Mucho ruido para pocas nueces: eliminación de barreras burocráticas

El sistema de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi es un sistema celebrado y que ha recibido mucha atención, de parte de instituciones relevantes de la sociedad civil y políticos. Esto está, en alguna medida, justificado: su labor es importante y los técnicos que conforman la CEB (primera instancia), organismos regionales y la Sala (segunda instancia) son de primer nivel. Que su esfuerzo sea noble y que ellos sean muy capaces no debería, sin embargo, obviar el hecho de que sus resultados son pobres -lo cual está, posiblemente, estructuralmente determinado (es decir, no depende de la pertinencia y eficacia de sus esfuerzos, sino de incentivos del sistema que ellos no controlan).

Algo similar ocurrió en la Era Reagan, cuando se implementó -por primera vez- el análisis de calidad regulatoria (análisis costo-beneficio) como criterio de decisión de las agencias, mediante la Orden Ejecutiva 12291, de 1981. Reagan convocó a excelentes economistas liberales y aplicaron una herramienta que prometía mucho, pero el sistema no funcionó. Lo dijeron los propios involucrados, como Yandle que describió que este esfuerzo no llevó a la eliminación de ninguna “agency” (organismo regulatorio), ni redujo de forma significativa la regulación en ningún mercado. En el caso del Indecopi, sin embargo, sí tenemos titulares rimbombantes que dicen “Indecopi eliminó barreras burocráticas por S/429 millones en el 2025” (Gestión, 14 de octubre de 2026).

Pongamos a prueba la eficacia e impacto social real de la labor del Indecopi:

El volumen viene del conteo individual de requisitos de municipalidades. Del volumen de barreras identificadas entre 2018 y 2025, 88% responde a investigaciones de oficio. Además, el 77% de las barreras es municipal, pero solo el 29% del sobrecosto. En el conteo, se consideran requisitos individuales, que vienen de relativamente pocas intervenciones. Las 10,355 eliminaciones voluntarias de 2025 salen de 237 normas, y diez de ellas explican el 32%. La unidad que se cuenta es el requisito, no la decisión, y el indicador de éxito de Indecopi es ese conteo.

La mayor parte del costo regulatorio removido viene de denuncias de parte. El 7% de las barreras eliminadas proviene de denuncias de parte, sin embargo, esas pocas barreras explican el 80.6% del sobrecosto. Las investigaciones de oficio, que son el 88% de las barreras, explican el 16.4%. ¿Qué nos quiere decir eso? La actuación de oficio del Indecopi hace números para su conteo de barreras, pero esos números no pesan. El énfasis está en barreras municipales cuyo costo social es bajo y el costo político de removerlas es bajo también.

El remedio es estrecho. Solo el 10% de barreras terminó en una inaplicación, 6% con efectos generales. El 90% son retiros voluntarios por la propia entidad, que explican el 21% del sobrecosto y son principalmente municipales.

Hay un grave problema de cumplimiento. Solo el 47% de las barreras del ejecutivo con resolución firme había sido corregida al tercer trimestre de 2025. En 2025, el propio gobierno emitió un decreto ordenando la eliminación de barreras que no hayan sido impugnadas judicialmente. Sin embargo, este decreto no tuvo eficacia: de las 135 barreras que obligaba a corregir, solo 7 (5%) se corrigieron. De esas 7, 6 son de un mismo sector (salud).

Problema de rechazo formal. Una parte importante de las denuncias es rechazada formalmente: 23% en Lima y 41% en regiones. Además, el rechazo por forma supera al de fondo, sobre todo en regiones: 2.6 a 1 en Lima y 6.3 a 1 en regiones. Es decir, por cada denuncia declarada infundada, hay 6.3 rechazadas al inicio del procedimiento por temas formales. El registro no permite distinguir si ello se debe a menor acceso a asesoría de los denunciantes o a criterios de admisibilidad más estrictos fuera de Lima.

Existen investigaciones (con las que concordamos) que hablan de las ganancias de productividad para las empresas denunciantes (Schiffbauer, Sampi y Coronado, 2022). Sin embargo, el sistema no reduce la carga regulatoria más allá del impacto marginal, concentrado en esfuerzos puntuales de denunciantes. Esto es así por varios motivos: i) el alcance de Indecopi es solo a nivel reglamentario, pero no puede tocar normas con rango de ley; ii) las empresas o grupos de interés tienen incentivos ambiguos en torno a la regulación: el impulso normal es querer que la regulación sea una barrera para mis competidores pero no para mí, lo cual llevaría a denunciar barreras solo con efectos individuales o no denunciar barreras que puedo soportar pero mi competidor no; y, iii) Indecopi no tiene incentivos para reducir el aparato regulatorio, solo para mejorar sus indicadores, lo cual ha hecho.

¿Qué hacer?: Si lo que se quiere es eliminar regulación en serio, debe existir una comisión con el poder de eliminar normas de rango legal y que tenga un enfoque liberal (pro-mercado), no solo “técnico” que es indiferente o hasta amigable al crecimiento incesante del estado regulatorio, es decir, las personas vinculadas al programa “better regulation”, que hoy día dominan las discusiones acerca del RIA y calidad regulatoria en Europa, la mayoría de LatAm y Perú.

Acerca del autor

Oscar Sumar es Vicerrector Académico de la Universidad Científica del Sur (Lima) y doctor en Derecho (JSD) por la Universidad de California, Berkeley, donde es Fellow del Public Law & Policy Program. Su trabajo se concentra en calidad regulatoria, derecho constitucional y análisis económico del derecho. Integró la Comisión RIA (Regulatory Impact Assessment) del Ministerio de Justicia (2016-2017), que revisó, con apoyo de la cooperación alemana, las normas del Ejecutivo antes de su envío al Congreso, y dirige Regulación Racional desde 2016, organización dedicada a la calidad de la regulación en el Perú. Es autor de «Analizando el impacto de la regulación: hacia una visión pragmática» (Lima, 2018) y «Regulatory Countertrend» (Colombia y España, 2023), entre otros libros; además de decenas de artículos académicos publicados en revistas científicas de alto impacto.

Adicionalmente, escribe desde 2012 el blog «Menú Legal» del Diario Gestión, columnas de opinión en El Comercio y es colaborador habitual en los portales de Civitas Outlook (UT Austin) -bajo contrato- y del Independent Institute. Integra el comité consultivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía y el comité académico del Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo. Es conferencista, profesor e investigador a nivel local e internacional en diversas universidades: UC Berkeley, Torcuato di Tella (Argentina), Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Externado de Colombia, PUC Ecuador, PUC Madre y Maestra (República Dominicana), UEES (Ecuador), Universidad de Palermo (Argentina), Pace University, entre otras.