Cara y sello de la regulación

Durante el segundo gobierno de Alan García, el ministro de Economía de entonces, Luis Carranza, fue uno de los primeros que remarcó la necesidad de disminuir la tramitología en el Estado. Con el transcurso de los años el neologismo se convirtió en un reclamo continuo de los empresarios ante las diversas instancias públicas. Y si bien se han registrado avances, palidecen frente al número de regulaciones que se introducen cada mes en la economía.

Hace casi dos años, justamente advertíamos en esta columna la importancia de poner en marcha los decretos legislativos aprobados a fines del 2016 para analizar la calidad regulatoria de cerca de cuatro mil trámites en 94 entidades del Poder Ejecutivo, lo cual respondía a los decretos legislativos 1310 y 1448 aprobados durante el gobierno de Kuczynski.

Desde entonces, si bien se mostraron algunos resultados, se perdió la continuidad de informar, salvo en Indecopi, que aún lo realiza sobre la eliminación de las barreras burocráticas.

Como ya es conocido, las empresas a todo nivel enfrentan una frondosa legislación y sus trámites. No solo eso, por lo general el enfoque pocas veces está dirigido hacia otorgar facilidades a la vida de las personas, cuando ese debería ser uno de los objetivos.

Los trámites no solo provienen de las diversas instancias del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso y del Poder Judicial. Por ejemplo, el año pasado el Parlamento aprobó por insistencia 50 leyes que habían sido observadas por el Ejecutivo, que es mucho más de lo que ha ocurrido en los anteriores gobiernos como lo advirtió el actual ministro de Economía, Carlos Oliva.

La mayor parte de esas normas introducen regulaciones con poca incidencia positiva en la actividad económica, y más bien su efecto es todo lo contrario a lo que se proponen.

Lo mismo sucede en el caso del Poder Judicial. Cada semana en Gestión damos cuenta de las diversas sentencias de casación que emite la Corte Suprema, varias de ellas de carácter laboral que en la práctica significa introducir una regulación más rígida de lo que ya es en la actualidad.

Pero también es necesario revisar regulación clave para ciertos sectores como el minero. El conflicto social de Tía María pone en evidencia que hay conceptos que se usan con facilidad, pero que en la práctica no tienen asidero legal. Tal es el caso de la llamada “licencia social”, que más bien corresponde a una frase hecha, pues no está contemplada en la legislación. Entonces, ¿no se debe escuchar a la población para autorizar un proyecto? Claro que se debe escuchar, pero así también debe quedar meridianamente claro que luego de una decisión se debe respetar.

Por ejemplo, lo anterior no sucede en el caso de Quellaveco, que luego de tener una aprobación por encima del promedio de otros proyectos mineros, hoy nuevamente enfrenta cuestionamientos, que en su momento no se hicieron o no fueron desestimados.

La regulación está vinculada al rol del Estado en la economía, es por eso que su aprobación debe ser cuidadosamente evaluada para no generar efectos perversos. Lo difícil es que varias de las regulaciones que se establecen, posteriormente resultan difíciles de retirarlas y por tanto nos empatamos en un debate con pocos efectos prácticos.