Nulidad de elecciones: entre el "fraudismo" y la "prueba diabólica"

En nuestras clases de Derecho muchos hemos escuchado acerca de la tendencia “pro-deudor” del Derecho peruano. Aprendimos que el Derecho no es neutral: descansa sobre valores y sesgos culturales. Que el acreedor tuviera la cuesta arriba para cobrar —por la carga de la prueba, restricciones en métodos de cobranza y límites a las penalidades— no era casualidad, sino parte de un diseño institucional que privilegiaba la “equidad” (mal entendida) por sobre la eficiencia y la justicia. La negativa a declarar la nulidad de las elecciones presidenciales en Perú nos dice algo similar sobre nuestro sistema legal. Ahora que el JNE ha declarado (avalado) el pase a segunda vuelta de Sánchez sobre López Aliaga, cabe una reflexión al respecto:

En 2016, en Austria, los votos por correo no fueron bien contabilizados: hubo poca transparencia y se quebraron reglas procedimentales. El Tribunal Constitucional decidió anular las elecciones. El estándar exigido no fue “fraude”, sino irregularidades públicamente conocidas con potencial —abstracto, no estadístico— de afectar el resultado de una elección reñida (los candidatos se separaban por unos 30k votos).

El paralelismo con el caso peruano es evidente. Los problemas en la votación —retrasos, mesas cerradas, votación diferida— afectaron a decenas de miles de personas en una elección resuelta a favor de Sánchez por apenas 20k votos. Además, el presidente del organismo electoral ha sido denunciado penalmente por el propio JNE ante sospechas de fraude.

Pese a todo, la autoridad optó por no actuar: ni el JNE, ni el Congreso, ni el TC —donde el caso aún no ha llegado—. Esto avala una elección irregular en la que existe certeza de que la voluntad popular no quedó fehacientemente representada, independientemente de si ello habría o no cambiado el resultado.

Lo que más preocupa, sin embargo, es la narrativa. Cualquiera que levantara la voz era tachado de conspiranoico, antidemocrático o mal perdedor. Periodistas como Rosa María Palacios llegaron a insinuar que las potenciales víctimas del fraude eran, en realidad, las perpetradoras de un sabotaje y “complot” contra las elecciones —versión que el propio ex presidente de la ONPE, Corvetto, suscribió, convirtiéndose para RMP en la verdadera víctima—. Esta corriente anti-denuncia beneficia estructuralmente a los potenciales perpetradores, del mismo modo que nuestras normas civiles incentivan el “perro muerto”.

Cabe otra lectura: más que cultura, estamos ante una operación mediática con intereses concretos. La narrativa, cuando ha convenido, ha sido la opuesta. Muchos recuerdan que Fujimori cometió fraude en 2000; pero si revisan la información de entonces, notarán que nadie alegaba que hubiera alterado votos en las mesas —que parece ser hoy la única definición admisible de fraude—, sino que controlaba la prensa e instituciones clave del Estado. El “fraude” de 2000 no fue avalado. La presión mediática y pública llevó al Congreso a una reforma constitucional que -al adelantar las elecciones presidenciales y del congreso-, en la práctica, significó anular las elecciones.

En 2026, el paralelo con 2000 es claro: un presidente cercano a Castillo y, por extensión, a Sánchez y la izquierda radical; un presidente de la ONPE afín a esa misma izquierda; una justicia influida por fiscales como José Domingo Pérez —hoy abiertamente partidario de izquierda y abogado de Castillo—; y periodistas y comentaristas como RMP, junto a ONGs y financistas del mismo signo. En 2000 se llamó “fraude estructural” y “fraude mediático”. En 2021 y 2026, teoría de la conspiración. El estándar en 2021 y 2026 es, por supuesto, mucho mayor: a diferencia de Perú en 2000 o Austria en 2016, en 2021 y 2026 se requiere probar la alteración sistemática de votos en las mesas; la intención fraudulenta; beneficios económicos de los perpetradores; y, que las alteraciones en los votos hubieran modificado los resultados (posición de los contendores) estadísticamente, asumiendo supuestos imposibles (como saber exactamente cuántas personas dejaron de votar por los retrados y el sentido de sus votos). En pocas palabras, en 2021 y 2026 se exigió una “prueba diabólica”.

En términos prácticos, permitir que una elección sea definida por irregularidades que podrían —o no— ser intencionales equivale a un golpe de estado en la medida en que subvierte las instituciones democráticas. Una cultura legal pro-formalista combinada con intereses de una izquierda que ha capturado porciones importantes del poder y de la narrativa nos conduce a ser permisivos con esto y, así, a garantizar que se repita. Si lo más básico de una democracia —las elecciones— no puede sostenerse, el Estado de derecho tampoco.