Más claridad y decisión

 Por: Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Después de PERUMIN se han suscitado diversos hechos en nuestro país, como la insistente discusión sobre una Nueva Ley General de Minería, que no solo ha generado una gran incertidumbre en el sector minero, sino que podría tener una importante repercusión en el devenir de nuestra economía.

Hasta el momento, no conocemos con precisión cuáles serán los alcances de esta nueva normativa, la cual consideramos debería ser tratada sin apresuramientos y sin presiones de por medio, tomando en cuenta la difícil coyuntura que atraviesa nuestro país

Nos encontramos en una etapa de transición donde se ha planteado con urgencia una reforma política y judicial – reflejo de una crisis institucional – con el propósito de recuperar en cierta forma la confianza de la ciudadanía.

A ello se suma que a fines de enero de 2020 tendremos un nuevo congreso que seguramente recibirá el encargo de modificar esta nueva Ley General de Minería. En ese sentido, creemos que resulta primordial resolver primero estos temas para poder abordar esta norma, que es trascendental para la actividad económica peruana.

Pero no solo ello, también es necesario discutir abiertamente cuál es el país que queremos con respecto a la minería, lo cual implica abordar con seriedad los mitos que pesan sobre esta importante industria, que ha contribuido a reducir la pobreza en el país e impulsado nuestra economía en las últimas décadas.

Es importante reforzar el mensaje de que existen múltiples ejemplos de países del primer mundo -como Australia, Suecia o Canadá- que lograron mejorar su calidad de vida a través de su minería, y que, a su vez, impulsó otras industrias a su alrededor. Caso distinto a los países emergentes como el nuestro donde aún persiste la falta de claridad y decisión para emprender el mismo camino.

Por ejemplo, observamos que aún no existe claridad en la visión de futuro de las regiones, las cuales omiten al sector minero como un socio estratégico para su desarrollo. Una tarea pendiente para nuestras autoridades es actualizar y alinear los Planes Regionales de Desarrollo Concertados en una sola hoja de ruta.

Debemos promover el enorme poder descentralizador que posee nuestra minería, en lugar de seguir poniéndole más trabas como sucede, por ejemplo, con las exploraciones mineras, las cuales requieren procesos más simples y rápidos. Es absurdo que estos tarden más de dos o tres meses para poder avanzar.

Es sabido que nuestras exploraciones vienen cayendo sostenidamente desde hace algún tiempo. Según el Minem, de enero a setiembre tuvieron un desempeño menor en 13.5% al mismo periodo del 2018. Y ello está relacionado no solo a la volatilidad de los precios de los metales, sino principalmente a la aprobación de permisos.

Según el Índice de Competitividad Minera, presentado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, nuestro país se ubica hoy en la última posición en temas de regulación entre los siete países evaluados en este estudio. Nuestro principal problema es que los plazos no se cumplen en el tiempo estimado.

En ese sentido, como recomienda Gonzalo Tamayo de Macroconsult, sería muy importante volver a utilizar el silencio administrativo positivo. Ello ayudaría a la administración pública a agilizar estos plazos y a darle predictibilidad a las inversiones.

En líneas generales, desde el sector minero, consideramos que la reformulación de la Ley General de Minería implica muchísima responsabilidad y tiempo para su afinamiento.  Nadie se opone a una modificación de esta norma, pero debe quedar claro que ninguna ley va a garantizar el desarrollo inmediato.

El Perú más que el cambio de una ley necesita solucionar sus problemas estructurales. Más que dilatar su desarrollo, requiere definir de una vez su futuro, aprovechar la oportunidad que brinda su minería para alcanzar ese estado de bienestar que buscamos. Es decir, pasar de ser un solo intento a ser una posibilidad.