la asignación para prevención (PP068) alcanza el 0.6% del PIA.

Lo dicho en el punto anterior guarda correlato con los impactos diferenciados que han tenido algunos fenómenos naturales. En 1983 los daños producidos por el FEN (incluyendo el efecto infraestructura, según el BCRP) fue de casi 7.8% del PBI. En 1998 el impacto se redujo a 5.1% del PBI. Y en el 2017 distintos cálculos estiman alrededor del 2.5% del PBI.

Resulta evidente entonces que los peruanos hemos ido aprendiendo la importancia de prevenir y, por ello, los efectos de El Niño se han ido enfrentando con mejor infraestructura y actividades de preparación. Pero aún estamos lejos de las mejores prácticas y necesitamos hacer mucho más. Porque se espera que los fenómenos climatológicos sean cada vez menos excepcionales.

Los efectos de El Niño se han ido enfrentando con mejor infraestructura y actividades de preparación. Pero aún estamos lejos de las mejores prácticas y necesitamos hacer mucho más

Hemos tenido avances, pero se han tomado decisiones sobre el SINAGERD que han tenido efectos contraproducentes. Por ejemplo, con la finalidad de darle mayor peso a la atención de las emergencias, se ha transferido el INDECI de la PCM al MINDEF. Lo mismo ha sucedido con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Asimismo, se ha desactivado la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres de la PCM, que era la que dirigía las acciones en la dimensión multisectorial y con los tres niveles de gobierno. Si bien es conveniente la participación y liderazgo de la fuerza militar para la atención de emergencias, por cuanto son ellas las que tienen el equipamiento y la preparación necesarios, también es cierto que se ha perdido la mirada multidimensional que debe tener la previsión de escenarios de riesgos y la articulación de acciones de prevención y respuesta.

Si bien es conveniente la participación de la fuerza militar para la atención de emergencias, se ha perdido la mirada multidimensional de la previsión de riesgos y de la articulación de acciones de prevención y respuesta

Precisamente, uno de los aciertos de los dos últimos gobiernos ha sido activar el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), donde se deben reunir las mejores capacidades de todos los sectores para trabajar en conjunto en las tres etapas de gestión del riesgo: prevención, respuesta y reconstrucción.

Porque sería mejor la estrategia de enviar un ministro a cada región si contase con el “plan de acción” completo e instrucciones precisas que sean producto de acciones coordinadas por una entidad líder. Es ahí donde se ha ido perdiendo peso desde que el sector Defensa ha asumido su rol con liderazgo pero circunscrito exclusivamente a la respuesta frente a emergencias y se ha dejado de lado las otras etapas de la gestión de riesgos que ya hemos mencionado.

Adicionalmente, está la percepción de que existen dos instancias paralelas en la etapa de reconstrucción. Por una parte, está el propio INDECI y, por otro, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Más aún, en el norte del país, el desconcierto se hizo evidente en el 2017 y, seguramente, ahora volverá a presentarse el mismo problema: ¿A quién debe recurrir la autoridad local, regional o sectorial para disponer de recursos que le permitan atender con urgencia la rehabilitación de infraestructura básica y no se repita lo que ocurrió después de El Niño Costero 2017? No olvidemos que se enfrenta una fuerte presión social sobre el Plan de Reconstrucción con Cambios que lanzó el Gobierno de PPK, debido a su avance aún muy reducido. Este plan de reconstrucción con “cambios” generó grandes expectativas, en la medida que ofrece preparar al Perú para futuros acontecimientos catastróficos, lo cual es muy deseable y podría ser la base para establecer una Política de Estado de prevención, pero si se hace bien.

Está la percepción de dos instancias paralelas en la reconstrucción (INDECI y la Autoridad de Reconstrucción con Cambios). En el norte del país hubo desconcierto en el 2017 con el problema de no saber a quién recurrir

Es por ello que para lograr que tengamos un país con mayor resiliencia al cambio climático y mejor preparado para afrontar los fenómenos naturales, será necesario afianzar institucionalidad, liderazgos y roles en la gestión de riesgos. Es urgente que exista una autoridad que organice y disponga acciones coordinadas para la prevención, respuesta y reconstrucción. Debemos hacer mayores esfuerzos para construir una entidad que tenga a su cargo el seguimiento de la ejecución de los planes de acción, en las distintas instancias de Gobierno, que pueda sancionar a los funcionarios y ciudadanos que incumplan normas y directivas expresas de seguridad. Asimismo, que esté al mando de un sistema de alerta temprana que complemente lo que se pueda hacer en materia de construcción de infraestructura y creación de consciencia ciudadana.