Antauro libre: de lo formal a lo sustancial

Durante la campaña presidencial de 2021, Castillo aseguró que indultaría a Antauro Humala. Ya en el gobierno, en febrero de este año, el primer ministro Aníbal Torres, lo negó, incluso de forma burlona: “Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared y en ese momento voy a hacer que toda la policía se vaya a almorzar y pediré un taxi para que salga de prisión”. El mismo febrero, la entonces jefa del Inpe fue destituida, por supuestamente haber regresado a Fujimori a una “cárcel dorada”. En estos días, el Inpe, bajo una nueva dirección, ha ordenado la liberación de Antauro casi dos años antes de cumplir su condena en 2024.

Además de la gran suspicacia que genera esta decisión, que ha sido realizada por una institución que forma parte del poder ejecutivo; se ha cuestionado su legalidad, sobre todo desde aspectos formales: ¿se podía reducir la pena sin la participación de un juez?, ¿es posible para un condenado por secuestro?, ¿están bien contados los días? Todas preguntas válidas. Sin embargo, en este breve comentario me enfocaré en aspectos que considero sustantivos, pero no discrecionales o políticos, como algún experto ha dejado entrever.

Tal como ha resaltado nuestro Tribunal Constitucional en el caso Polay Campos, los beneficios penitenciarios no son derechos, pero su negación -y concesión- debe basarse en parámetros objetivos y razonables. A saber, los beneficios dependen del cumplimiento de requisitos formales, pero también de requisitos “de fondo”. Los requisitos formales son necesarios, pero no suficientes. El no cumplir con requisitos de fondo genera arbitrariedad que es, en sí misma, violatoria de derechos fundamentales, como pueden ser el derecho a la “reparación integral” de las víctimas o bienes jurídicos como la seguridad de todo el país. En relación con el beneficio de redención, entonces, no basta con que el interno realice trabajos o estudios, sino que se deben evaluar -por lo menos- tres aspectos: i) arrepentimiento por la comisión del delito; ii) reparación integral del daño, no solo el aspecto económico; iii) reinserción social o -en otras palabras- evaluar el peligro que supone el interno para la sociedad.

Con relación al primero punto, es claro que Antauro no está arrepentido. Una de sus primeras declaraciones públicas luego de ser liberado ha sido que “está muy orgulloso de lo que hizo”, es decir, orgulloso de secuestrar y matar policías. Esto está ligado a la reparación integral, que es imposible sin arrepentimiento. La reparación integral supone el propósito de enmienda. ¿Qué ha hecho Antauro para intentar reparar el daño causado a las familias de los policías muertos o aumentar la seguridad del país para que algo así no vuelva a ocurrir? Lejos de esto, él está orgulloso. Si acaso, su comportamiento ha sido desafiante -llamándose a si mismo “secuestrado del estado”- y ha profundizado en sus ideas extremistas y radicales, incluso escribiendo un libro al respecto titulado “De la guerra etnosanta a la iglesia Tawantinsuyana: la reivindicación de los “demonios” y el color insurgente de la fe”. Sobre el peligro que supone para la sociedad, se sabe que los grupos etnocaceristas siguen activos y la intención -reafirmada en las últimas semanas- del gobierno de “alzar” al pueblo en contra de “golpistas”, “poniéndolos de rodillas”. Estos “golpistas” no serían otros que ciudadanos o políticos de oposición, la prensa, el Congreso y la Fiscalía de la Nación, nada menos.

Como puede verse, más allá de la discusión acerca de formalidades -bastante discutibles- esta suerte de “indulto indirecto” -reducción de pena- que ha hecho el gobierno, no cumple con los requisitos de fondo -los más importantes- para que sea una liberación legal y constitucional. Más aún, se está liberando a un violento “revolucionario” secuestrador y homicida de policías, que cuenta con adeptos armados, en una época de convulsión social, con un gobierno que pretende aferrarse al poder mediante el uso de la fuerza. No solo eso, esta liberación se está haciendo en abierta contradicción con las propias declaraciones del gobierno. En este contexto, llama mucho la atención el silencio de supuestos demócratas y de instituciones internacionales que han sido muy rápidas en condenar y actuar frente a casos como el de Alberto Fujimori.