¿Quo vadis la economía?
Hace una semana destacábamos la capacidad de resiliencia de la economía peruana frente a los avatares de la crisis política. Siete días después, la tensión política aumenta, y aunque por ahora las proyecciones de la economía peruana todavía se mantienen auspiciosas, hay nubes grises, por lo que las agencias calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch comienzan a advertir que puede haber algún impacto negativo en los próximos meses sobre las expectativas empresariales y de los consumidores.
Por lo pronto, el último Índice Nacional de Confianza del consumidor de GfK se ubica nuevamente en el terreno pesimista, y esta vez en todos los estratos socioeconómicos y las regiones del país.
A nivel financiero, tal como señalamos en esta edición, los bancos comienzan a percibir ciertos resquemores en el ambiente empresarial y estiman que puede haber el próximo mes una reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central.
En ese escenario, la pregunta es si además de resistir los embates de la crisis política, ¿se pueden hacer reformas en la economía peruana? La respuesta la tiene no solo el Ejecutivo -principalmente el Ministerio de Economía-, sino también el Legislativo. Aun en las épocas difíciles de los años 1990 y 1991, durante el primer gobierno de Fujimori, previo al autogolpe de 1992, las autoridades económicas de la época no cejaron en su empeño de introducir reformas teniendo quizá un escenario político más difícil que el actual.
Avanzar en esa línea, sin descuidar el corto plazo, requiere que el Ministerio de Economía empuje consensos políticos para reformas económicas clave, que se tienen que realizar, a fin de que en el 2019 cuando ya no necesariamente se tenga el impacto favorable del sector externo, la economía pueda seguir creciendo a tasas de al menos 4%.
Este pacto político debe obligar a las principales bancadas en el Congreso, fundamentalmente a Fuerza Popular, a retomar con interés la agenda económica y dejar de lado los proyectos populistas que desde agosto del año pasado predominan en el Parlamento.
Puede parecer un esfuerzo denodado, en momentos que la tensión política está en su mayor nivel, pero el impacto de las reformas puede permitir un mayor crecimiento y así evitar que se estanque la reducción de la pobreza, o lo que es peor, que aquellos grupos de la población que han salido de la misma y que se encuentran vulnerables, terminen otra vez en la zona de pobreza extrema.
El próximo año la economía mundial presenta perspectivas auspiciosas y el Perú no puede darse el lujo de desperdiciar esta oportunidad.
Pero para dar pasos en las reformas, en el corto plazo el Poder Ejecutivo debe mostrar la eficiencia que en los primeros 17 meses de la administración Kuczynski no ha tenido. Ya queda claro que la desaceleración que se produjo en el primer semestre de este año no se debió exclusivamente al efecto Lava Jato y al El Niño costero, sino que también fue consecuencia -y quizá principalmente- del ajuste fiscal del último trimestre del 2016. Hoy que comienza a darse una recuperación en la ejecución de la inversión pública es necesario que esta no decaiga y para lo cual se necesitan realizar mayores ajustes, pues lo que se percibe es un crecimiento producto de la comparación estadística con respecto a los meses en que estuvo cayendo.
También se requiere formar un equipo a nivel del Ejecutivo, que sea transversal y liderado por el MEF, para que diseñe una ruta crítica de algunas reformas que se puedan intentar en los próximos tres años. La palabra la tienen el Ejecutivo y el Legislativo.