Votar en Perú: ¿personas o modelos?

Cada 5 años (o, últimamente, menos) los peruanos tenemos la difícil resposabilidad de elegir a un nuevo presidente y congresistas (ahora, diputados y senadores). Más allá de la dificultad de elegir entre decenas de personas que -la mayoría de veces- no tienen méritos suficientes para ser presidentes de ningún país, le sumamos la complejidad y desgracia de tener que elegir entre modelos. Es decir, cada 5 años miramos un precipicio y decidimos si saltar o no, en lugar de solo elegir algunas políticas más orientadas a un lado u otro, dentro de un espectro. Mi punto es que alcanzaremos la madurés como democracia cuando no tenegamos que elegir entre modelos en cada elección.

Entre los candidatos actuales, creo que deberíamos elegir uno que esté inclinado hacia la derecha en temas económicos y sea moderado en términos ideológicos “sociales” (ni muy conservador ni muy progresista, aunque preferiría a un conservador); y, que tenga experiencia gerenciando proyectos grandes y en sectores relevantes para la presidencia (educación, infraestructura, minería, finanzas, etc.). Un plus, sería que sea una persona con menos incentivos para robar y que comulgue con valores católicos, sin buscar imponerlos a los demás. En el escenario actual, resulta más o menos obvio que el que más se acerca a esto es Rafael López Aliaga. Pero este breve comentario no trata acerca de él, sino de la necesidad de confiar más en el modelo que en las personas, incluyéndolo.

¿Qué es el modelo?

El modelo está definido en nuestra constitución, pero también es -esencialmente- el consenso de una democracia liberal actual. En el ámbito económico, el modelo incluye:

- Respeto de la propiedad privada (lo cual implica también combatir de forma efectiva el crimen), incluyendo las consesiones para explotación de recursos naturales (destrabar proyectos).

- Apertura económica (incentivos y trato igual a la inversión local y extranjera).

- Estabilidad macro-económica.

- Equilibrio fiscal (gastar menos de lo que ingresa).

- Privilegiar la iniciativa privada sobre la pública (subsidariedad), tanto en términos empresariales como regulatorios.

En el ámbito social y político, implica el respeto a las instituciones, al equilibrio de poderes y a los derechos fundamentales. Adicionalmente, debemos tener programas enfocados y eficientes de ayuda social, ya que la solidariedad también es uno de los valores de la constitución. Finalmente, el estado debe incentivar -o directamente proveer, en caso sea un “bien público”- infraestructura que permita cerrar brechas y mejorar la competitividad.

Por supuesto, el rompimiento de estos principios básicos no depende solo de las elecciones. Por ejemplo, el equilibrio fiscal ha sido afectado por el Congreso y el Tribunal Constitucional, al darle iniciativa de gasto al Congreso. Sin embargo, las propuestas electorales se deberían mantener todas en estos márgenes, no deberíamos admitir propuestas  de “refundación” del estado o de “nueva constitución”, que no esté dentro de los canales regulares de modificación.

¿Cómo lograr el respeto al modelo?

Para empezar, el sistema actual necesita mejorar sus resultados, pero también necesitamos poder mostrar mejor los resultados que sí se han alcanzado. No debemos ser tímidos al hablar de la mejoría económica del país en las últimas décadas. Simultáneamente, es imperativo reducir los niveles de criminalidad y corrupción. 

Paralelamente, debe haber más y mejor redistribución, reduciendo la informalidad y mejorando los programas sociales. Actualmente, por ejemplo, se gastan 500 millones de soles anuales en universidades públicas (gratuitas para todos), cuando ese dinero podría ser usado para financiar a personas que no puedan pagar por educación. Además, se podría quitar exoneraciones de impuestos a universidades asociativas que son “exclusivas” (es decir, no son inclusivas con personas con menos recursos, tanto económicos como intelectuales (que -finalmente- es un subproducto de ventajas económicas generacionales). Estos “ajustes de tuercas” ayudarían a focalizar mejor la ayuda y a extenderla.

Finalmente, combatir la corrupción, el marcantililsmo y mejorar la competitividad del país (logrando más alternativas de bienes y servicios a mejores precios) depende de reducir la carga regulatoria -y reducir el “aparato público”- que hoy día afecta al país. Una economía menos regulada -en casi todos los ámbitos- nos permitiría crecer a mayores tasas, disminuyendo la pobreza y reduciendo brechas. La regulación es la política más siniestra que puede tener un país porque beneficia a los más ricos o a las corporaciones, pero es habituamente entendida como anti-empresa y pro-ciudadano, en una dinámica conocida como “Bootleggers and Baptists”.